El Auditor Superior se ampara contra orden de aprehensión por supuesto delito de violencia familiar
Sea verdad o mentira, la integridad moral del Auditor Superior del Estado quedó en entredicho.
La noche del pasado martes trascendió que un juez liberó una orden de aprehensión contra el titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el contador Francisco José Romero Serrano y ayer el periodista Arturo Luna publicó que promovió un amparo, aunque antes el inculpado había negado la especie.
La orden salió de la jueza de Control de la Región Judicial Centro Poniente tras acusar al funcionario por el delito de violencia familiar, en agravio de su esposa y su hijo con autismo.
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Los hechos se registraron el pasado 16 de octubre, cuando se presume que el auditor llegó en estado de ebriedad a su domicilio ubicado en el Fraccionamiento La Vista Country Club. Ahí habría agredido a su esposa, Joseline, a su hijo y a la nana.
Elementos de Seguridad Ciudadana de San Andrés Cholula habrían levantado la denuncia tras acudir a tomar conocimiento de los hechos.
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Sin embargo, ayer mismo, el auditor Francisco Romero Serrano declaró a El Sol de Puebla que desconocía la orden de aprehensión en su contra por presunta violencia familiar, porque no había sido notificado y él está “muy tranquilo” con su esposa Jaqueline y sus hijos.
El auditor habló de la presunta orden que circuló en medios de comunicación la noche del martes 21 de diciembre e indicó que la Fiscalía hostigó a su esposa para que hablara sobre una supuesta amenaza con un arma.
“Supuestamente la amenacé con un arma, son cosas que ni siquiera son ciertas, fue un chisme que salió de La Vista y lo llevaron a una realidad virtual que solamente ellos entienden, lo único que te puedo decir es que estoy con mi familia, con mi señora, con mis hijos y si me tengo que defender de algo, lo haré”, dijo.
Romero aseguró que al momento no ha sido notificado sobre alguna posible detención o presentación ante las autoridades, por lo cual se deslindó de los señalamientos de violencia familiar que publicaron algunos medios informativos.
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También ayer, el gobernador Luis Miguel Barbosa rechazó que haya impunidad en Puebla tras difundirse la existencia de una orden de aprehensión contra Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior del Estado por violencia familiar.
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El mandatario expuso que le preocupa este proceso y que en su administración revisarán la situación para garantizar que se cumpla con la ley. "Aquí no hay impunidad, a ver, todos los hechos que son transgresiones a la norma legal pues se investigan, es lo único que puedo opinar", comentó.
El gobernador dijo que si ya existe una orden de aprehensión significa que las autoridades judiciales investigaron al funcionario y ahora actúan confirme a resultados. Reiteró que, en su gobierno, apegado a la Cuarta Transformación lopezobradorista, se espera un comportamiento ético y hasta moral.
"Eso desde luego que debe ser así, un servidor público debe ser muy cuidadoso en su comportamiento, debe ser austero, debe ser muy respetuoso frente a todos, ya no es el tiempo de las francachelas", precisó. Por la tarde, el inculpado tramitó un amparo ante la justicia federal contra la orden de aprehensión.
La honestidad del contador Romero Serrano está en entredicho.
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En el estado de Puebla hay tres casos sospechosos de la variante Ómicron, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez, al reiterar que ninguna de estas personas cuenta con la vacuna anticovid.
Indicó que tendrán que pasar entre cinco y seis días para conocer si los resultados de los análisis en poder del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), dan o no positivo a esta última variante.
Martínez García reiteró que todos los casos que se presenten de Omicrón en la entidad serán “importados” debido a la propia naturaleza de la visita que se tiene al estado de turistas extranjeros, y ahora de vacacionistas poblanos que a su regreso de otros países pueden ser portadores activos de esta variante.
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A los vacacionistas que optaron por salir a otros estados o países, pidió que de sentirse mal acudan a realizarse las pruebas para que la autoridad pueda detectar a tiempo si se trata de la variante Ómicron.
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A unas horas de que se lleve a cabo el pleno del Congreso para que vote el Derecho de Alumbrado Público (DAP), por lo menos seis de 17 diputados de Morena han asegurado su negativa. Son: Daniela Mier, Carlos Evangelista Aniceto, Edgar Garmendia, Eliana Cervantes González, Roberto Solís e Iván Herrera Villagómez.
Hasta ayer no se habían pronunciado a favor o en contra las diputadas Tonantzin Fernández Díaz, Guadalupe Yamak Taja, Azucena Rosas Tapia, Ruth Zárate Domínguez, Yolanda Gámez Mendoza y Xel Hernández García.
Los dos diputados morenistas que han salido en defensa del DAP son el coordinador de la bancada Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Olga Romero Garci - Crespo. La aprobación de este cobro por el derecho al alumbrado público ha trascendido también a otros actores de Morena, quienes han señalado costos políticos si lo aprueban
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