Udlap, lucha de intereses
La primera crisis que vivió la Universidad de las Américas en su campus de Cholula fue en 1976, cuando un grupo de maestros se sindicalizó y emplazó a huelga a la institución, sus estudiantes, destacadamente Fernando Canales quien cursaba la carrera de Filosofía, participaron a favor y en contra de sus profesores, pero todo fue interno jamás habían asumido una posición radical como la de este martes cuando bloquearon la Recta y el Periférico.
El actual conflicto que vive la UDLAP en principio es de intereses, pero se ha convertido en político por la lucha en el poder en que se han involucrado otro tipo de decisiones, el principal el manejo de una de las mejores instituciones privadas de educación superior del país.
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Los cientos de millones de dólares que heredó el patriarca William O. Jenkins son el origen del pleito familiar, la UDLAP es apenas una parte de esa fortuna, y en el caso del gobierno a través de la Junta al Cuidado de la Instituciones de Beneficencia Privada intervino porque considera que es ilegal que hayan sido trasladados los recursos a otro lugar fuera de Puebla, como estableció el patrono de la Fundación, aunque la familia argumenta que lo hizo apegada a derecho y gracias a una Ley que le permitió a la dependencia del gobierno designar a nuevos patronatos en las fundaciones Jenkins y de las Américas que están en litigio y hoy tienen posesión del campus universitario.
El caso deberá resolverse en los juzgados, pero intervienen los federales y los estatales y ahí se encona el problema, por lo pronto, los estudiantes son la parte más débil y afectada de la crisis porque ellos no se llevarán un peso de los millones de dólares en disputa.
Por lo pronto, las clases presenciales en el campus de la Universidad de las Américas Puebla no se regularizarán hasta que la posesión legal sea entregada al patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa y a la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos, aseguró el representante legal de la Fundación UDLAP, Carlos Robledo, quien pidió a los alumnos, docentes y trabajadores que eviten ingresar a las instalaciones.
Ellos manejan la administración académica y toda la estructura de la universidad, la otra parte tiene la posesión del campus.
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Afirmó que sus representados han agotado los términos legales para recuperar la universidad, de tal manera que sólo queda esperar a que los jueces involucrados en el caso restituyan el pleno control de la institución.
“Yo haría un llamado a los alumnos y profesores para no violentar algo que no es necesario violentar”, dijo luego de que el martes las puertas de la universidad fueron abiertas y el “espurio” patronato que encabeza Horacio Magaña, informó que personal académico y administrativo, así como los alumnos ya podían ingresar.
Insistió que el 4 de noviembre del año pasado un juez federal dictó una orden de suspensión definitiva, que obliga a quienes tomaron el control de la institución a devolverla, sin embargo, el juez responsable de cumplir tal sentencia, el 24 de la Ciudad de México, incurrió en desacato.
Robledo explicó que el juez tendrá que enfrentar las sanciones que determine la autoridad judicial federal y el caso fue turnado al juez 60 de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, quien ahora tiene la responsabilidad de acatar la orden con apoyo de un juez estatal de Cholula.
Agregó que sus contrincantes en el litigio han simulado la entrega de las instalaciones, ya que fingieron que la Fundación Mary Street Jenkins había recibido la posesión, entregándola a una persona que es de su mismo grupo.
Con esa simulación acudieron el martes ante la autoridad judicial local a pedir la reapertura del campus; pero la única resolución que se debe cumplir es la federal.
Por su parte, Rodrigo Gurza, representante legal del patronato que tomó el control del campus de la UDLAP, dialogó sin éxito con un grupo de estudiantes que se mantenía en las inmediaciones del campus a las 23:30 horas del martes.
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A través de su cuenta de Twitter, el representante legal del patronato presido por Horacio Magaña informó que se encontraba en las instalaciones de la UDLAP para la reapertura del campus, pero ni los alumnos ni profesores se presentaban.
Al reunirse con un escaso grupo que acudió para verificar la presencia del litigante, Gurza se limitó a decirles que el campus ya estaba abierto y podían reactivarse las actividades presenciales, sin embargo, los alumnos le recriminaron que las instalaciones no han sido devueltas a la rectora interina, Anaya Berríos, y al patronato que originalmente las tenía a cargo.
“Tu juez local no sirve, vete al federal, cumple lo que dice el juez federal”, le exigieron ante el argumento de que el Tribunal Superior de Justicia exhortó a retomar las actividades en el campus.
El abogado les propuso “¿por qué no dejan que lo dirima el tribunal, por qué no mejor dejan que esa parte la dirima el tribunal y ustedes se dedican a recuperar la universidad y punto?”
Los estudiantes dejaron el diálogo con el representante legal diciéndole que sólo buscaba generar “chivos expiatorios” abriendo el campus y proponiéndoles entrar a las instalaciones, sin que previamente la posesión legal sea devuelta a la fundación que preside Margarita Jenkins de Landa.
Por ahora, el patronato original y la rectora interina son quienes tienen el control financiero, administrativo y académico de la institución; y el campus sigue controlado por el patronato que representa Gurza.
Los estudiantes son sin duda los más afectados de este pleito de intereses económicos y políticos que hoy están en juego y no se ve fácil darle una salida. Aparecen los riesgos de que haya hechos violentos en la UDLAP, una página que jamás se ha escrito en la historia de esta institución que es un orgullo de los poblanos.
De las anécdotas que se cuentan
De acuerdo al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, al 20 de enero del 2022 el personal desplegado para el Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte y Sur, era de 28 mil 397 elementos.
Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodrigo Bucio, informó que dispone de 104 mil 496 elementos operativos.
Todo lo anterior, considerando que Andrés Manuel López Obrador y su entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señalaron que la Guardia Nacional no sería una organización militar, pero que, en junio de 2021, el presidente señaló que la idea es incorporarla a Lomas de Sotelo.
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“El propósito es que, una vez consolidada esta institución (…) en su momento pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como una rama más de la Secretaría de la Defensa Nacional (sic)”, informó tras haber inaugurado el cuartel de la Guardia Nacional en Tecate, Baja California, el 25 de junio de 2021.
Retórica aparte, en números redondos hay 28 mil elementos enviados a las fronteras y por buena parte del territorio nacional, hay 104 mil elementos que atienden distintos operativos; es decir, que, además de las corporaciones policiacas municipales y estatales, hay 104 mil elementos que atienden temas de seguridad pública.
Con esos 104 mil elementos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y sus competidores siguen avanzando a toda velocidad en su conquista de docenas de municipios en todo el país y los cien homicidios al día son una cifra que no deja de aparecer en los indicadores de distintos tomadores de decisiones.
En esas condiciones, ¿de qué tamaño deberá ser el Estado de Fuerza para combatir a los cárteles? O, ¿el problema no es la cantidad de efectivos?
Por ahí se dice que la respuesta está en la estrategia y no en el número de tropas.
Por supuesto, combatir no es lo mismo que abrazar y mientras tanto, el país sigue en llamas.
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*ARD
