Denuncias, seguridad y política: Puebla en el centro de la controversia

Verdaderos extorsionadores cobran como funcionarios públicos y por ello se presentaron demandas penales.

El gobernador Alejandro Armenta señaló que trabajadores del Registro Público de la Propiedad cobran para agilizar trámites que, en realidad, deben entregarse al día siguiente. Ante esto, se presentaron denuncias ante la Fiscalía del Estado.

Reiteró que en su administración no se permitirán actos de corrupción, señaló que detectaron a personal del Registro Público que solicitaba a la ciudadanía hasta 10 mil pesos a cambio de darle celeridad a sus trámites.

El modo de operar es el siguiente: los trabajadores les informaban a los usuarios que sus documentos estarían listos en tres o cuatro meses, cuando en realidad salen en un día.

Para evitar la espera, los funcionarios les pedían un pago extra de entre cinco hasta 10 mil pesos para “acelerar” el proceso. Aunque no reveló la cantidad de “extorsionadores”, Armenta insistió en que los casos ya están en manos de la FGE y advirtió que no habrá contemplaciones para quienes traicionen la confianza pública.

La presidenta del Congreso Local, Laura Artemisa García, anunció que la llamada Ley Chaleco podría tener modificaciones, a fin de que los motociclistas sean obligados a sólo portar el número de placa en sus cascos y no en el chaleco.

Hoy, los diputados recibirán a un club de motociclistas y repartidores para continuar con la modificación de la reforma, con la que planea cambiar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla.

Se pretende llegar a un acuerdo con los motociclistas para definir en dónde van a portar su información, pues obligarlos a utilizarlo en un chaleco o chamarra está causando un conflicto, por lo que se valora retirar la propuesta.

Los artículos que se proponen reformar son el 123, 129 BIS y 132, mismos que consideran nuevas reglas para usuarios de motocicletas, monopatines y bicicletas eléctricas, propuesta hecha por varios diputados.

Dos trabajadores de una sucursal de Bodega Aurrera, de Tehuacán, fueron asaltados y despojados de su unidad, mientras viajaban sobre la autopista Puebla-Orizaba, en el tramo que va entre Acatzingo y Quecholac.

El hecho ocurrió durante los últimos minutos del miércoles, cuando los empleados se trasladaban en una camioneta blanca tipo Yukon, propiedad de la empresa, y fueron interceptados por hombres armados que viajaban en vehículos oscuros.

Los delincuentes amenazaron con armas de fuego a los trabajadores, los obligaron a detenerse y los bajaron de la unidad con lujo de violencia para despojarlos de la camioneta de modelo reciente.

Además de quitarles la unidad, los teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos personales, los asaltantes también los forzaron a hacer transferencias desde sus cuentas bancarias, posteriormente los abandonaron en unos terrenos de cultivo.

De los 2 mil 312 poblanos que han sido repatriados por Estados Unidos, sólo el 3.24 por ciento ya forma parte del programa “Migrante Emprende”, que impulsa el gobierno de Puebla. Según el informe de la Secretaría de Gobernación, suman 35 mil 537 mexicanos que regresan a nuestro país hasta el primer trimestre de 2025. De esta cifra, 2 mil 312 son poblanos.

Ante estas nuevas medidas migratorias, el gobierno de Puebla implementó el programa “Migrante Emprende”, donde se busca apoyar directamente a quienes se quedaron sin empleo.

Migrante Emprende avanza lento; apenas el 3.24% de poblanos repatriados ha sido apoyado.

Son 18 personas repatriadas con orientaciones legales y otros trámites como CURP, afiliaciones al IMSS-Bienestar y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Los migrantes son de la capital, pero existen personas originarias de Cholula, Atlixco e Izúcar de Matamoros.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral prohibió el reparto de acordeones para indicar el sentido del voto en la elección de personas juzgadoras. La prohibición abarca tanto el periodo de veda como el día de la jornada electoral, una vez que ha concluido la campaña.

Al prohibir la difusión de información en una página de internet, la Comisión la extendió en forma generalizada a servidores públicos, legisladores, partidos políticos, plataformas digitales y ciudadanía en general.

Otros sujetos obligados, añade, son personas físicas, servidores públicos, partidos políticos, integrantes de los Poderes del Congreso de la Unión y locales. El procedimiento especial sancionador 170/2025 inició de manera oficiosa por una publicación realizada el 28 de mayo en la red social X, en la que se alude a un contenido visible en la página de internet https https://vota.sireson.com/.

La Comisión advirtió que no sólo se presenta propaganda electoral, sino que indica el sentido de la emisión del voto. Con ello se aprobó la adopción de la medida cautelar, "a efecto de evitar la vulneración del derecho de la libertad de sufragio y los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda electoral.

*ARD