En el país no hay un registro exacto, pero se calcula que uno de cada diez mexicanos de 20 años y más viven con diabetes, es decir 14.3 millones, de estos solo 9 millones tienen un diagnóstico confirmado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022.
Para un millón de pacientes la insulina es su único tratamiento, sin embargo más de 200 mil la suspendieron en algún momento porque el gobierno dejó de surtir las recetas o porque el costo en farmacias privadas es tan elevado que se puede llevar hasta el 30%, en promedio, de sus ingresos familiares, según estimaciones de diferentes organizaciones.
La falta de datos básicos sobre esta pandemia limita la generación de nuevas políticas públicas que inciden directamente en el tratamiento, incluyendo el costo y el uso de diferentes tipos de insulina.
“A este gobierno no le ha interesado disminuir la prevalencia de la diabetes. En 2021 prácticamente no hubo insulina glargina -una de las más usada por el sector salud-”, asegura la doctora Sarah Rebeca Rosales, Presidenta del Consejo Consultivo de la Federación de Educadores en Diabetes de México A.C. (Fedm).
“La Ensanut se hace cada cuatro años y toma en cuenta sólo a los de 20 años y más, hay una población muy grande que no sabemos si tiene diabetes”, dijo la doctora Rosales.
Esta enfermedad podría poner en jaque al sistema de salud en México, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en 2019 la prevalencia de diabetes en México fue de 16.8% y las estimaciones de 2022 la ubican en 22.1%, esto podría traducirse en que es probable que 28.1 millones de mexicanos tengan esta enfermedad y que cada vez un mayor porcentaje requiera el uso de insulina.
Para una institución como el IMSS, en donde se atiende el 50% de los derechohabientes en México, según datos de Inegi hasta 2020, la diabetes representa el padecimiento más costoso: se gastaron 50 mil 619 millones de pesos en tratamientos tan sólo en 2022.
A pesar de este gasto que parece tan elevado, el desabasto de insulina es una constante en las clínicas del sector salud del país y si este falla, un paciente que vive, por ejemplo, en la Ciudad de México tiene que pagar desde 700 pesos mexicanos (US$35), si compra tan solo un frasco de insulina humana, hasta 2 mil 161 pesos mexicanos (US$109.14) en caso de adquirir insulina glargina, de acuerdo con datos del portal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Esto sin tomar en cuenta el resto de las compras para tener el control de la glucosa, ya que el Estado no le brinda a los pacientes con diabetes ninguno de estos elementos extra para el cuidado de salud.
Los costos tan altos de la insulina y el desabasto que existe en diferentes clínicas del sector salud han dejado desprotegidos a los pacientes con diabetes en México. Al mismo tiempo, esta epidemia ha sido un gran negocio para tres laboratorios a nivel mundial: Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi Aventis. En México se suma uno más: Laboratorios Pisa.
Estas farmacéuticas concentran el 44% de las compras que ha hecho el IMSS, Issste, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Salud y Petróleos Mexicanos (Pemex), de 2018 a 2023, en materia de insulina.
En el 45% de los mil 840 registros que se obtuvieron no se logró determinar el laboratorio fabricante, por lo que solo se tiene la certeza de que casi la mitad del mercado está controlado por estas cuatro grandes empresas.
A pesar de que la insulina es un medicamento que se incluye en las compras consolidadas que hace el Estado desde 2020 con el objetivo de obtener mejores precios, la estrategia provocó que las instituciones públicas hicieran sus compras por su cuenta y con poca anticipación, de acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Los datos obtenidos vía transparencia muestran que no se consiguió dicho ahorro. En 2020, año en el que comenzó este método de compras, las seis instituciones de salud adquirieron 22 millones de unidades de insulina por un total de mil 221.3 millones de pesos, para 2023 la cifra de este medicamento bajó un 32%, sólo se compraron 14.9 millones de unidades, pero el monto final que pagó el gobierno estuvo por encima de las cifras de 2020, fue de mil 447.9 millones de pesos.
*ARD