El panorama no luce esperanzador, según el Directorio Estadístico de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Puebla operan 26 centros de rehabilitación privados para las adicciones.
De por sí preocupante una cantidad tan pequeña de instalaciones, tampoco ayuda el que la mayoría son lugares improvisados, por decir lo menos. Si a lo anterior se agrega que el narcomenudeo crece aceleradamente en la entidad, las cosas se complican.
Las instalaciones censadas por el INEGI son diversas, desde grupos confesionales hasta organizaciones especializadas.
Con todo, si el problema se limitara a los 26 espacios mencionados, es supervisable, pero no puede dejarse a un lado el que hay una gran cantidad de anexos clandestinos, en los que nadie sabe qué ocurre.
También habrá que considerar que en algunos de ellos puede encubrirse actividad delictiva de alto impacto, como ya quedó evidenciado en el caso de un Anexo en Amozoc en el que recientemente ejecutaron al encargado, adentro de su propia oficina.
Revisando la versión actualizada del directorio de establecimientos especializados en el tratamiento de las adicciones en modalidad residencial reconocidos por la CONADIC en Puebla, solo hay dos: “Grupo Encuentro de Drogadictos Anónimos A.C. Puebla Ayuda Mutua” y, el Centro Estatal de Salud Mental.
Uno de los mayores problemas que aquejan a los usuarios de esta clase de instalaciones es la intermitencia en los tratamientos farmacológicos que lleguen a recibir, sin omitir de qué clase de medicamentos se trate o peor aún, si son apropiados para los padecimientos que tienen, sin omitir que no hay manera de saber si son médicos calificados los que ahí atienden.
En ese sentido, la autoridad tiene frente a sí tres retos:
Obligar a los dueños de esa clase de establecimientos para que formalicen su actividad y trabajen con técnica, no experimentando con seres humanos.
Implementar protocolos de atención diferenciados, que consideren la edad de los usuarios, sus antecedentes clínicos y nivel de riesgo, ya que algunos de ellos traen consigo hasta amenazas de otros anexados que pueden poner en peligro a los demás.
Y, establecer rutinas de monitoreo y vigilancia a esta clase de instalaciones, revisando que operen conforme lo indican distintas legislaciones federales.
En todo esto debe quedar claro que clausurar Anexos a diestra y siniestra no es la solución, sino vigilar que cumplan con el marco de ley y claro está, que se mantengan lejos de actividades criminales que curiosamente han sentado sus reales en esos lugares.
Anexarse es la opción para innumerables personas que están perdiendo la batalla contra las adicciones y es misión del Estado vigilar que aquellos que dicen tener las credenciales para ayudarles, no terminen siendo un obstáculo insalvable en su recuperación.
De las anécdotas que se cuentan
Duele Sinaloa. La noche del pasado 27 de octubre, pobladores y visitantes de Mazatlán alertaron a las autoridades por una persecución y enfrentamiento a disparos entre dos grupos criminales, presumiblemente de los hermanos Guzmán y los leales a Ismael Zambada.
En plena zona turística iniciaron los disparos y la gente se refugió en casas y comercios. Y el 29 de octubre se señaló en redes sociales que había sido secuestrado un autobús sobre la autopista Mazatlán-Durango, cerca del túnel El Sinaloense.
Se dice que al autobús de la empresa Ómnibus le cerraron el paso y los sicarios bajaron a los 40 pasajeros, para llevarse a la unidad y al operador.
Frente a semejante escenario, el gobernador de Durango, Esteban Villegas soltó: “si fuera alguno de mis hermanos o mis hijos yo les diría que ahorita no fueran y no por la carretera, por lo que ya pasó en Mazatlán. Yo creo que hay que tener ahorita un poquito de cuidado”.
“Me duele mucho porque Mazatlán para nosotros es como una comunidad más u otra ciudad de Durango. Nosotros queremos mucho a Mazatlán. Nos duele no poder ir o que nuestra gente no pueda ir, pero confío en que la autoridad federal y estatal van a poder solucionar este tema rápido”, señaló el gobernador.
Con casi 300 homicidios dolosos desde que inició la guerra entre Los Menores e Ismael Zambada, el gobernador Rubén Rocha Moya consideró que fue “mala onda del gobernador Villegas que ande convocando a eso, no hay absolutamente nada. Mazatlán está blindado y no tienen ningún problema los duranguenses para venir; no tiene razón, no es de compañeros gobernadores hacer ese tipo de convocatoria”, señaló Rocha.
Dicen los que saben que Rocha Moya pende de un hilo porque literalmente, ninguno de los que podría sucederlo quiere tomar el cargo.
Como sea, la situación en Sinaloa está agravándose y tarde o temprano llegarán peores situaciones para el estimado pueblo sinaloense.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto