Saldando deudas del pasado en Puebla
Cuando del quebranto a las finanzas públicas se trata, no importa la ideología, es inadmisible y se debe castigar a los responsables.
Ayer, el gobernador Sergio Salomón Céspedes informó que la gestión estatal pagó 2 mil 700 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria, por una obligación financiera que tenía desde el 2015, la cual fue generada por un mal proceso administrativo y ocasionó un litigio que fue heredado y perdido, por lo que se procederá legalmente contra el responsable.
También se confirmó que la gestión de Luis Miguel Barbosa autorizó una inversión de 600 millones de pesos en 2021 a un banco que quebró meses después del depósito del gobierno poblano a recomendación del ex senador panista Ernesto Cordero Arroyo.
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En su intervención, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro, explicó que este caso del 2015, se generó en el gobierno de Rafael Moreno Valle, quien contrató el despacho en asesoría fiscal “Sistema Lac”, que recomendó pedir la devolución de impuestos al SAT, correspondientes a 2008 y 2009.
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En 2018, el SAT declaró que la devolución de recursos fue incorrecta, dado que el gobierno lo sustentó en normas retroactivas de 2008, pero fue hasta el 2011 cuando Puebla se adhirió a las disposiciones fiscales.
En su momento el monto que el gobierno tenía que pagar era de 702 millones de pesos, pero subió a mil 800 millones y de 2018 a la fecha, llegó a 2 mil 700 millones. Se decidió pagar, ya que, de no hacerlo se podría incurrir en un acto penal y continuar el litigio representaría un monto de 30 millones mensuales que se seguirían acumulando, por ello se liquidó el 5 de abril.
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Por ora pare, la secretaria Castro Corro confirmó que, durante la gestión del gobernador Miguel Barbosa, alrededor de 600 millones de pesos de los contribuyentes fueron invertidos en la institución financiera Banco Accendo, que quebró en 2021 y el gobierno de Puebla no ha recibido un sólo peso de lo invertido.
Fundamentó que el estado decidió entregar esa cantidad de recursos a dicho banco, debido a que este ofrecía entonces las tasas de rendimiento más atractivas del mercado. Precisó que, como parte del proceso de bancarrota, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó litigar todos los bienes de Banco Accendo, con la finalidad de cubrir sus adeudos correspondientes.
Solo que no existe fecha ni garantía de que las arcas estatales recibirán todo el capital invertido entonces, debido a que la repartición de recursos será entre los demás acreedores de la extinta institución bancaria.
Dos gobiernos poblanos de partidos opositores, un millonario quebranto a las finanzas públicas locales.
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El diputado federal Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que la reforma en materia de justicia electoral no atenta contra los derechos políticos, como tampoco echa para atrás lo relativo a las acciones afirmativas en los procesos de elección.
Precisó que la propuesta que busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución Política es todo lo contrario a la narrativa que han expresado algunas voces del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Explicó que queda establecido constitucionalmente que el piso para la determinación de candidaturas en materia política electoral por parte de los partidos serán la distribución y la composición actual derivada de la elección del 2021.
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Mier explicó que se hizo una revisión integral de la iniciativa de reforma a varios artículos de la Constitución, entre ellos el 41, el 99, para evitar la serie de diferencias que ha habido a raíz de los criterios que ha emitido de manera sistemática los últimos años el Tribunal Federal Electoral.
Se tomaron como base todas las sentencias desde 1996 a la fecha, que ha emitido el Tribunal, como piso para garantizar derechos políticos en lo individual, de los partidos políticos en su vida interna y para las acciones afirmativas, sobre todo, para garantizar el principio de la igualdad sustantiva.
Con base en eso, acotó Mier Velazco, la Comisión de Puntos Constitucionales hizo una revisión integral, sistemática, la incorporó a la exposición de motivos y por eso derivó que todas las acciones afirmativas para todas las minorías estén representadas al menos en el mismo número que en esta Legislatura.
El legislador por Puebla manifestó que “la paridad es algo que está establecido en la Constitución, ahí no hay manera de echarse para atrás y corre de manera transversal en todo, no solamente en materia político electoral, sino para cualquier tipo de actividad que garantice la paridad entre hombres y mujeres y la igualdad sustantiva”, manifestó Ignacio Mier.
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El gobernador, Sergio Salomón Céspedes, aseguró que se realizan inspecciones constantes en la zona de la Sierra Negra para inhibir el uso de dispositivos que afecten el ciclo de lluvias y por consiguiente a los productores del campo, argumentando que se trata de un mito de los pobladores derivado del cambio climático.
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“No tenemos ningún tipo de conocimiento, hay inspecciones de forma permanente en donde no se utilizan ningún tipo de cañón o avioneta para ello, ya parece un tema de más mito (...), pero sí es importante dejar muy claro ese tema porque muchas veces con esa idea muchos paisanos creen que está sucediendo, el cambio climático obedece a otro tipo de condiciones, de las cuales tenemos que asumir la responsabilidad”, expresó el gobernador de Puebla.
La semana pasada, José Luis Leyva, dirigente del Mascip, anunció una serie de bloqueos por el 104 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, en la que manifestaron también algunas problemáticas que persisten en la Sierra Negra como el uso de avionetas con yoduro que afectan sus cosechas.
*ARD
