El tema de la Fundación Jenkins y sus recursos volvió a la escena política nacional, cuando todo indica que es un caso juzgado.
Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar las cuentas de la Fundación, con sede en Puebla, tras señalamientos por lavado de dinero, el Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que desde hace seis meses recibieron la instrucción del gobernador Alejandro Armenta de investigar el paradero de 700 millones de dólares.
"Hay un señalamiento sobre este fideicomiso de la fundación Jenkins, con el patrimonio que se contaba con alrededor de 14 mil millones de pesos y hay un señalamiento de una transferencia o traslado de fondos a paraísos fiscales, ya tiene cerca de seis meses que el gobernador instruyó hacer las investigaciones. Está la consejería del Estado de Puebla haciendo este análisis", declaró.
La presidenta Sheinbaum anunció que solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera revisar las cuentas de la Fundación Jenkins, tras la pregunta de una reportera.
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En un comunicado oficial, “la Fiscalía informa que servidores públicos de las Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos de Alta Incidencia y de Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados, renunciaron a sus cargos, sin embargo, esta institución procuradora de justicia ha iniciado la indagatoria correspondiente sobre hechos referidos en notas periodísticas.
“Sobre el particular, es importante mencionar que, hasta el momento, no se ha recibido ninguna denuncia formal por parte de algún agraviado o agraviada. La Fiscalía General del Estado exhorta a que en caso de existir algún señalamiento en contra de estos servidores públicos o de algún otro funcionario o funcionaria de la institución, se presenten las denuncias correspondientes”, señala el boletín donde se reconoce que quedaron fuera los abogados del Estado de México.
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La caseta de Atlixco será reubicada en el kilómetro 9+160 de la carretera federal Atlixco-Puebla y el proyecto tendrá una duración de 18 meses. El coordinador del gabinete, José Luis García Parra, anunció que este proyecto se realiza en coordinación con la empresa concesionaria Pinfra.
La caseta de Atlixco ahora se ubicará a la altura del segundo puente de Cascatta y se tendrá una ampliación de 14 a 20 carriles, 10 por sentido. "Este proyecto de nueva ubicación de la caseta, se desarrollará dentro del derecho de vía que son 60 metros. Es decir, no afectaremos otros predios”.
Añadió que de Atlixco a Puebla se tendrá una salida para incorporarse a las laterales de Lomas de Angelópolis que será exclusivo para telepeaje. Y en el sentido de Puebla a Atlixco, se contará con una entrada para incorporarse a la lateral a la autopista y también se instalará un punto destinado a la Secretaría de Seguridad Pública.
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La diputada priista, Delfina Pozos, y el diputado panista, Rafael Micalco, pidieron en la Comisión de Seguridad que el alcalde del partido del Trabajo, Manuel Alejandro Porras Florentino, comparezca ante el Congreso local para explicar los niveles de inseguridad que derivaron en el asesinato de tres policías en el municipio de San Salvador Huixcolotla, que preside.
La congresista acusó que la estrategia de seguridad en la entidad y el país “está fallando”, al señalar la forma en que el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en pleno acto masivo donde había familias reunidas, y cómo en Huixcolotla los tres uniformados fueron emboscados.
Por su parte, el panista Rafael Micalco secundó la petición de su compañera para que el edil Manuel Alejandro Porras comparezca, especialmente porque la zona de Huixcolotla se considera un punto rojo en materia de seguridad.
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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un plan de paz y justicia que se llevará a cabo en el estado de Michoacán. Esta acción se da tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre en el centro del municipio.
Frente a esta situación, presentaba una propuesta, pues la indignación y el dolor por el asesinato del alcalde de Uruapan dolió no sólo a su familia, sino a todo Michoacán y el país, por lo que anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
De acuerdo con el anuncio presidencial, a partir de ayer, habló con su gabinete para llevar a cabo la división de tareas y la escucha a las comunidades, así como a las autoridades tradicionales, las iglesias, los sectores productivos y sociales “para fortalecer el plan con su mirada y experiencia para presentarla (la iniciativa) en los próximos días”.
Sobre la educación y la cultura de paz, la presidenta informó la creación de escuelas de cultura de paz, programas de reinserción y atención de víctimas, mesas de diálogo, becas para ayuda a jóvenes universitarios, deporte comunitario y centros de alto rendimiento local, centros de cultura y memoria, así como el programa de arte y territorio.
*ARD
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