México inseguro para “todos”
Con la libertad de Adolfo Karam, México ya no es seguro para mí: Lydia Cacho.
Se esperaba la posición de la periodista agraviada durante el marinismo, en un hecho que se convirtió en un escándalo nacional y tiene aún en la cárcel al ex gobernador poblano Mario Marín, quien espera recuperar su libertad este mismo año.
La periodista compartió en sus redes sociales que el regresar a México para ella ya no es seguro: “Karam —cómplice de mi tortura— es propietario de ERI, empresa de seguridad con permisos de armas y guardias especiales. Lo hemos denunciado desde hace años. Ya no me pregunten por qué no es seguro volver a mi país”, lamentó.
La organización Articulo 19 comentó que el exgobernador Marín también se encuentra bajo proceso por el mismo delito contra la periodista Cacho, y busca el cambio de medida de prisión preventiva, bajo la cual se encuentra. Su audiencia es el 16 de agosto ante el Juzgado II de Distrito en Quintana Roo, que determinará si continuará bajo prisión preventiva o seguirá su proceso en libertad.
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El bloqueo de la autopista México-Puebla, que empezó el martes a las 9 de la mañana es por un pago de tierras que se expropiaron en 1958 para la construcción de la vialidad; en 2018 se hizo un pago millonario a un grupo de ejidatarios y ahora hay otros que también buscan su indemnización.
En 2018, después de un litigio de ocho años, un grupo de 397 ejidatarios logró que se les pagará 179 millones 187 mil 197 pesos. El 27 de septiembre de 2018 se le entregó un cheque al comisario ejidal de Santa Rita Tlahuapan, Carlos Sánchez Alpizar, como una indemnización.
Ahora, los terratenientes de los ejidos de San Juan Cuauhtémoc, San Martinito, San Pedro Matamoros e Ignacio López Rayón, todos en Tlahuapan, exigen el pago de 41 hectáreas.
Si se considera la misma cantidad que fijó el juez en 2018, la suma que está en disputa es de 204 millones 894 mil 302 pesos.
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Jorge Portilla Alba y Patricia Rodríguez Flores son los abogados que asesoran a los cuatro ejidos del municipio de Santa Rita Tlahuapan, quienes mantienen un plantón desde el martes en la carretera México-Puebla y a quienes el presidente López Obrador acusa de manipular a los ejidatarios y militar en Antorcha Campesina, lo que ellos negaron.
La medida de presión para el pago de tierras la tienen en tres estados más: Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México. En todos los casos emprendieron estrategias legales para la indemnización de predios por el paso de carreteras y un gasoducto.
Asesoran a ejidatarios que piden el pago de sus tierras por la construcción del Arco Norte, construido hace 10 años. También en Puebla son representantes legales de afectados por el paso de la carretera Tlaxco-Tejocotal, que comunica a Hidalgo y Veracruz, en la Sierra Norte.
En el Estado de México son asesores de los ejidatarios de Axapusco, donde Pemex construyó un gasoducto que pasa por diferentes predios. El quinto grupo que asesoran y que también han realizado bloqueos carreteros es el de los afectados por el paso de Apizaco a Huamantla, Tlaxcala.
El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, informó que ambos abogados han sido los representantes de los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan desde hace varios años y reconoció que en 2018 lograron el pago de 176 millones de pesos de parte de Comunicaciones y Transportes.
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Una demanda de campesinos ha sido el pretexto para cerrar desde el martes la autopista México-Puebla. La Constitución de la República y leyes que de ella emanan, que juraron cumplir los gobernantes, han sido letra muerta en este conflicto.
El artículo 6o constitucional precisa que la manifestación de ideas no será perseguida, salvo ataques a derechos de terceros, provocación de delitos o perturbación del orden público. Y el artículo 9o advierte que un acto de protesta no podrá ser ilegal o disuelto salvo hubiese violencia o amenazas para intimidar u obligar a la autoridad a resolver en el sentido que deseen los inconformes.
Los afectados en las vías bloqueadas reprocharon que ninguna autoridad haya intervenido para hacer cumplir la legislación.
La Ley de Vías Generales de Comunicación, reformada en 2021 para castigar la toma de vialidades y casetas, prevé de tres meses a siete años de prisión a quien interrumpa el tránsito vehicular y la operación del servicio de peaje.
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La autoridad ministerial documentó la relación del Operativo Barredora en sucesos que se han registrado recientemente en Puebla. A partir de la investigación en torno al trágico en el Casino Big Bola, la Fiscalía de Puebla enunció algunos de esos sucesos.
De 2023 a la fecha, la Barredora estaría relacionada con la ejecución de al menos 27 personas. Ello se ha constatado no sólo con la localización de cuerpos, sino con la difusión de videos en los que se aprecia a víctimas con vida, rodeados e interrogados, por parte de ese grupo.
El más reciente es el caso de Jacqueline, “La Jacqui”, quien fue “levantada” y cuyo cuerpo fue hallado emplayado en Santa Clara Ocoyucan y era novia de “El Jaguar”, quien fue abatido junto con otro hombre en Big Bola.
La Fiscalía señaló que las armas empleadas en el Casino fueron utilizadas para la comisión de otros cinco delitos, donde asesinaron a 18 personas, como el homicidio en Bar Pinochos, Amozoc, junio de 2023; homicidio múltiple en San Miguel Canoa, registrado en octubre de 2023; homicidio en Periplaza, sobre el Periférico Ecológico, marzo de 2024; y levantón en Puebla, 13 de marzo 2024.
*ARD
