Hacia un solo mando
A unos días de la consulta sobre Revocación de Mandato, que cualquiera que sea el resultado, no afectará la marcha de la actual gestión federal, sigue avanzando el “Rediseño institucional” que se está cocinando en distintos grupos políticos con fines de cabildeo. Andrés Manuel López Obrador, seguro de que concluirá su mandato, pretende desaparecer 17 organismos desconcentrados y descentralizados.
La idea es “transferir” sus funciones a dependencias que irán diluyéndolas, ya sea en forma de direcciones o coordinaciones, sin descartar que lisa y llanamente formen parte de las actividades que realizan áreas ya existentes, ya sea en la Secretaría de Gobernación, la de Bienestar o la del Trabajo y Previsión Social.
La lista en el rediseño institucional es la siguiente:
Órganos desconcentrados. Secretaría General del Consejo Nacional de Población¸ Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, Instituto Nacional de la Economía Social, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera y Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.
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Organismos descentralizados. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
Entidades no sectorizadas. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
Los impactos de la reforma en lo laboral, calcula que se quedarán sin plaza, alrededor de 3 mil 174 servidores públicos, de darse la reforma que se pretende en Palacio Nacional.
En términos de ahorro, los expertos señalan que, por el cierre de estas dependencias, el gobierno federal no gastará unos 3 mil millones de pesos al año, equivalente al 0.04 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022.
Y, en función de lo técnico, las consecuencias son variopintas: preocupa el cierre de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que seguramente irá a un segundo plano y se interpretará como un apéndice de la Secretaría de Gobernación.
Por su parte, cerrar la Secretaría General del Consejo Nacional de Población tiene un propósito obvio, que, a la mayor velocidad posible, se reduzca el espectro analítico que mide asimetrías sociales y da cifras ajenas a la mirada presidencial.
Como podrá observarse, sigue su marcha la eliminación de cualquier contrapeso, aún en aquellos casos en los que el potencial disidente sea una minúscula organización dentro de la estructura del Estado.
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De las anécdotas que se cuentan
Aquellos años de buena relación y total confianza terminaron.
Tras la destitución de Francisco Romero Serrano como auditor Superior del Estado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió investigar su red de complicidades con políticos, de las que él tiene pruebas suficientes de la actuación corrupta del viejo aliado.
Explicó que las primeras renuncias al interior de la Auditoría y las acciones de revisión a los auditores externos anunciadas por el encargado de despacho, Rubén de la Fuente Vélez, evidenciaron esa estructura de corrupción.
"Vean nada más a lo que se llegó y todo eso se tiene que investigar y se tiene que corroborar, porque ya me suena lógico todo ese vínculo con políticos", insistió.
Reconoció los vínculos que se han dado a conocer sobre relaciones de Romero Serrano con ex dirigentes del Revolucionario Institucional (PRI), sin citar explícitamente de quiénes se trata.
Desde la función que era auditar los recursos del estado, se cometieron irregularidades para involucrar a presidentes municipales.
El ex auditor Romero y un miembro de la dirección estatal del PRI citaban a los presidentes municipales para establecer mecanismos de vinculación y generar condiciones de encubrimiento y complicidad, por citar un ejemplo.
Los años para Romero Serrano en la cárcel, aumentarán, no lo dude.
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