San Martín Texmelucan, Pue- Desde el pasado martes, la autopista México-Puebla ha permanecido cerrada debido a un prolongado conflicto ejidal que comenzó el 29 de octubre de 1935, cuando el Gobierno Federal decretó la creación del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
Este decreto expropió tierras de los ejidos de San Juan Cuauhtémoc, San Pedro Matamoros, San Martinito e Ignacio López Rayón, sin que los ejidatarios recibieran el pago correspondiente.
El 15 de octubre de 1947, se emitió un nuevo decreto que modificó los linderos del parque, lo que provocó movilizaciones por parte de los ejidatarios. Estos acudieron en numerosas ocasiones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en busca de una resolución, sin éxito.
Para resolver la situación, los Comisariados Ejidales de las comunidades afectadas tramitaron los juicios agrarios 44/2018, 45/2018, 46/2018 y 520/2017 ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 33 en Tlaxcala. En estos juicios se comprobó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reconoció la afectación de las tierras y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público admitió no haber realizado el pago a los ejidatarios. Además, el ejido de San Martinito ha recibido una sentencia favorable que concede el amparo.
A pesar de estos reconocimientos, las autoridades siguen sin cumplir con el pago de la indemnización. Los ejidatarios exigen una compensación justa o, en su defecto, la posibilidad de aprovechar sus tierras.
Se estableció una mesa de negociación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero los compromisos no se cumplieron.
Este incumplimiento llevó a la protesta de los ejidatarios, quienes cerraron la autopista México-Puebla. La vialidad fue reabierta intermitentemente este jueves tras un acuerdo entre los representantes legales de los ejidos y los transportistas.
Jorge Portilla Alba, asesor legal de los ejidatarios, afirmó que sus representados rechazan el pago ofrecido por las autoridades, ya que se basa en el avalúo de las tierras en el momento de la expropiación, lo que consideran como una compensación irrisoria.
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