Robo de luz para criptomonedas

Nuevo Necaxa, sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es también sede de granjas ilegales de criptomonedas, como han señalado autoridades de seguridad de Puebla

En un extenso reportaje del periodista poblano Ernesto Aroche, publicado el lunes pasado en el diario El Universal se da cuenta que, en la sierra norte de Puebla, en el municipio de Juan Galindo, se encuentra la cuna de la industria eléctrica mexicana: la presa hidroeléctrica de Necaxa.

El periodista explica que, en la sede de la División Necaxa del SME, a 60 metros de la presidencia municipal de Juan Galindo, en el Campamento del kilómetro 153 y en la colonia Salto Chico “se instalaron equipos de cómputo especializado dedicados, día y noche, a resolver cálculos matemáticos y eventualmente extraer divisas virtuales”, según versiones de los pobladores

El caso más notable fue el instalado en la sede de la División Necaxa, una construcción de más de 5 mil metros cuadrados, de donde salía un intenso ronroneo que se escuchaba en varias cuadras a la redonda provocado por centenas de equipos de cómputo.

“En el costado izquierdo del inmueble, sobre la calle García Cubas, una gruesa conexión ilegal a la red del fluido eléctrico alimentaba los equipos, como aún se observa en el histórico de Google maps de mayo del 2024. Pero todo esto terminó en enero de 2025, cuando autoridades federales entraron a confiscar los equipos y cortar las conexiones”, explica el reportero.

La CFE no ha informado cuántos mega watts consumieron en ese lugar ni en otras ubicaciones del SME en Juan Galindo, pero un grupo de disidentes del sindicato lo calculan en decenas de millones de pesos.

“También pidieron al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) que se revisara el uso de los inmuebles que el SME recibió en comodato por parte del gobierno federal, pues al interior se estaban minando criptomonedas de manera ilegal. Una copia de esa denuncia también se le hizo llegar al ex fiscal (Gertz). La respuesta oficial ha sido el silencio”.

En junio pasado, Mario Benítez y Ricardo Arenas, integrantes del Frente Amplio de Unidad (FAU), un grupo de electricistas disidentes, se presentaron en la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar el huachicol eléctrico usado para minar criptomonedas dentro de instalaciones del SME en la sierra poblana, en el Estado de México e Hidalgo.

Acusaron a Martín Esparza, secretario general del SME; Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior; Román Olvera García, subsecretario de la División Necaxa; y Miguel Márquez Ríos, secretario del Fomento a la Salud, además diputado local en Puebla del Partido Verde.

Los acusan penalmente de “asociación delictuosa, robo de energía eléctrica, despojo de aguas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten, cometidos en agravio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Estado Mexicano”.

“Las conexiones eléctricas que suministran energía a las granjas de criptomonedas encontradas en diversas instalaciones del SME resultan ilegales, ya que la CFE no ha otorgado al sindicato ninguna concesión, permiso o autorización para llevar a cabo la explotación del recurso, por lo que, puede oponerse que la representación sindical ha hecho uso y aprovechamiento indebido e ilegal de un bien nacional estratégico”.

Hasta el momento, según Mario Benítez, no tienen noticia de personas detenidas o algún avance en la investigación.

“El gobierno federal les entregó 14 plantas generadoras de energía y 40 inmuebles al SME como parte de los acuerdos para subsanar la decisión de Felipe Calderón de eliminar LyFC. ¿Qué ha ocurrido con esos bienes nacionales y esas generadoras? Pues que están siendo usadas para generar criptomonedas”, lo cual es un ejercicio ilegal que sólo beneficia al crimen organizado.

“Fue un robo impresionante. En un documento que la Comisión les dejó en las instalaciones de El Oro (municipio del Estado de México) estimaron el uso de casi 6 millones de kilowatts en un bimestre. ¡Un bimestre! Y eso son 16.6 millones de pesos. Allá en Necaxa fue más de un año de extracción de energía eléctrica”, explicaron.

