La crisis de los desaparecidos

El viernes pasado por la tarde, el gobernador Alejandro Armenta encabezó con urgencia una “mesa de crisis” por el tema de los desaparecidos de Amozoc.

Después de tres semanas de que sus familiares y amigos desconocen donde se encuentran once hombres de esa población, entre ellos un menor de edad. Sus familiares se manifestaron el viernes frente a la presidencia municipal para exigir a las autoridades estatales y municipales que intensifiquen las investigaciones y den con su paradero.

Con pancartas en las que se leía “Tu familia te espera”, “La búsqueda se mantiene” y “Detrás de cada rostro hay una historia”, madres, padres, hermanos y parejas hicieron un llamado al gobierno estatal para que actúe con rapidez, pues temen que los jóvenes estén en manos de la delincuencia organizada.

Los desaparecidos fueron enganchados con ofertas laborales que les prometían salarios elevados y algunos fueron citados en el municipio de Tepeaca para viajar a Jalisco.

Derivado de la mesa de crisis del gobierno local, el sábado se desplegó un estado de fuerza de 197 elementos de diferentes corporaciones federales, estatales y municipales, la Fiscalía de Puebla, con apoyo de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, secretaría de Seguridad Pública del Estado y Policía Municipal, participaron desde el sábado en un operativo en Amozoc, con el objetivo de localizar a las 11 personas reportadas como desaparecidas.

El titular de la Agencia Estatal de Investigación, Jorge Cobián Esperón, destacó que por instrucciones de la Fiscal Idamis Pastor y con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, se realizan patrullajes en la zonas urbanas y serranas del municipio, así como en la carretera federal, en la autopista y en toda la región, a fin de recabar información útil que conduzca a la localización de estas personas.

La Fiscalía informó ayer domingo que como resultado de un operativo interinstitucional realizado por tierra y aire en Amozoc, orientado a la localización de personas reportadas como desaparecidas, se logró la detención de 11 personas, el aseguramiento de inmuebles y diversos indicios relevantes, incluyendo armas de fuego, narcóticos y un vehículo.

El dispositivo fue desplegado tras denuncias realizadas en los últimos tres días ante la Fiscalía, correspondientes a desapariciones ocurridas a principios de agosto.

Usuarios en redes sociales han denunciado que en el pasado fueron víctimas de un esquema similar en el que a través de supuestas bolsas de trabajo se ofrecían empleos como guardias de seguridad con sueldos superiores a 10 mil pesos.

Las víctimas desaparecidas fueron identificadas como: Alfredo De los Santos Quintero, Misael Romero Sombrero, César Eduardo González Alvarado, de 17 años, con Alerta AMBER activa, Kevin Etienn Pérez, Sergio Arturo Colula Hilario, Concepción Gilberto Pizarro Juárez, y Emmanuel Sánchez Romero

Fuentes cercanas a las familias mencionaron que los jóvenes habrían sido reclutados por dos hombres vinculados a sujetos conocidos como ‘El Mono’ y ‘El Caras’, quienes les ofrecieron empleo en Jalisco. Algunos alcanzaron a decir a sus familiares que saldrían de viaje por tres días, pero ya no regresaron.

En el Zócalo de Amozoc se instaló el viernes una carpa con sillas, mesas y agua que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla para que atendiera a cada familiar, realizando entrevistas especializadas que ayudaran las labores de búsqueda.

No sólo por la desaparición es importante la intervención del gobierno poblano, sino porque en este reclutamiento de personal para los carteles, como el Jalisco Nuevo Generación, confirman que están interviniendo activamente en Puebla en diversos delitos, pero ahora desaparecen a jóvenes para que se integren a sus sicarios.

El poder de los cárteles mexicanos está desplegado en toda la República y a pesar de los constantes operativos de las diversas dependencias de Seguridad, la Defensa Nacional, la Mariana y la Guardia Nacional actúan impunemente y cumplen sus objetivos, en este caso el reclutamiento de jóvenes poblanos atraídos por un trabajo y un salario que no encuentran en su municipio de origen ni en la región incluida la ciudad de Puebla.

Las “mesas de crisis” encabezadas por el gobernador tienen por delante enormes y graves retos,

De las anécdotas que se cuentan

El tema de la inseguridad en Puebla empieza a tomar rasgos de gravedad ante una sociedad que siente que en cualquier momento puede ser víctima del crimen organizado.

Agobiados por los altos índices de inseguridad que enfrenta el estado, empresarios, rectores de universidades privadas y representantes de la iglesia cerraron filas el jueves pasado para exigir a las autoridades que dejen las buenas intenciones y pasen a las acciones concretas.

Señalaron que no dejarán toda la responsabilidad en sus manos y se comprometieron a impulsar la iniciativa “Ruta para la Paz”, que propone un Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, un Centro de Datos sobre Incidencia Delictiva y medidas para fortalecer a los cuerpos policiales, con el fin de construir un estado más seguro y pacífico.

Participaron 35 líderes de todos los sectores, coincidieron en que la delincuencia se ha convertido en un problema insostenible, marcado por robos a mano armada, extorsiones, corrupción y homicidios, como el asesinato del dueño de Joyerías London, Efrén Ramírez Maldonado.

Juan José Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, detalló que en los últimos dos meses se han registrado al menos seis asaltos a mano armada en los establecimientos de su sector.

En representación de la Iglesia, asistió el padre Rutilio Romero Pérez, representante del Arzobispo de Puebla, lo que generó un carácter amplio y plural del frente que demanda mejorar la seguridad en la entidad.

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*ARD