Genaro García Luna fue condenado en Estados Unidos a poco más de 38 años de prisión por distintos delitos vinculados con narcotráfico, bajo la lógica judicial estadounidense de que recibió millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa.
El juez Brian Cogan, ya viejo conocido de cárteles y policías mexicanos, condenó a García Luna a 460 meses de prisión y una multa de 2 millones de dólares. García Luna es culpable de “participar en una organización criminal continua”, “conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína” y, “declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses”.
Su abogado, César de Castro, informó que apelará la resolución del juez Cogan. Como era de esperarse, el gobierno federal mexicano se ha regodeado con la condena que ha recibido la mano derecha de Felipe Calderón, quien por cierto apenas hizo algún pronunciamiento, tras un inexplicable mutis de años.
Con todo, hay que ver varios elementos más allá de las ocurrencias mediáticas oficialistas en México y que dan a entender que esto no ha terminado.
García Luna no fue sentenciado a cadena perpetua, sino a 38 años de cárcel, lo que permite pensar que ese lapso seguramente será negociado en el futuro.
El pago que debe hacer, 2 millones de dólares, no parece compararse con los 1 mil millones de dólares que cubrió el hijo de Ismael Zambada o los más de 14 mil millones de dólares del propio Ismael, según cálculos del Departamento de Justicia.
César de Castro, presentará una apelación contra el veredicto del jurado, considerando que en el proceso se habían cometido por lo menos ocho violaciones a las Obligaciones Brady, que, poniéndolo en palabras llanas obliga a que quien declare, entregue pruebas que confirmen su dicho.
El comportamiento de Cogan señala que los mismos testigos que dijeron todo lo que se les ocurrió sobre García Luna no ofrecieron ninguna prueba que comprobara su dicho, por lo que es un hecho que serán reciclados en nuevos procesos judiciales contra otros mexicanos.
García Luna ha señalado por medio de su abogado que las autoridades estadounidenses le ofrecieron beneficios a cambio de que dijera un sinnúmero de cosas en contra de Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero él se rehusó.
Si se combinan los elementos anteriores, todo señala que la condena es irreal. Si no lo enviaron a cadena perpetua y le impusieron una bicoca de pago, es evidente que la Corte está presionándolo para que se convenza de una vez por todas de que debe hacerse testigo cooperante y decir lo que le digan.
García Luna no podría ser testigo protegido sino cooperante. La diferencia radica en que el primero tiene una nueva identidad, un domicilio y una actividad nueva además de que puede conservar una parte de su dinero, mientras que el segundo apenas y puede aspirar a quedarse con algo de su fortuna personal.
En ese sentido, García Luna va en ruta de colisión a estrenarse como testigo estrella en la formulación de acusaciones contra expresidentes y políticos mexicanos de los últimos 24 años, al menos.
El ex policía cerrará la pinza con Ismael Zambada. Juntos harán un trabuco de acusaciones y testimonios que en el corto plazo solo anuncian una certeza.
Más de un personaje mexicano pensará dos veces si viaja a los Estados Unidos y no termina siendo detenido en el aeropuerto.
Es la bruma que envuelve un proceso judicial al menos extraño.
De las anécdotas que se cuentan
No eran ni las 8 de la mañana de ayer, domingo 20 de octubre, cuando dos moto sicarios ejecutaron al sacerdote, Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Apenas terminaba de oficiar misa cuando fue asesinado.
Pérez Pérez se desempeñaba como presbítero de la iglesia de Guadalupe en San Cristóbal y había sido párroco de Simojovel. Se le recuerda porque participó durante el levantamiento armado del grupo paramilitar El Machete en Pantelhó en 2021, donde se dio la desaparición de 21 personas.
En ese tenor, se piensa que sus ejecutores forman parte de Los Herrera, enemigos jurados de El Machete, siendo éstos últimos un grupo paramilitar nacido en el municipio de Pantelhó con el aparente propósito de plantarle cara al crimen organizado que azota aquel lugar.
Por lo que se refiere a Los Herrera, también se trata de un grupo paramilitar que, se dice que cuenta con el beneplácito del gobernador Rutilio Escandón. Se estima que este grupo está integrado por unos 300 hombres.
La pugna esencial estriba en que El Machete se hizo del control territorial de Pantelhó en 2021 y Los Herrera quieren recuperarlo a como dé lugar.
Así, todo indica que la ejecución del presbítero forma parte de un capítulo más del drama que vive el estado de Chiapas, azotado por la delincuencia organizada.
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*ARD
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