Puebla, Pue. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) el Consejo Nacional de Litigio Estratégico México Evalúa y Mexicanos por México hicieron un llamado urgente al Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que hagan una interpretación integral de la Constitución y que consideren a las coaliciones como un partido para evitar que una fuerza política que obtuvo el 54% de los votos se quede con el 75% de la Cámara de Diputados.
Mediante una carta pública, emitieron su postura y consideran que si una sola fuerza política controla el Congreso mediante una sobrerrepresentación se comprometen los derechos de los mexicanos y se alienta la concentración del poder.
Si bien dijeron reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo durante el proceso electoral del pasado 2 de junio, son el reflejo de la voluntad de la ciudadanía.
Sin embargo, para la conformación de la Cámara de Diputados, solicitaron una interpretación jurídica sistemática del artículo 54 constitucional que conduzca a una integración del Congreso Federal que refleje la pluralidad de la ciudadanía mexicana, respete los derechos de las minorías políticas y evite la sobrerrepresentación de la coalición mayoritaria, ejemplificaron que la Constitución Mexicana establece dos limitaciones esenciales: ningún partido puede tener una sobrerrepresentación mayor al 8% ni contar con más de 300 diputados en total. Consideramos que estas limitaciones del artículo 54 son aplicables tanto a partidos políticos individuales como a coaliciones electorales, garantizando así una representación justa y equilibrada en el Congreso.
Asimismo, pidieron asignar a una coalición que obtuvo el 54 por ciento de los votos el 75 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, mientras se demerita a la oposición que obtuvo el resto de los votos con sólo el 25 por ciento de los asientos, va en contra de la voluntad de la ciudadanía que votó por un Congreso con equilibrios.
Finalmente, señalaron que con dicha decisión se dejaría sin oportunidad a la oposición de presentar controversias constitucionales que requieren el 33 por ciento de los votos, pues con ello, la coalición en el poder puede aprobar, sin ninguna restricción, reformas constitucionales que pueden ir en contra de los otros poderes del Estado, como es el caso de la autonomía del Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos y las autoridades electorales.
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