La barda que construyó el Ayuntamiento de Puebla en la Central de Abastos, y que costó 29 millones de pesos con fines de seguridad, fue derrumbada.
Un sector de los comerciantes se amparó contra su construcción y un juez concedió la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado en que estaban, por lo que el Ayuntamiento empezó a derribar una parte y generó la molestia de los comerciantes que se manifestaron el viernes y bloquearon de manera intermitente la Vía Corta a Santa Ana.
La barda que construyó el Ayuntamiento de Puebla se encuentra en la zona conocida como Báscula de la Central de Abasto y pretendía ser demolida desde el pasado jueves. Los integrantes del Consejo Administrativo impidieron la demolición y aseguraron que nunca fueron informados ni tomados en cuenta para resolver esta situación.
Como parte de su enojo al mediodía de este viernes bloquearon la Vía Corta a Santa Ana para tener una respuesta del gobierno municipal y estatal. El Ayuntamiento aseguró que no traicionó a los comerciantes, pero tuvo que cumplir el mandato del juez pues de no hacerlo iban a entrar en desacato.
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El Gobierno de Puebla debe negociar el proyecto de la ciclovía en la Calzada Zavaleta y concretarlo para dar orden a la zona, consideró el activista en movilidad, Armando Pliego; no obstante, la Secretaría de Infraestructura informó que el carril confinado es todavía una propuesta.
Los automovilistas se estacionan en extrema derecha y en las banquetas, lo cual es peligroso tanto para los vehículos como para las personas y ciclistas que deben bajar a la calle para seguir su trayecto.
"Zavaleta hoy es una vía donde es peligroso caminar y pedalear, entonces se necesita hacer una intervención para que ya no sea peligroso. (...) Zavaleta no se puede quedar como está invadida de coches en las banquetas, coches que se estacionan ilegalmente en la extrema derecha y es horrible para caminar y horrible para pedalear", comentó.
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El despojo en complicidad con servidores públicos tendrá castigos más severos en Puebla, de aprobarse una iniciativa del gobernador Alejandro Armenta para combatir el desalojo irregular de viviendas. La propuesta, turnada al Congreso local, busca endurecer las penas si el delito fue cometido contra adultos mayores, hay trámites simulados o interviene un notario.
El proyecto de reforma fue recibido por la Mesa Directiva del Poder Legislativo a fin de modificar el Código Penal local y añadir diversas agravantes al artículo 408 que castiga este crimen. De aprobarse la propuesta, aumentarán las penas si el despojo de un inmueble se comete en perjuicio de personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes o comunidades indígenas. De igual forma, si interviene un servidor público o se simulan actos de autoridad.
Cuando se utilicen documentos falsos o se inscriban actos simulados en el Registro Público de la Propiedad, habrá una condena mayor para los responsables. También se castigará a los notarios públicos si participan de manera dolosa para facilitar o encubrir el delito.
Según el gobierno estatal, la operación del Cártel del Despojo se conformó en la entidad a partir de siete casos documentados en la colonia Gobernadores, en el municipio de San Andrés Cholula, en julio de 2024.
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El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) informó que del 31 de enero al 6 de febrero se implementarán ajustes operativos en la planta Audi Puebla, los cuales incluyen trabajo en días de descanso con pago al 300 por ciento, así como capacitación y paros técnicos en algunos turnos. Estas acciones buscan reorganizar la operación sin afectar las prestaciones laborales.
De acuerdo con el calendario difundido, el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero el primer y segundo turno laborarán en áreas específicas como Prensas, Carrocerías, Montaje, Montaje Finish y Logística. Mientras tanto, el tercer turno tendrá actividades limitadas o permanecerá en paro técnico, conforme a la programación establecida por la empresa y el sindicato.
El lunes 2 de febrero se realizarán actividades en día de descanso en Montaje y Logística, mientras que el martes 3 se prevé operación parcial en el primer turno y trabajo normal para el segundo y tercer turno. El miércoles 4 y jueves 5 de febrero se contempla operación normal en los tres turnos. El viernes 6 el primer turno realizará labores parciales, en tanto que el resto del personal será asignado a capacitación o paro técnico, según corresponda.
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La diputada local del PAN, Susana Riestra, expresó su preocupación ante el argumento utilizado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosa Isela Sánchez, para justificar la ausencia de una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ciberasedio, al considerarlo “innecesario”.
Precisó que la falta de acción por parte de la CDH deja en estado vulnerable a la ciudadanía, especialmente en un contexto donde la legislación sobre ciberasedio ha sido cuestionada por su ambigüedad y por el riesgo a la libertad de expresión.
En este ejercicio, la diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara, criticó a la comisionada por incurrir en omisión ante casos relevantes como la Ley de Ciberasedio, que acumula cinco amparos por presunta inconstitucionalidad.
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