La capital y el estado, vivieron esta semana horas de agobio por la incomunicación terrestre.
Desde el martes pasado, protestas sociales bloquearon coincidentemente la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 70, la carretera federal a la capital del país, la federal México-Veracruz, la carretera de paga a la Sierra Norte de Tlaxco al Tejocotal e incluso el Arco Norte.
Había alternativas y corridas de camiones que, en lugar de hacer un viaje a la Ciudad de México en dos horas, tardaron cinco horas, generando problemas e inconformidad de los usuarios, que son víctimas sin culpa.
Como también los son los conductores y usuarios de camiones y autos que quedaron atrapados en ambos sentidos a la hora del bloqueo de más de 48 horas y que fueron asaltados y robados mientras estaban varados.
La Cámara Nacional de Transporte de Carga indicó que el bloqueo en la México-Puebla, así como en el Arco Norte a la altura del kilómetro 74 efectuado por ejidatarios de Tlahuapan, ha dejado pérdidas estimadas en casi 4 mil millones de pesos diarios.
Desde Palacio Nacional, el pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reprimir a ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, tras bloqueos en la autopista, pues argumentó que han sido manipulados por abogados oportunistas, Jorge Portilla Alba y Patricia Rodríguez Flores, que impulsan el bloqueo.
AMLO afirmó que los inconformes pueden permanecer el tiempo que consideren necesario, aunque indicó que mantener los cierres no ayudará a resolver el conflicto.
Este jueves se aceptó una reunión donde el gobierno federal reconoce un adeudo, pero solo a un pequeño grupo y están dispuestos a cubrir un avalúo y no lo que demandan.
El gobierno federal desde hace 6 años pagó 176 millones de pesos en indemnizaciones –en ese momento entregó el cheque, el hoy secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, quiera era entonces el director del Centro SCT, a los pobladores de Santa Rita Tlahuapan- por los terrenos expropiados en 1958 para la construcción de la autopista.
Las manifestaciones para exigir el pago continúan, porque todo indica que el comisariado ejidal se quedó con ese dinero y a los campesinos no les entregó lo que era su pago y aún quedan pendientes otras hectáreas expropiadas.
Otros bloqueos de vías terrestres en la entidad son por las mismas razones: la falta de indemnización de terrenos expropiados para construir carreteras.
¿Errores del gobierno para liquidar compromisos con campesinos ejidatarios? ¿Corrupción de quienes como responsables del pago no lo hicieron y desviaron recursos? ¿Incapacidad administrativa para cumplir compromisos contraídos con los gobernados? o ¿desidia oficial pensando que algún día se les olvidará a los afectados?
A nadie se le olvida su dinero y, ya sea manipulados o no, hay protestas y molestias entre los campesinos, que son hijos y nietos de los originalmente expropiados. Mostraron el martes que están dispuestos a todo, incluso a soportar las inclemencias del tiempo.
Exigen que les paguen lo que les corresponde, mientras el gobierno federal acepta el bloqueo porque rechaza lo que considera chantaje.
Puebla estuvo sitiada.
De las anécdotas que se cuentan
Un subsecretario de Gobernación de la gestión de Mariano Piña Olaya me advirtió:
-Es usted el periodista que más odia al asesor Alberto Jiménez Morales. Todos los días le muestra subrayadas sus columnas al gobernador. Cuídese porque esa relación puede terminar muy mal- concluyó.
Gracias a amigos comunes pude reunirme con don Alberto y escuchar su posición.
Humberto Fernández de Lara, entonces procurador, y el inolvidable Enoé González, fueron determinantes.
Nunca fuimos amigos, pero nos escuchábamos periódicamente.
Don Alberto era un político completo. Con todo, sus virtudes y sus defectos.
A partir de ayer, descansa. Pido que sea en paz.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Crisanto
*ARD