En el ejido Tecoltemi de Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, hay fiesta. Ahí se ubica el Proyecto Minero Ixtaca, operado por Minera Gorrión, empresa de la canadiense Almaden Minerals que llegó a este municipio en 2001 con la intención de explorar la zona e identificó, una reserva probada y probable de 1,38 millones de onzas de oro y 85,1 millones de onzas de plata (73,1 millones de toneladas de clasificación 0,59 gramos por tonelada de roca de oro y 36,3 gramos por tonelada de plata).
Siete años después de que esta comunidad empezó una batalla judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio el miércoles pasado la razón al invalidar las autorizaciones que dio el gobierno federal sin realizar antes una consulta a la comunidad indígena.
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La primera sala de la Corte dejó “insubsistentes” las concesiones, como proponía el proyecto de sentencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El tribunal confirmó que deberían haber realizado una consulta previa al tratarse de una comunidad indígena, como mandata la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo firmado por México.
La Minera Gorrión no podrá extraer ni oro ni plata en Ixtacamaxtitlán, vía las concesiones que les fueron otorgadas en 2003 y 2009.
Sin embargo, los ministros determinaron que la Ley Minera es constitucional al negar el amparo 1143/2021 en el que Nicéforo Lobato, Fidencio Romano y Leoncio Lobato, integrantes del comisariado ejidal Tecoltemi, solicitaban anular cuatro artículos de dicha ley.
El proyecto rechazaba la inconstitucionalidad de la Ley Minera porque la Constitución reconoce la potestad exclusiva de la federación para aplicar las modalidades que resulten necesarias para el aprovechamiento de los recursos minerales.
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La comunidad indígena inició la batalla legal y la defensa de su territorio desde 2015, luego que conocieron el proyecto a través de Fundar y Tiyat Tlali, organizaciones que les ayudaron mediante solicitudes de información.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Economía, en su momento argumentó que la consulta se realizaría hasta que se conociera a detalle el programa de explotación y no solo por la expedición de los títulos de concesión, lo cual se vino abajo con el proyecto de sentencia que manifiesta que es obligatoria la consulta indígena por normas y precedentes internacionales en torno a estos casos.
La ONG Fundar asegura que la Ley Minera vigente es la más permisible en la materia en América Latina, uno de los impactos más negativos de las extracciones de minerales en las comunidades indígenas, es que atenta contra la vida comunitaria, y el cambio de uso de suelo, que daña biológicamente a la tierra y sus actividades productivas.
El amparo interpuesto por los comisariados ejidales se basó en cuatro artículos de la Ley Minera, como el 6 que manifiesta que “la exploración, explotación y procesamiento de los minerales debe preferirse sobre cualquier otra actividad que las comunidades desarrollen para subsistir y cuidar sus territorios, con lo que se niega a los pueblos indígenas su derecho y preferencia sobre las actividades que realicen”.
Actualmente el gobierno presionó a la Corte para que declarara inconstitucionales los cuatro artículos al considerarlos “discriminatorios”. La Secretaría de Medio Ambiente y otras dependencias federales emitieron dos comunicados en un mes.
Pese a esta postura crítica, la mayoría en el Congreso de Morena no ha impulsado modificaciones a la legislación en tres años y medio. Algunos de sus integrantes están ligados al sector minero, entre ellos los senadores Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, y Armando Guadiana, empresario dueño de minas de carbón y quien tiene intereses en Puebla.
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Además de la crisis económica generada por la pandemia, la minería mexicana debe hacer válida la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no dar más concesiones y su propuesta de nacionalización del litio, mineral utilizado en las baterías eléctricas.
En 2020, el sector minero registró un incremento en el valor de su producción, de 11 mil 855 millones de dólares en 2019 a 13 mil 095 millones de dólares.
Una investigación de Inteligencia advertía hace dos años sobre Ixtacamaxtitlán que “parece ser el teatro de guerra entre diversos intereses transnacionales que se han embarcado con, al menos un cártel de la delincuencia organizada para generar negocios que llaman la atención, por la extensión de la superficie involucrada”, lo que estaba en conocimiento de los niveles de gobierno.
Por lo pronto, la minería en Puebla dará un vuelco y el proyecto económico que se basó en su explotación cambiará radicalmente en el corto plazo porque concesiones otorgadas por el gobierno federal suman decenas, la mayoría en poblaciones indígenas.
De las anécdotas que se cuentan
Por si no fuera suficiente con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ya lanzó un grito a la comunidad internacional por una crisis que se avecina, a raíz de emplear cubrebocas y guantes desechables.
La Organización calculó en 87 mil toneladas métricas, el desecho de tales equipos de protección personal, que se emplearon entre marzo 2020 y noviembre 2021.
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Pero, hay que tener cuidado, esos números solo se refieren a los equipos de protección personal de los que la Organización tuvo conocimiento, así que la cantidad total debe ser astronómicamente superior.
Otra cifra que pone a pensar es el número de jeringas y agujas desechables empleadas en la pandemia, tanto en los tratamientos médicos como en la vacunación, la Organización calculó unas 144 mil toneladas.
¿Quiénes manejan esa clase de desechos claramente contaminantes?
Pues, según las declaraciones de la OMS, hay un riesgo para los trabajadores de la salud. Sin embargo, pensando en el caso mexicano, quienes también pagan esa factura son los pepenadores y sus familias.
También son severamente agredidos por esa clase de desechos, los trabajadores de los servicios de recolección de basura y hasta los vecinos de los basureros, considerando la magnitud de lo recogido en las calles de las ciudades, todos los días.
No se trata de satanizar a los cubrebocas desechables, sino de alertar a las autoridades a que generen acciones para administrar debidamente su eliminación.
Ya se sabe lo que pasa si no hay recolección de basura; ahora, lo que hay que ubicar es el riesgo que estamos creando en torno a los trabajadores de este ramo vital para cualquier ciudad.
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*ARD