Aprueban Plan B de reforma electoral que reduce INE e Institutos Estatales
La Reforma Política, más que electoral, que propuso el presidente López Obrador en su plan B pega en pleno corazón de la estructura de los Institutos Electorales Estatales, amén de otras medidas que por fast track avala la mayoría de Morena y sus aliados.
Entre otras medidas está la reducción de sueldos para que los consejeros ganen "menos que el presidente", modificaciones al calendario del proceso electoral y compactación de la estructura del INE, el cual obliga al Instituto a liquidar y reintegrar en el erario los recursos provenientes de dos fideicomisos, uno de ellos garantiza las jubilaciones y otro de gastos médicos.
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Se propone sancionar la entrega de dádivas, bienes o servicios, presiones y condicionamientos del voto de las personas candidatas o partidos políticos durante los procesos electorales.
"Se compacta la estructura orgánica del INE y de los OPL en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez", establece la iniciativa. Los Órganos Distritales pasan de carácter permanente a temporal, lo que reduce su número de 300 a aproximadamente 260 durante el periodo no electoral.
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El proyecto indica que se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional. El presidente propuso que se unifique el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el cómputo de la elección, que empezará el domingo mismo de la jornada electoral y se transmitirá en tiempo real.
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Se modifica el calendario del proceso electoral para compactar procesos y racionalizar los recursos disponibles para el proceso electoral. Se fortalece la integración de los órganos centrales con los desconcentrados y los OPL por medio de su revisión normativa y una cadena única de mando para reducir el aparato burocrático.
Hay más puntos que se discutieron ayer en la Cámara de Diputados, donde por ser modificación a leyes y no cambios constitucionales, se esperaba que fueron aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados, hasta el cierre de este espacio seguía la discusión. Es un hecho, el Plan B de reforma política del presidente va.
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Lo acepten públicamente o no, los dirigentes estatales, en el PRI poblano enfrentan una severa crisis.
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La presencia de presidentes municipales en actos públicos de Morena, el último la marcha del pasado domingo, y las votaciones de sus legisladores a favor de las iniciativas morenistas, son ejemplos fieles de que los principios y la lealtad partidista, las hicieron a un lado quienes fueron impulsados por el tricolor.
Desde 2010, cuando perdieron la gubernatura, las cosas empezaron a cambiar para los priistas, que acostumbrados a tener todo, negociaron con un ex priista como Rafael Moreno Valle, quien los conocía de cabo a rabo y supo darles algo de poder y dinero, para que fueran sus aliados.
El gobernador Luis Miguel Barbosa, político siempre de izquierda, vive uno de los momentos culminantes de su gestión y saber sacar juego de la debilidad y falta de cohesión de los priistas que se sienten huérfanos y de ahí que negocien directamente espacios y prebendas, ya después arreglaran el tema de su militancia.
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El dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Néstor Camarillo, quien también es diputado y aliado de Morena en al Congreso, descartó sancionar a presidentes municipales priistas que participaron en la marcha a favor de Andrés Manuel López Obrador.
Se les vio a ellos y a decenas de sus acompañantes, que trasladaron de sus comunidades para mostrar su apoyo al presidente y fueron convocados por el gobernador Barbosa. Balbuceante el presidente priista explicó "Yo respeto a todos, ellos están en la libertad para hacer lo que quieran hacer, ni los vamos a regañar, ni los vamos a castigar, ese no es nuestro estilo en el PRI".
Si en un partido con estatutos y reglamentos cada quien hace lo que quiera, los priistas están perdidos. La crisis existe y si siguen así en 2024 no sólo perderán las elecciones, sino que corren el riesgo de reducir a su mínima expresión el porcentaje de sus votos y quedar al límite de la pérdida de su registro. De esa dimensión.
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Nohemí León Islas, Jorge Machuca Luna y Rosa Isela Molina Velázquez integran la terna de la que el Pleno del Congreso local designará mañana al comisionado o comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.
Ayer, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información aprobó en sesión el dictamen con paridad de género que acredita que alguno de los tres aspirantes cumple con los lineamientos para ser el próximo comisionado (a) para un periodo de 6 años, iniciando el 6 enero 2023.
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Nohemí León Islas compite por segunda vez por el cargo de comisionado, la primera fue el 7 de diciembre del 2021, pero no calificó. Jorge Machuca Luna es conocido por su trayectoria como periodista vinculado al tema; y Rosa Isela Molina Velázquez, es integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación estatal.
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