Puebla, Pue. Después de nueve años de lucha jurídica por el predio “El Huejote”, ubicado en Huejotzingo, que tiene una extensión de 6 mil 300 metros cuadrados y a pesar de contar con una sentencia de restitución de la propiedad emitida el 13 de diciembre de 2018 por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito hasta la fecha las autoridades judiciales no han ejecutado dicha orden, situación que causa afectaciones al propietario legítimo del mencionado terreno y grandes beneficios para quien invadió y despojó, denunció Francisco Rivera Gómez.
En rueda de prensa el afectado solicitó a los integrantes del Poder Judicial que actúen y apliquen la ley y de una vez por todas retornen el predio a su legítimo dueño, quien cuenta con todos y cada uno de los documentos, testimonios y dictámenes técnicos de la Fiscalía General de Justicia que lo avalan como propietario, asimismo dejen de dilatar y “ajustar” la ley para beneficiar a Adolfo Escamilla Pérez, quien lo despojó del terreno.
Rivera Gómez denunció que ha dedicado los últimos 9 años en tratar de recuperar lo que por derecho es suyo, cuenta ya con un desgaste económico, ha visto mermada su salud y su estabilidad debido al despojo que hizo Adolfo Escamilla Pérez, bajo el amparo de autoridades de Catastro, Desarrollo Urbano, Jurídico, y Contraloría del municipio de Huejotzingo, así como notarios públicos y personal del Registro Público de la Propiedad y posteriormente con la protección de jueces, magistrados e integrantes del Poder Judicial.
Lo que se sabe de Escamilla Pérez es que es un “empresario” del Estado de México, que se dedica al reciclado de plástico y a quien le resultó “conveniente” la ubicación del predio y pese a saber que no es de su propiedad hace 9 años (en octubre de 2015) instaló su empresa de manera arbitraria y en menos de seis meses construyó una nave con el apoyo del entonces presidente municipal, Carlos Morales Álvarez, y autoridades del área de Catastro, Desarrollo Urbano, área jurídica.
Cabe mencionar que Adolfo Escamilla Pérez ya tiene una orden de aprehensión, una más de reaprehensión y un auto de formal prisión, emitidas por las autoridades competentes que no se han ejecutado a pesar de que la Fiscalía General del Estado ha cumplido con la labor que le corresponde desde que se inició con este proceso, sin embargo, una vez que todo este asunto pasó a ser competencia del Poder Judicial todo se ha atorado y se le dan largas.
Finalmente, enfatizó que es necesario destacar que Francisco Rivera cumplió de manera puntual con el pago de impuestos correspondientes, tales como el predial y las cargas municipales obligatorias, esto hasta antes de que se cometiera el delito de despojo de su predio, pero, una vez que se instaló la nave industrial se incrementó exponencialmente.