No habrá concesiones ni impunidad para ex funcionarios que incurrieron en desviación de recursos o gastos ilegales en su gestión.
Diputados sesionarán a principios de octubre y darán a conocer si la ex titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, es sujeta a una sanción administrativa o si se iniciará en su contra un recurso judicial por la adquisición de una camioneta blindada de 2.8 millones de pesos.
La diputada Norma Estela Pimentel señaló que el encargado de despacho de la ASE, Fidel Teomitzi Sánchez, será quien informe a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior el Congreso, la resolución del análisis que mantienen hacia Amanda Gómez.
La representante del Verde expuso que Amanda Gómez, en caso de encontrarse responsable del uso incorrecto del monto millonario, tendría que enfrentar una acción jurídica por la gravedad de sus faltas. Además de la camioneta blindado tuvo gastos por casi un millón de pesos en alimentos.
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La panista Lupita Leal tramitó una impugnación contra los resultados de la elección de Acción Nacional en el municipio de Puebla. La demandante exige anular el triunfo del exregidor Manuel Herrera, quien ganó la presidencia del Comité Municipal.
Tras denunciar irregularidades, incluso antes de la jornada, la panista presentó una demanda en el Tribunal Electoral del Estado (TEEP). El recurso fue enviado a la Comisión Estatal de Procesos Electorales (CEPE) del PAN, para que se desahogue de manera interna.
“Embarazo de urnas” acusó la planilla de Leal Rodríguez, pues los votos totales superan el número de militantes inscritos en la asamblea. Según sus observadores acreditados, había mil 218 personas registradas para votar y la participación alcanzó los mil 767 sufragios.
Denunció que dos personas votaron sin credencial vigente y también cuestionó que la lectura de los resultados se realizó sin el quórum necesario, pues después de acudir a las urnas los militantes vaciaron el Salón Country Club y al final no había más de 100 personas en la reunión.
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Tres sujetos involucrados con el asesinato del hombre cuyo cuerpo fue abandonado en un tambo de plástico en las inmediaciones del mercado 5 de Mayo fueron detenidos por agentes ministeriales de la Fiscalía. Con las investigaciones también se descubrió que el crimen, al parecer, se cometió en un inmueble ubicado en el centro de la ciudad de Puebla.
Ayer, la procuradora de Justicia informó que los arrestos y el aseguramiento de indicios clave tras las investigaciones iniciadas por el hecho ocurrido el día 24 de agosto en la 18 Poniente del barrio de San Antonio.
El conductor del vehículo en el que fue trasladado el cadáver fue presentado ante la FGE; además hay otros dos sospechosos asegurados, que tenían la camioneta de la víctima El hallazgo del cuerpo se trató del tercero en tan solo 72 horas, en la misma zona.
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La Fiscalía de Puebla confirmó la detención de un hombre relacionado con el abandono del cuerpo de Wilivaldo Chavarría, comerciante cuyo cadáver fue hallado el pasado 15 de septiembre en el barrio de Analco. El detenido es señalado como el conductor de la camioneta en la que fue trasladado el cuerpo. Durante su declaración, afirmó trabajar con una comerciante del Mercado Morelos. Sin embargo, aseguró que en esta ocasión fue contratado por desconocidos y que ignoraba lo que transportaba.
A través de revisiones de cámaras de vigilancia, las autoridades ubicaron la unidad en la zona del bulevar 5 de Mayo y la 5 Oriente, frente a la estación de la RUTA Línea 3. Posteriormente, dos sospechosos más fueron detenidos en Guerrero, en posesión de la camioneta propiedad del comerciante.
El cuerpo de la víctima fue abandonado junto con dos cartulinas de advertencia dirigidas a líderes sociales y grupos de narcomenudeo, firmadas por la Familia Michoacana.
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El secretario de Seguridad, Francisco Sánchez, confirmó la localización de la última persona de las 12 desaparecidas en Amozoc. Se trata de un individuo señalado como quien reclutaba a hombres y mujeres bajo la promesa de empleo, pero en realidad buscaba someterlos a un entrenamiento con fines delictivos.
El funcionario detalló que este sujeto habría reunido a 10 hombres y una mujer, quienes permanecieron desaparecidos por varias semanas. Aunque ya fue ubicado, las autoridades aún no han concretado su detención formal, lo que mantiene abiertas las investigaciones.
El 8 de septiembre, la Fiscalía informó sobre la liberación de 11 personas privadas de su libertad, gracias a un operativo realizado en conjunto con otras corporaciones. En esa ocasión, se destacó que la presión ejercida por las fuerzas de seguridad obligó a los captores a liberar a las víctimas.
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La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) planteó realizar ataques militares en México contra cárteles, incluidos asesinatos selectivos de líderes y golpes a infraestructura, pero la propuesta tuvo la negativa de la Casa Blanca y del Pentágono, según reveló The Washington Post.
De acuerdo con el diario, funcionarios de la DEA llegaron a sugerir que, con la declaración de terroristas, se podía justificar una acción militar contra los cárteles, estableciendo paralelismos con ataques antiterroristas. Sin embargo, funcionarios del Pentágono recalcaron que esa clasificación no otorga autoridad legal para el uso de la fuerza.
El Post indica que la insistencia de la DEA parecía buscar un espacio de influencia en la redefinición de la política exterior. No obstante, la falta de marco legal y los riesgos de provocar muertes de ciudadanos estadounidenses llevaron a frenar la propuesta.
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