La dura ley vs. Salinas Pliego

Este mes se podría conocer el retiro de las concesiones federales, televisión y banco, a Ricardo Salinas Pliego.

Bajo el criterio de que “La ley sí es la ley” las autoridades federales aplicaron en días pasado la Ley Olimpia para irrumpir en las instalaciones del diario Reforma y TV Azteca. La regulación es un conjunto de reformas que penaliza la difusión no consentida de material íntimo sexual a través de medios digitales.

No fue acto íntimo, pero si público, el “delito” que dio causa a las “inspecciones” de la Secretaría del Trabajo. Fue el acoso que con tintes sexuales sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum el martes 4 de noviembre.

Parece un acto de censura a la publicación de información de interés público. Son medios que desde el inicio de la gestión se han destacado por sus críticas a las acciones del actual gobierno federal.

TV Azteca desde el sexenio pasado estaba en la mira de López Obrador, y ahora de la presidenta Sheinbaum, por su posición crítica y los montos que pretenden cobrarle por sus créditos fiscales al presidente del consorcio, Ricardo Salinas Pliego…

Mañana jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sancionará a la empresa para obligarla a pagar miles de millones de pesos, que asegura el SAT le adeuda y con juicios de amparo a evitado el empresario hacerlo.

Posteriormente le retirarán las concesiones de TV Azteca y Banco Azteca de las cuales es socio mayoritario.

Así para la Cuarta Transformación, “La Ley es la Ley”.

De las anécdotas que se cuentan La mañana del lunes, muy temprano, se intensificaron las llamadas a los celulares del equipo de primer nivel del gobernador Alejandro Armenta.

No era para menos, los periodistas Valentín Varillas y Alejandro Mondragón publicaron en su plataforma Status una nota con datos duros de una lista de exfuncionarios y algunos en funciones aún cercanos a los dos últimos gobiernos y de la gestión actual, además de los nombres de ediles y alcaldesas, vinculados a Morena “que son investigados por incurrir en presuntas irregularidades”.

Explicaron que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado elaboran los pliegos de cargos para fincar posibles responsabilidades administrativas y penales.

El gobernador Armenta dejó en claro que sin importar cercanía ni colores partidistas se procederá contra quienes hayan cometidos anomalías. “Morena no será escudo de nadie”, puntualizó, después de la sanción millonaria y la inhabilitación de la exsecretaria de Finanzas” de Barbosa, María Teresa Castro y Corro.

En la lista “con expediente abierto en su contra”: entre otros están Josefina Morales Guerrero, actual titular de Planeación, Finanzas y Administración; María Isabel Merlo, extitular de SEP; Julio Miguel Huerta, exsecretario de Gobernación y diputado local de Morena; Verónica Vélez Macuil, ex coordinadora de Comunicación y Agenda Digital con Barbosa.

Además: Narciso Cázares, ex subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial del Estado; Javier Aquino Limón, exsecretario de Gobernación con Sergio Salomón, y extitular del Bienestar con Alejandro Armenta, hoy delegado federal de Infraestructura, y Jesús Aquino Limón, ex subsecretario de Infraestructura.

La lista es más larga y anotan a cercanos a Céspedes como: Carlos Humberto Reyes, ex particular de Sergio Salomón y jefe de Oficina del Instituto Nacional de Migración; Patricia Leal Islas, ex asesora del gobernador, exsenadora y excontralora; el contratista Francisco Juárez. Jonathan Ávalos, exconsejero Jurídico y exmagistrado; Eugenio Mora, exjefe de la Oficina de Salomón y Venus Montes, subsecretaria de Planeación en Finanzas.

También Status presentó la lista de ex ediles y alcaldesas que observan irregularidades en el manejo de recursos, algunos: Carlos Barragán de Xicotepec; Beatriz Sánchez Galindo de Zacatlán; Severiano de la Rosa de Amozoc; José Méndez de Chalchicomula; Julián Alfredo Velázquez de Tepeaca; José Cinto Bernal de Juan C. Bonilla; Guadalupe Lucero Bárcenas de Acatlán; Juan Rivera de Chignahuapan; Humberto Bolaños de Tepexi; y Roberto Solís de Huejotzingo.

La pregunta a los armentistas siempre fue si él o ella estaban en la lista difundida, no se conocen las respuestas exactas, algunos sonrieron y otros se preocuparon.

Hasta ahora, los expedientes existen, pero aún no están judicializados porque continúan las investigaciones.

Cabe una duda: ¿en la cena del gobernador Armenta y el exgobernador Céspedes se tocó el tema?, porque la investigación no empezó el pasado lunes.

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