Irritación social
El enojo ciudadano está a flor de piel, por ejemplo, el domingo, vecinos de Santa Rita Tlahuapan bloquearon por más de siete horas la autopista México-Puebla, el motivo lo que consideran la liberación injusta de una persona acusada de atropellar a seis personas el 24 de diciembre, dos de ellas fallecieron.
En el paro, privaron de su libertad a funcionarios del gobierno del estado y hubo golpes de los manifestantes con la policía. En redes sociales, los afectados por el bloqueo de la autopista reclamaron que las autoridades no hayan actuado de forma inmediata. Todo en diciembre, fecha de fiestas.
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En Puebla hay un caso especial de esa irritación social, que es el que viven comunidades indígenas en Santa María Coyomeapan.
Araceli Bautista Gutiérrez, defensora legal de los habitantes de esa población de la Sierra Negra, explicó recientemente que existen 39 órdenes de aprehensión en contra de sus habitantes, por lo cual no pueden salir de la localidad. Esa situación legal los mantiene a la expectativa de lo que pueda ocurrir, pues desde hace meses no hay avance en sus casos.
“Es necesario que las autoridades agilicen el proceso, porque eso de tenerlos ahí es como castigarlos doble, sabemos que ellos son presos políticos, es por una decisión en extremo de conveniencia y no por algo justo, no hay Justicia es una política de los Celestino, de los caciques hacia la población” explicó.
Por ahora no han llevado a cabo otra detención, más que la de cuatro activistas presos desde septiembre, pero tampoco hay avance.
Los habitantes de Santa María Coyomeapan exigen que se realicen nuevas elecciones, sin embargo, ya han sido varios meses en que no los han escuchado, al contrario, los han perseguido y encarcelado, pues los cuatro activistas asegurados son presos políticos que no tienen motivo para estar tras las rejas y fueron aprehendidos al salir de una reunión de negociación con funcionarios del gobierno del estado.
El pasado martes 21 de diciembre, la diputada federal por el distrito IV de Ajalpan, Inés Parra Juárez, y la dirigente del Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores (Conapa), Claudia Martínez, denunciaron las violaciones a los derechos humanos de los 14 mil indígenas de Santa María Coyomeapan, y solicitaron la intervención de las autoridades federales para resolver el conflicto social y político.
Parra Juárez insistió que la situación que se vive actualmente es por los “11 años de cacicazgo”, en donde acusó a la diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Araceli Celestino Rosas y a su esposo, el actual alcalde, Rodolfo García López, de provocar el conflicto por el fraude del pasado 6 de junio de 2021 a raíz de las irregularidades reportadas durante la jornada electoral, la cual fue considerada como ilegítima por los pobladores.
La diputada Parra señaló que: “el gobierno del estado está utilizando todo el poder que tiene para reprimir a los ciudadanos de Coyomeapan, la mayor parte es indígena y están siendo violentados, por eso le pedimos un SOS al Presidente de la República, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos, para que intervengan de manera directa y que cese el hostigamiento, pues están utilizando a guardias blancas, sujetos armados de manera ilegal, para reprimir a los ciudadanos”.
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Martínez Sánchez presentó por parte del Conapa, distintas evidencias fotográficas en torno a los atentados ocurridos en contra de los pobladores del Coyomeapan, como lo sucedido el martes 14 de diciembre, cuatro sujetos a bordo de una camioneta con armas largas entraron al pueblo y al ser detenidos por los habitantes, dijeron que fueron contratados presuntamente para ejecutar a 11 de los defensores indígenas.
El problema es grave y la irritación social está a flor de piel, lo peor es que la violencia en el altiplano del estado y en las sierras es un riesgo latente para una población que se siente agredida e ignorada.
De las anécdotas que se cuentan
El 8 de diciembre, Mario Delgado anunció que Morena estaba preparando tres encuestas para efectos del proceso de selección interno de los aspirantes a candidatos para las elecciones a gobernador de 2022 en seis estados de la República.
El jueves de la semana pasada se dio a conocer la siguiente lista: para Aguascalientes, Nora Ruvalcaba; Marina Vitela en Durango; Julio Menchaca en Hidalgo; Salomón Jara en Oaxaca; Mara Lezama en Quintana Roo; y Américo Villarreal en Tamaulipas.
Con la probable excepción de Aguascalientes, las demás entidades son un territorio explosivo por donde se le quiera ver.
Durango forma parte del triángulo dorado, dominado por el cártel de Sinaloa. Por su parte, Hidalgo es un territorio natural de los Zetas, pero ahora, hay movimientos muy agresivos de CJNG y de Sinaloa en esa zona, sin omitir que está experimentando un auge por parte de la industria del huachicol.
Quintana Roo es un coctel de intereses criminales en el que se mueven toda clase de pandillas de alto impacto, grupos de la delincuencia organizada de México y algunas de Europa, sin olvidar a emporios que se dedican a lavar dinero en ese estado.
Tamaulipas es el escenario de una cruenta guerra entre Zetas y el Cártel del Golfo, incluyendo a docenas de pandillas asociadas. Y Oaxaca, además del narcotráfico, tiene a la guerrilla, tomando en cuenta que, junto a Guerrero, son los epicentros de los movimientos insurgentes en la parte baja del país, en el norte, es Chihuahua.
Luce complicado 2022 y con los recortes presupuestales al INE, no pocos candidatos sabrán a quien pedirle su apoyo y no se descarta que involucren a la delincuencia organizada, como ocurrió en el proceso 2021.
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