Robo de agua, un negocio millonario

Lo que ahora se conoce como “aguachicoleo” es un delito más presente en el país afecta a grandes ciudades y a municipios pequeños, Puebla metropolitana y el Valle de México no son la excepción, pronto será un delito cuando se apruebe esta semana en el Senado la nueva Ley General de Aguas en México.

En un amplio reportaje publicado el sábado pasado en Milenio se dan a conocer datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que “exhiben que en la entidad poblana existe la sustracción ilegal de agua, la cual en muchas ocasiones se comercializa para alimentar el negocio de piperos, locatarios y vecinos.

“Al corte del tercer trimestre del año en curso, la Conagua ha realizado 55 inspecciones en la entidad poblana, las cuales se han llevado a cabo en diferentes demarcaciones”. Sólo que la información de la Conagua no da mayores detalles si hay sanciones en contra de personas por algún tipo de ilícito relacionado con la extracción ilegal o mal manejo de las aguas nacionales.

La iniciativa de la nueva Ley General de Aguas en México pretende priorizar el derecho humano al agua, su uso doméstico y ambiental, y establecer una gestión más pública y comunitaria.

Las principales propuestas incluyen prohibir la comercialización del agua, crear un Registro Nacional del Agua, endurecer sanciones y tipificar delitos hídricos, así como garantizar un mínimo de agua para el consumo doméstico. La iniciativa generó críticas del sector agrícola, que argumenta que criminaliza a los productores.

Se prioriza el acceso suficiente, salubre y asequible para consumo personal y doméstico, prohibiendo la suspensión total del suministro por falta de pago. Pretende eliminar la compraventa de concesiones entre privados y se establece que la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria.

Se crea un registro para transparentar y dar certeza jurídica a las concesiones. Se endurecen las sanciones administrativas y se tipifican como delitos hídricos la explotación ilegal, el desvío de cauces y la corrupción, con penas que irían de uno a diez años de prisión.

Además, exige la inclusión de políticas con perspectiva de género y atención a pueblos indígenas, así como la ampliación de mecanismos de participación ciudadana y consulta. Considera lineamientos nacionales para la instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia en edificaciones y se crea para reasignar estratégicamente los volúmenes de agua recuperados, priorizando el derecho humano al agua.

Hay sectores, como los agricultores que expresan preocupación de que las nuevas sanciones penalicen a quienes cometen ilícitos en la gestión del agua de uso agrícola. Productores y consultores agrícolas consideran que la iniciativa podría convertir a la Conagua en una instancia de represión, tratando a los usuarios como delincuentes.

En el caso de Puebla, la información de Conagua, publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la entidad se colocó como la quinta con más pozos clandestinos durante 2024.

Tehuacán fue la región con más pozos clandestinos al contabilizarse cuatro, mientras que, en Puebla, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Quecholac, San Andrés Cholula y San Miguel Xoxtla se encontraron dos en cada uno de los municipios. La Conagua también contabilizó un caso de sustracción ilegal de agua por cada uno de estos municipios: Chinantla, San Pedro Cholula, Tepanco de López y Zacapala.

Un caso relevante es el robo de agua en la capital, el reportaje de Milenio consigna que “la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” no sólo es el grupo con más poder en el comercio informal de Puebla, sino también es la causante de que la ciudad pierda más de 854 millones de litros anuales mediante una red de aguachicol.

“Milenio tuvo acceso a la comparecencia que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) presentó ante la Comisión de Hacienda del Congreso local el pasado 20 de octubre, en la que el titular, Gustavo Gaytán Alcaraz, acusó que la agrupación es la responsable de dejar sin agua a por lo menos cinco colonias de la capital.

“El documento exhibe que la “28 de Octubre” usa los mercados Hidalgo y Zaragoza como fachada para obtener el recurso hídrico de manera ilegal, pues lejos de conectarse al sistema de la empresa que lo distribuye en la mayor parte del municipio, Agua de Puebla, se lo roba.

“En ambos inmuebles, las acciones de la UPVA, liderada por Rubén Sarabia “Simitrio”, se traducen en pérdidas de 79 mil litros de agua cada hora, 2.3 millones por día, 71 millones 238 mil litros al mes y 854 millones 856 mil litros al año, casi ocho veces el tamaño de la laguna de San Baltazar, que capta un máximo de hasta 106.8 millones de litros en su interior”, explica el reportaje.

La extracción ilegal de agua por parte de la UPVA en los mercados Hidalgo y Zaragoza provoca un abastecimiento intermitente a las colonias aledañas, donde viviendas y negocios se ven obligados a contratar pipas para contar con el recurso.

El mercado Zaragoza, en la Calzada del mismo nombre, es el centro con más aguachicol, puesto que se extraen 41 millones 439 mil litros de agua al mes, de los cuales 80 por ciento es proveniente de los pozos de las colonias Tepeyac, Adolfo López Mateos y Los Pinos.

Soapap explicó a los diputados poblanos que, mientras los vecinos pagan sus recibos mes con mes para obtener el servicio, a unos metros se apropian ilegalmente de casi 33 millones de litros.

Al interior del mercado hay un pozo clandestino que extrae otros 8 millones 514 mil litros de agua, el cual se mantiene en funcionamiento pese a las advertencias giradas por la Conagua, la única con facultades para aplicar sanciones mediante la nueva Ley de Aguas Nacionales.

Ahora, el “aguachicoleo” es un negocio millonario al que harán frente con una legislación que le da más “dientes” a la Comisión y Puebla, estado y zona metropolitana, son de las cinco regiones del país donde se comete el delito con más frecuencia.

Un robo de millones de pesos que a los que más afecta es a los pobres.

De las anécdotas que se cuentan

El Congreso mexicano pretende aprobar antes del 15 de diciembre una nueva legislación para el agua en el país. Promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, esta propuesta ha creado un nuevo punto de conflicto entre las organizaciones agrícolas y ganaderas y el gobierno federal.

El núcleo del conflicto recae en que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser transmitidas entre particulares, teniendo que volver al Estado para que la Conagua las pueda reasignar.

La justificación para esta prohibición es acabar con el mercado ilegal de concesiones de agua que se ha creado en el país. De acuerdo con los campesinos entrevistados por El País, esto les imposibilitará heredar o vender sus tierras, ya que sin el permiso para uso del agua no tienen valor.
Los campesinos hoy protestarán bloqueando las carreteras del país.

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*ARD