Fiscal forever
Carlos Zamarripa Aguirre, fiscal de Guanajuato, dejó el cargo a partir del primer minuto del 1 de enero de 2025, tras permanecer como titular de la Fiscalía General del Estado por la friolera de 15 años ininterrumpidos.
El abogado Zamarripa presentó su renuncia voluntaria el 27 de septiembre de 2024, con efectos a partir del 1 de enero de 2025. Se retiró por decisión propia cuatro años antes de concluir su gestión, ya que dejaría el cargo hasta 2028.
Fue nombrado procurador estatal en 2009, durante la administración de Juan Manuel Oliva Ramírez y se mantuvo en el cargo con los gobernadores Miguel Márquez (2012-2018) y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024).
En 2019, tras la reforma constitucional que transformó las Procuradurías en Fiscalías Generales, Zamarripa fue designado por el Congreso del Estado como el primer fiscal general del estado de Guanajuato.
Durante su gestión, con un promedio de 2 mil 500 asesinatos anuales, la entidad ha vivido una sangría interminable por la guerra que libran el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Zamarripa será recordado por modificar al Reglamento Interior de la Fiscalía General del Estado, para asignarse una pensión vitalicia de 147 mil pesos mensuales, sin omitir que, en junio de 2024, el Congreso del Estado aprobó la designación de Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, esposa de Zamarripa, como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa para un período de 10 años.
La nueva gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, informó la designación de Zucé Anastasia Hernández Martínez como relevo de Zamarripa en forma provisional en lo que el Congreso de Guanajuato realiza la designación definitiva.
Zucé Anastasia Hernández fue agente del ministerio público, jefe de zona, directora de control de procesos, subprocuradora de atención especializada y fiscal especializada en Materia de Derechos Humanos.
La Constitución Política del Estado de Guanajuato establece que la gobernadora puede designar a un fiscal provisional, mientras el Congreso del Estado elige a cinco candidatos, que serán propuestos a la jefa del Ejecutivo estatal.
Así, la gobernadora elegirá una terna, que será enviada al Congreso para que designe al nuevo fiscal. Con todo, se dice que el próximo fiscal de Guanajuato podría ser de otro estado del país porque, Libia García movió sus piezas para que se reformara el artículo 95 de la Constitución Política y así eliminar el requisito de ser guanajuatense de nacimiento.
Es evidente que el movimiento al artículo 95 trae dedicatoria por parte de la gobernadora. Con todo, hay una buena noticia: en ese cabildeo, el Congreso aprobó que el fiscal pueda ser removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo por falta de resultados.
El nombre de Renato Sales Heredia, ex comisionado nacional de Seguridad y ex fiscal de Campeche, suena con fuerza para llegar a Guanajuato como nuevo fiscal.
Que llegue quien tenga que llegar, pero que en verdad trabaje en beneficio de los guanajuatenses que viven asolados por la guerra caníbal entre dos cárteles.
De las anécdotas que se cuentan
El nuevo fiscal de Investigación Metropolitana de Puebla no es un abogado más, tiene experiencia e historia personal.
Oswaldo Jiménez Juárez, quien se postuló para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuenta en su currículo vitae la recomendación VG127/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por torturar a Brenda Quevedo Cruz, imputada por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, para que obtener una declaración inculpatoria.
Jiménez es licenciado en Derecho, en 2016 trabajó en la Procuraduría General de la República, en el área de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Drogas.
De 2017 a 2019, cobró en la sede que la PGR tenía en Bogotá, Colombia. Además, entre abril y septiembre, fue director de área en la Fiscalía General de la República.
Según una investigación del periódico digital E-Consulta “en Google hay varias menciones acerca de este funcionario que estuvo involucrado en la tortura de uno los secuestradores del hijo de Isabel Miranda de Wallace y que por eso incluso la CNDH le emitió una recomendación”.
Además “en un reportaje de La Silla Rota, señalaron a Oswaldo Jiménez, quien era director general de la Fiscalía de Investigación Territorial en Xochimilco, como uno de los servidores públicos que actuaron con negligencia por el caso de Fátima, menor que fue reportada como desaparecida y encontrada sin vida en la Ciudad de México en febrero del 2020.
“Un año después, lo despidieron de la Fiscalía de la CDMX porque, al negarse a iniciar una investigación en contra del padrastro de una menor de edad, quien fue víctima de abuso sexual, acusó a un perro de violación”.
A partir de hace unos días ocupa una de las fiscalías importantes de Puebla.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto
*ARD
