Barbosa y los empresarios
Los organismos empresariales poblanos son, aunque haya quien lo quiera negarlo, representantes de los intereses de los hombres de negocios, que encuentran en ellos y sus funcionarios a los voceros de sus intereses. Pueden mantener las mejores relaciones personales con los gobernantes, pero sus intereses van por otro lado.
En los sexenios de los gobernadores Alfredo Toxqui y Guillermo Jiménez Morales organizaron paros empresariales y por detrás financiaron a candidatos panistas a la presidencia municipal de Puebla –en 1984, en la comida anual del Club de Empresarios en el Mesón del Ángel le generaron un escandaloso “¡Villa, Villa, Villa!” chocando cucharas en los vasos ante un gobernador que al final impuso como alcalde a Jorge Murad sobre el panista Ricardo Villa Escalera-.
Con Mariano Piña Olaya su relación fue siempre tensa y terminaron acusándolo de abusos y corrupción en la expropiación de los ejidos, que hoy integran toda la zona de Angelópolis.
Con Manuel Bartlett y Melquiades Morales les ganaron las elecciones intermedias por la presidencia municipal de Puebla; relaciones más ríspidas con el primero y con el segundo de desacuerdos y simulaciones, como la donación gubernamental de un predio en Cúmulo de Virgo, que les acaba de retirar la actual administración.
A Mario Marín le organizaron la monumental marcha en su contra por el caso del “gober precioso” y con Rafael Moreno Valle siempre hubo tensión porque él prefería mantenerlos lejos, aunque tuviera acuerdos de conveniencia, para empezar, les arrebató el mando en Acción Nacional.
El jueves pasado, al rendir protesta como dirigente del Centro Empresarial Coparmex Puebla para el periodo 2021-2022, Rubén Furlong estableció que el sector privado en el estado no es “rival” del gobernador Miguel Barbosa Huerta.
“Citando sus palabras, señor gobernador, no somos rivales, no le vemos así (…) usted sabe lo que el sector privado representa para la sociedad”, dijo el nuevo líder empresarial en el evento al que asistió como invitado especial el mandatario poblano.
Pero, al fin y al cabo, fieles a su naturaleza y a lo que consideran es justo, a gritos, algunos empresarios asistentes reclamaron y exigieron al gobernador Barbosa devolver el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), tomado por la Policía Estatal desde el 29 de junio.
Barbosa, al tomar el uso de la palabra, reclamó a los hombres de negocios presentes por no haber apoyado a su administración durante la pandemia de Covid-19, algo que ya había hecho público en sus conferencias de prensa matutinas, pero hasta ahora no delante y en un evento de ellos.
“Hemos invertido desde el gobierno 3 mil millones de pesos y no recibí ninguna cooperación de ustedes, se los digo de manera clara, pero respeto su visión, respeto la idea que el gobierno debe hacer cargo de todo”, les dijo al tiempo que empezaron a escucharse gritos en las mesas de los empresarios.
“De la Universidad de las Américas, miren, no es el lugar para que explique técnicamente el asunto, la UDLAP sigue funcionando de la manera como lo ha estado haciendo con esa lógica”, respondió, lo que generó un “nooo” colectivo.
El nuevo presidente de Coparmex trató de intervenir para pedir a los empresarios respeto para el gobernador, pero fue el propio Barbosa quien continuó la polémica.
“Permítanme, a mí no me van a impresionar, sabía que esto podía ser y estoy acá”, atajó, y luego hizo un recuento de las irregularidades que se cometieron dentro de la Fundación Mary Street Jenkins, acusada del saqueo de 750 millones de dólares. “Es un asunto de legalidad”, expuso.
“La UDLA (sic) no tiene injerencia del gobierno. ¿De dónde sacan ustedes que yo devuelva la UDLAP? Ese es un tema de fundaciones”, precisó.
También se escucharon reproches sobre el aumento de impuestos y sobre la falta de transparencia, pero el gobernador señaló que en su administración no había “moches” y sostuvo que “no hay nada oculto” en su gobierno.
Barbosa afirmó que él había sido el autor del Sistema Nacional de Transparencia y que cuando él se fuera del gobierno no habría escándalos de corrupción como los hubo con gobiernos que le antecedieron.
El incidente muestra que las relaciones del gobernador Barbosa con los organismos empresariales no son las mejores, todo lo contrario, y aunque él dijo un día después que mantiene un trato adecuado y cercano con quienes generan los empleos, la realidad es que son ellos los que sostienen a la cúpula que, para bien o para mal, son sus voceros.
El del jueves, es un ejemplo de la polarización política que vive el país, mientras los gobiernos de izquierda tienen un rumbo definido y no transigen con los que consideran su oposición, los empresarios mantienen la suya que es la de sus intereses y en lo que creen y como han demostrado en los años, no van a cambiar.
Los empresarios poblanos son fieles a su naturaleza, no más, no menos.
De las anécdotas que se cuentan
El shock del futuro, en distintos cenáculos del poder público está cobrando fuerza la especie de que los restauranteros y antreros deben exigir la documentación pertinente de que sus clientes estén vacunados contra el Covid-19, lo que sucederá en Puebla en los próximos días.
Hasta ahí, pase y bueno.
Pero luego se piensa en que los que aún no se han vacunado serán vistos como apestados. De ahí a que poco a poco vayan siendo segregados de cualquier comercio, solo hay un paso.
Y comienza a pensarse que, a partir del próximo año, si no ocurre otra cosa, cualquier joven mayor de 18 años tendrá que contar con su inscripción al SAT, algo inédito en el país.
Pero también se analiza que están avanzando los tiempos para que los teléfonos celulares funcionen con datos biométricos y se les niegue el servicio a quienes no los hayan aportado, de acuerdo a ciertas reglamentaciones.
Sin olvidar que los bancos tendrán la obligación de reportar los movimientos extraños de cualquier cuenta, en el entendido que esa singularidad se refiere a recibir sumas mensuales superiores a los quince mil pesos.
Y no se puede olvidar que, para cualquier cosa, los programas sociales piden a la menor provocación la credencial de elector, ésa misma que expide el Instituto Nacional Electoral al que le van a recortar una suma excepcional de presupuesto, con la evidente intención de debilitarlo para 2024.
Pensando mal, son demasiadas coincidencias, las suficientes como para pensar que la libertad no es una garantía defendida por la Constitución, sino el mero ejercicio para elegir las cadenas que se quieren en las manos.
En una de esas, Diderot no andaba errado.
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