El auto que no existe. Hace días, la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó los primeros avances de los autos eléctricos Olinia que serán hechos en México, concretamente en una planta en Puebla.
Sin embargo, no informó sobre un sinnúmero de temas esenciales respecto al ensamblado del automóvil, pero eso sí, ya se sabe cuánto costará y qué modelos habrá, dejando una duda, si no se tiene cuantificado el valor de la inversión de la planta manufacturera, ¿cómo pudo calcularse el costo del automóvil?
En ese tenor, hay una serie de elementos que en conjunto hacen pensar que Olinia es un buen deseo, que parece ser características de los gobiernos morenistas. Los elefantes blancos que ordeñan al erario federal.
El presupuesto. La información ofrecida a los medios el pasado 6 de enero, no fue más allá de que el Instituto Politécnico Nacional y al Tecnológico Nacional de México fueron seleccionados para el desarrollo de la tecnología de los vehículos.
La construcción y desarrollo de una planta armadora de autos eléctricos como Olinia, requerirá una inversión promedio de 1 mil millones de dólares, de acuerdo con la Asociación de Movilidad Eléctrica en México (AMIVE).
Francisco Cabeza, presidente de la AMIVE, informó que “habrá que considerar muchos factores, sin embargo, a nivel mundial para hacer una fábrica greenfield que produzca entre 50 mil y 100 mil vehículos, podrían ser entre 500 y mil millones de dólares”.
No parece tener mucha conexión el recurso gubernamental asignado al proyecto de Olinia de 25 millones de pesos para 2025, con 1 mil millones de dólares para emprender la planta de producción. ¿Acaso esos 25 millones en realidad son el presupuesto de la oficina de Roberto Capuano, director del proyecto?
No se identifica la pertinencia de gastar dinero que no hay en las arcas federales, para inventar un auto que requerirá dinero a saco roto, considerando otra sangría presupuestal, la del Mundial de Futbol 2026.
La Norma. La Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 detalla qué características deben tener los vehículos ligeros que se vendan en México y se enfoca en las medidas de seguridad, por ejemplo: frenos ABS, dos bolsas de aire (mínimo), cinturones de seguridad de tres puntos, monitoreo de presión de llantas y anclajes para sillas de bebé.
Se comenta que, si estos vehículos no pueden cubrir los requerimientos de la NOM, es probable que no los vendan como “carros” sino como motocicletas y mediante ciertas lagunas en la ley, podrían ser registrados en esa forma, cumpliendo en apariencia con las especificaciones mínimas de seguridad.
Cabe preguntarse si en un ambiente como el de la 4T, habrá la certeza de que el gobierno federal se supervise a sí mismo respecto al cumplimiento de una NOM que detendría el avance de la producción de un auto, si no respeta las especificaciones de seguridad.
La respuesta es que el gobierno federal no se pondrá el pie a sí mismo, sino que dejará el campo libre para la producción de un auto que tiene muchas preguntas sin resolver en materia de seguridad. Y si algo falla, echará la culpa a los proveedores.
Los baches y las recargas. Dos son los elementos que podrían constituir el Waterloo operativo de estos autos eléctricos. Los baches en todo el país y la falta de infraestructura para la recarga de las baterías. En el caso del primero, cualquiera que tenga un auto eléctrico sabe que, si la zona en la que se encuentran las baterías roza con un bache, habrá problemas.
Los baches, que se cuentan por centenas de miles en todo el país, son los enemigos jurados de cualquier batería de un automóvil. Si no hay calles pavimentadas, los autos que circulen por ellas generarán un sobrecosto en reparaciones y refacciones que, al juntarse con miles de clientes, producirán una avalancha de quejas con los distribuidores de autos.
Por lo que se refiere a los centros para recargar la batería, es sabido que no hay infraestructura suficiente en el país. Siguiendo con las ocurrencias, ya se escuchan voces diciendo que, en las inmediaciones de las sucursales de Bancos del Bienestar, se instalen dichas unidades.
Considerando la cantidad de casos de corrupción que se han dado respecto a estos Bancos, incluyendo hasta la compra de los cajeros automáticos, la duda asoma: ¿quién se encargará de asegurarse que esas centrales de recarga de baterías cumplan con leyes que eviten explosiones y accidentes en los usuarios?
La planta. El encargado del proyecto, Roberto Capuano, informó que los tres modelos se esperan lanzar para el final del sexenio 2024-2030.
El gobierno decidió que en Puebla se ubicara la planta de Olinia y no abona a la certeza lo dicho por Capuano de que “estaremos operando centralmente desde la Ciudad de México, pero no tendremos como tal una oficina. Para la armadora se realizan análisis con tal de encontrar el lugar idóneo, por eso se habló de armadoras regionales”, al final en el Plan México se establece que la sede sea la entidad poblana.
Un precio como el que se dijo, sin esperar una recuperación de la inversión en cierto tiempo, anuncia un elefante blanco, considerando que el precio al público del automóvil no está calculado para recuperar una inversión, sino una parte de ésta y lo demás seguirá subsidiado.
El “encargado”. Otro punto sombrío es el propio encargado, Roberto Capuano Tripp, quien trabajó como director del Metrobús y asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, distinguiéndose por haber favorecido en ambos organismos a dos empresas con contratos que suman más de 72 millones de pesos, Grupo Conyurba y Omival, que lo mismo firmaban contratos para pintar muros que rehabilitar pozos de agua.
Dicen los que saben que Capuano, al no tener idea de cómo se fabrica un auto eléctrico, en realidad está fungiendo como enlace entre las universidades que están diseñando al armatoste, pero no tiene cómo emitir una opinión técnica.
Y es un túnel oscuro el mundo de intereses que se conjugarán para ser proveedores de distintas partes del automóvil, no se diga de la red de distribuidores, de los centros de recarga de baterías y de los centros de mantenimiento en todo el país.
Todos estos elementos indican que Olinia no funcionará como un modelo de clase mundial en transporte sino como un proyecto que generará inversiones para el vertedero.
Se cuentan por centenas a las inversiones que gobiernos de todos los colores han hecho y que resultaron un desastre, por la elemental razón de que no se puede ser experto en todo y pretender producir y comercializar cuando eso es misión del ámbito privado.
El Estado, considero, debe regular, no hacerle al empresario.
Ojalá me equivoque.
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*ARD