El inicio. Corría mayo de 2018 y el dueño de la Casa de Cambio Tiber, el mexicano Carlos Djemal Nehmad fue condenado en Nueva York a seis años y cuatro meses de prisión. Fue la pena asestada al también socio del banco InvestaBank por haber preparado un fraude contra el gobierno de México por 20 millones de dólares, en devoluciones irregulares de impuestos.
Los motivos para el encarcelamiento de este personaje fueron explicados por el fiscal federal Geoffrey Berman: Djemal transfirió poco más de 100 millones de dólares a bancos estadounidenses, provenientes de docenas de empresas fachada registradas en México y Estados Unidos.
Tales dineros habían ido acumulándose desde 2011 hasta 2016, defraudando al gobierno mexicano con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y para ello inventó un catálogo de empresas fantasma vinculadas a la venta de teléfonos celulares que operaban los documentos de exportación.
El valor de los teléfonos era inflado y así fue obteniendo reembolsos del IVA, que comenzó a enviar a Estados Unidos, inclusive hasta el distrito Sur de Nueva York. Djemal pagó una multa de 21 millones de dólares, entregando efectivo, obras de arte y sus acciones en Investabank.
Éste es el detonador de la historia de Accendo, el banco quebrado en el que el gobierno del estado de Puebla perdió más de 600 millones de pesos.
La licencia de InvestaBank fue comprada en 2018, a precio de remate por Javier Reyes, CEO de Private Equity CP SAPI de CV, donde apenas posee el 1.8 por ciento del capital social pero el grupo de control incluye a sus hermanos, Luis Ricardo y Óscar Alonso, su señora madre Rosa María y su suegro, Abraham Sharfen Pria, dueño de COFORMEX, una empresa de servicios de impresión ubicada en la colonia Agrícola Oriental en la Ciudad de México y de gran influencia en este ramo.
Así, el clan Reyes se quedó con el 67 por ciento del capital social de Grupo Accendo S.A.P.I., la controladora del 99 por ciento de las acciones de Accendo Banco.
El dinero para comprar InvestaBank no fue puesto específicamente por Reyes sino por un inversionista, Moisés Cosío Espinosa, hijo y heredero de Moisés Cosío Ariño, accionista de Banesto, Bancomer y Telmex.
El nombre de Accendo no es nuevo: Accendo Capital Group es el nombre que llevaban las oficinas de la sede financiera de Cosío en Miami.
Cosío Espinosa puso el dinero y los Reyes de la Campa, la gestión. Se dividieron los cargos directivos y comenzó la diversión, entre otras cosas porque hacían financiamientos arriesgados.
Contador público, Óscar Alonso Reyes de la Campa fue director de Administración y Control de Gestión en Accendo, al tiempo que Luis Ricardo Reyes de la Campa, economista, fue director de Banca Corporativa.
La borrachera. Entre 2018 y 2019, en Accendo se hicieron de los servicios de una facturera emblemática en México, Recursos Financieros Kerala SA de CV, también empleada para saquear a la Cooperativa Cruz Azul.
En junio de 2020, el exdirector financiero y la extesorera general de la Cooperativa Cruz Azul denunciaron ante la Fiscalía General de la República cómo el director de aquella organización, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, habría desviado más de 191 millones de pesos de esa compañía, utilizando un esquema de empresas fantasma.
De acuerdo con lo declarado por ambas personas, Álvarez Cuevas ordenó el pago de facturas de al menos 15 empresas sin que prestaran servicios a la cooperativa. La declaración apunta que entre el 2015 y el 2019 cobraron, sin dar ningún servicio a la afectada las siguientes empresas: Capital Humano y Financiero Ámbar, Attar2715, Aura Desarrollo Social, Servicios Profesionales BAAL, Corporativo Facundia, Hesperia Imagina, Recursos Financieros Kerala, Margen Asesores, Desarrollo Social Versany, Argema Consultores, Grupo Empresarial Alpeguso, Grupo Social Cibet, Consultoría Socialem, Viden Consultoría y Zetila.
El monto de las facturas que se pagó a esas empresas fantasma fue de 191 millones 768 mil pesos. En la declaración se asentó que a Recursos Financieros Kerala se le habrían transferido de manera irregular, alrededor de 180 millones de pesos.
El desastre, imparable. Ante el lodazal en Accendo Banco y la falta de respuestas por parte de su socio, la paciencia de Moisés Cosío se colmó y el 29 de enero de 2020, demandó a Reyes ante el Juzgado 62 Civil del Ciudad de México, incluyendo a sus hermanos, su señora madre y claro, Accendo mismo.
Pasaron unos pocos meses y el 9 de septiembre de 2021, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, informó que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores votó para revocarle su licencia, por “la repetida falta de cobertura de liquidez por debajo del mínimo requerido, una condición única en el país que sólo afectaba a este banco”.
El 22 de septiembre de 2021, Accendo Banco recibió el ultimátum: realizar ajustes contables por un total de 1 mil 013 millones de pesos y la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de los hermanos Reyes de la Campa. Francisco fue detenido el 6 de junio de 2022, pero en menos de una semana salió libre con un amparo.
Las deudas. A 2023, según la liquidación judicial expediente 308/2021 elaborada por el juzgado décimo primero en materia civil de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación elaborada el pasado 9 de marzo de 2023, Accendo tiene una lista de 407 acreedores en total, de los cuales, 15 son entidades de gobierno, entre ellas Puebla.
El total es notable: 5 mil 840 millones 982 mil 324 pesos. La lista de acreedores inicia con 30 millones 626 mil pesos de sus propios trabajadores por sueldos y salarios caídos, así como 7 millones 933 mil pesos en créditos laborales. Después, vienen las obligaciones a un acreedor por 1 mil 314 millones 991 mil 992.73 pesos y, 3 mil 450 millones 590 mil 211.95 pesos a 65 acreedores. En total, son 3 mil 041 millones de pesos a instituciones de gobierno.
Con todo, se ha sabido que algunas esculturas, obras de arte y equipos de oficina han sido subastados por Hilco Global de México.
Mientras esos millones están en la lista de pendientes, los hermanos Reyes de La Campa se siguen moviendo en su nuevo objetivo, las Fintech.
El juicio en Miami. Moisés Cosío Espinosa tiene otros frentes abiertos, entre los que destaca uno de sus asesores financieros de toda la vida, Iñigo Domenech, antiguo banquero de Citi, Credit Suisse Group AG Citibank y Morgan Stanley, a quien Cosío lo ha perseguido penalmente por presuntamente, hacerse indebidamente de docenas de millones de dólares.
En algún momento administrador de fondos de Cosío por unos 500 millones de dólares, Domenech ha negado todas las acusaciones y siguen trenzados en un pleito legal en los Estados Unidos del que parece que no tendrá fin.
Mientras tanto, Francisco Javier Reyes de la Campa sigue como miembro del Consejo de Administración de Core Gold, Inc., Sabadell Capital SA de CV y Goldgroup Mining, Inc. y Gerente de Antares Oil & Gas Fund LLC.
La historia no parece terminar pronto y queda claro que hay más de un culpable.
De las anécdotas que se cuentan
Los panistas Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth, compañeros en el Senado del morenista Luis Miguel Barbosa, fueron quienes intercedieron para que el gobierno de Puebla invirtiera más de 600 millones de pesos en Accendo Banco.
El monto de los intereses era atractivo y “justificaba” la inversión, que con el tiempo se perdieron por la quiebra de Accendo.
¿Hubo ganadores? quizá.
Perdió Puebla cientos de millones de pesos, que nadie garantiza que recuperará.
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*ARD