El homicidio del empresario Alberto Prieto y su hija en Zapopan puso en alerta al país por un esquema conocido como “rifas colombianas”, práctica denunciada en distintos estados, incluso Puebla, por su carácter fraudulento y coercitivo.
¿Cómo funcionan? Se presentan como supuestos sorteos o rifas.
Llegan jóvenes y mujeres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, son instruidas para vender boletos a comerciantes de mercados y Centrales de Abasto. El precio de los boletos no supera los 20 pesos. Los boletos prometen premios que van desde dinero en efectivo hasta automóviles.
En la mayoría de los casos, los premios nunca se entregan, lo que convierte la práctica en un fraude.
La mañana del 29 de diciembre pasado, un ataque armado en los límites de Guadalajara y Zapopan dejó sin vida a Prieto Valencia, conocido también como “El Prieto”, a su hija de 16 años y a uno de sus escoltas.
Alberto Prieto, de 57 años, originario de Veracruz, realizó una carrera como comerciante mayorista y fundador de Transportes Odal, empresa certificada bajo el estándar internacional C-TPAT impulsado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Su influencia en la distribución de granos y cereales lo posicionó como figura central en el Mercado de Abasto.
Esa mañana, viajaba en un Lamborghini Urus, custodiado por un equipo de escoltas privados, varios de ellos exmilitares.
La agresión ocurrió alrededor de las 10:20 horas, cuando al menos 30 personas armadas interceptaron el convoy de Prieto Valencia utilizando varios vehículos de gran tamaño, entre ellos una camioneta GMC Yukon, abandonada en el lugar. Los atacantes emplearon una táctica de bloqueo para cerrar el paso y atacar de manera directa al empresario y sus guardias.
Los escoltas respondieron, originando un enfrentamiento que abarcó al menos cuatro puntos distintos y que terminó con más de 200 casquillos percutidos.
Las rifas colombianas funcionan como sorteos ilegales organizados por redes integradas principalmente por colombianos, que operan en alianza con actores locales en mercados y centros de abasto. Estas redes han sido señaladas por cometer fraudes y extorsiones contra comerciantes, bajo esquemas que combinan la venta obligatoria de boletos y la amenaza de represalias para quienes se niegan a participar.
El boleto, que suele costar hasta 20 pesos, se ofrece de manera obligatoria a los comerciantes y locatarios, y en la práctica funciona como un recibo de pago de extorsión o derecho de piso. La venta de boletos está documentada al menos desde 2021.
Los premios, que van desde efectivo hasta autos y electrodomésticos, rara vez se entregan. Los organizadores, protegidos por el crimen organizado, acumulan grandes sumas y ocasionalmente otorgan premios menores para mantener el interés.
El sistema está directamente relacionado con los préstamos “gota a gota”, que se usa en municipios de la zona metropolitana de Puebla, una modalidad de usura en la que, además de pagar altos intereses diarios, los comerciantes endeudados son obligados a comprar los boletos.
En junio de 2024, la detención de Camilo Andrés, colombiano acusado de trata de personas y explotación laboral, reveló la estructura detrás de las rifas. Él lideraba la operación en el mercado y fue vinculado a proceso tras comprobarse que tenía a 18 personas sometidas a vender boletos bajo coacción.
En 2019, el vocero de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que la dependencia investigaba rifas organizadas por personas extranjeras en la Central de Abasto de la capital, que fueron intervenidas por el Instituto Nacional de Migración.
El Mercado de Abastos de Guadalajara cuenta con más de 20 mil trabajadores y una afluencia diaria de entre 60 mil y 70 mil clientes, según estimaciones oficiales. La plaza la convierte en un objetivo estratégico para extorsión y control territorial, históricamente bajo la influencia de cárteles locales como el Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Fiscalía de Jalisco reportó 18 denuncias por usura desde 2020, tres de ellas en 2025, y la apertura de dos carpetas de investigación por extorsión, con seis detenidos, cinco colombianos.
“Fue poquito después de la pandemia. Los colombianos empezaron con las rifas, los miembros del crimen organizado los protegían y los dejaban trabajar en el lugar a cambio de una parte de la ganancia de las rifas... Estaban trabajando con ‘la plaza’ y al que no pagaba se lo llevaban y lo tableaban”, señaló.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si “El Prieto” estaba involucrado en la operación de estas rifas o si, por el contrario, era uno de los comerciantes afectados por ellas.
La actividad ya había sido detectada en lugares como el Centro Histórico y la Central de Abastos de la Ciudad de México. En algunos puntos del país, Puebla entre ellos, comerciantes han denunciado que son obligados bajo amenazas a participar en estas rifas, lo que significa extorsión, delito recientemente señalado como grave en los Códigos Penales de la federación y los estados.
El caso de Zapopan generó hablar sobre la operación de estas prácticas ilegales y su posible vínculo con redes de la delincuencia organizada.
En Puebla, no es ajeno porque no hay mercados en la capital ni comercios informales que sus vendedores no estén sometidos a la extorsión de cobro de piso por los líderes tradicionales o por grupos delictivos como el Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana.
El caso de Jalisco es una grave advertencia.
De las anécdotas que se cuentan
En Puebla se han reportado numerosos casos de préstamos "gota a gota" operados por redes criminales, integradas por colombianos.
Las víctimas suelen ser pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, y las autoridades han realizado detenciones relacionadas con esta actividad.
Los prestamistas ofrecen créditos exprés sin aval ni requisitos formales, con la condición de pagos diarios y tasas de interés extremadamente altas, a veces hasta del 100%. Si las víctimas se retrasan en los pagos, comienzan las amenazas, la extorsión y la violencia, incluso contra sus familias.
Los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes son un blanco fácil, ya que no tienen acceso al sistema financiero formal.
Las autoridades han detenido a grupos implicados en estas redes de extorsión. En septiembre de 2022, cuatro colombianos fueron arrestados en la junta auxiliar Ignacio Zaragoza en posesión de drogas, y se les investigaba por extorsión mediante este esquema.
En 2025, el Congreso Local aprobó reformas para tipificar como delito grave el préstamo "gota a gota", con penas de hasta 18 años de cárcel si se implica violencia o se afecta a víctimas vulnerables, en un esfuerzo por desarticular las bandas de extorsionadores.
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