La CFE se ha resistido a dar información al respecto. El monto de la extracción ilegal de energía eléctrica dentro de las instalaciones del SME lo consideró información clasificada como reservada, según un par de respuestas a solicitudes de información.

“El 28 de mayo del 2025 personal de la CFE llevó a cabo una revisión periódica (...) en la que se encontró la instalación eléctrica del inmueble (...) conectada sin autorización y sin un sistema de medición. (...) Se consideró que la energía eléctrica consumida y no facturada en el periodo 22 de febrero a 23 de abril del 2025 fue de 5.9 millones de kilowatt-hora. (...) se determinó que el importe a pagar por la energía consumida indebidamente asciende a 16.6 millones de pesos”, explican.

En enero de 2020, el director de la división CFE Distribución, Guillermo Nevárez Elizondo, dio a conocer que las “pérdidas no técnicas” de la empresa son responsabilidad de la delincuencia organizada, los asentamientos irregulares, la resistencia civil y las fallas en mediciones y procesos.

Y los datos van al alza según la documentación que la CFE entregó por transparencia. Mientras que en 2019 hubo un registro de 32.6 millones de pesos, en 2024 creció a 40.2 millones, y hasta agosto de 2025 ya se habían alcanzado los 40.9 millones.

“Aprovecharon la mano de obra especializada, y que en Necaxa y Huauchinango no hay pago del consumo de energía eléctrica, una estrategia que se usó como mecanismo de presión en el conflicto del SME con el gobierno federal”.

Hay dos condiciones necesarias para que el minado de criptomoneda resulte un buen negocio, que el consumo de energía eléctrica sea barato y que tengas a la mano suficiente agua que alimente a los sistemas de enfriamiento para los equipos de cómputo que no impliquen grandes costos; ambas condiciones se concentran en Juan Galindo, una población con pago cero de energía eléctrica y la presa Necaxa con sus millones de litros de agua a disposición, explican Mario Benítez y Ricardo Arenas en su denuncia de junio de este año.

En abril, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, dio a conocer que se habían desmantelado granjas de criptomonedas en el municipio de Juan Galindo, pero dijo que no podía confirmar en ese momento si el SME era el responsable: “eso es parte de las investigaciones. Cuando tengamos una conclusión se les informará”.

Para que las operaciones de minado de criptomoneda sean exitosas “se requieren equipos de cómputo bastante poderosos, porque se utilizan elementos técnicos como el cifrado, como la transferencia de datos, el registro de información y que, por el volumen y, por cómo están diseñados, que son transacciones u operaciones bastante pesadas”, sostiene en entrevista Paúl Aguilar, especialista en seguridad digital de la organización SocialTic.

El minado es básicamente la realización de operaciones matemáticas dentro de los sistemas digitales en los que viven las monedas que al resolverse ofrecen como recompensa una fracción de la moneda virtual, hasta que eventualmente se logra acuñar una completa.

El costo del minado es variable, explica el especialista, depende del número de equipos trabajando y su potencia, “pero tengo por ahí un dato en el que generar, por ejemplo, el equivalente a unos dos dólares en criptomoneda tiene un costo de unos 20 mil pesos mexicanos, lo cual es bastante desproporcionado, pero eso tiene que ver justamente por la inversión en el equipo de cómputo, la parte de consumo eléctrico y todo lo que le vas añadiendo ahí”.

El reportero contactó a la dirigencia del SME vía redes sociales, pero tampoco hubo respuesta a la solicitud para conocer la postura sindical.

El SME se declara sindicato de izquierda, pero está produciendo criptomonedas para ´proteger el patrimonio del crimen organizado, si esto es así la Sierra Norte de Puebla colapsara porque mucho del capital que impulsa la agroindustria y sectores laborales tienen como origen las tropelías del Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy bajo sospecha y complicidad también con el régimen.

Si se aplica la ley caerán, no tienen duda de ellos los habitantes de Nuevo Necaxa.

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