El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está preparando una reforma significativa al Poder Judicial de la Federación (PJF), una institución que ha sido objeto de críticas constantes por parte del presidente durante su mandato. Gracias a la mayoría parlamentaria del partido oficialista, se prevé que esta reforma sea aprobada en septiembre de este año.
Uno de los puntos más controvertidos que ha señalado el presidente López Obrador es el tema de los salarios en el PJF, especialmente los de los altos mandos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Los salarios para los cargos de nivel más alto en el PJF pueden llegar hasta los 250 mil pesos mensuales, e incluso superar los 500 mil pesos en el caso de ministros y magistrados. Estos salarios están acompañados de prestaciones consideradas por muchos como excesivas.
Un análisis realizado por Reporte Índigo revela que los sueldos en la SCJN pueden ser hasta 20 veces mayores que el salario mínimo en México, siendo el sueldo mensual más alto el de los ministros, quienes ganan aproximadamente 297 mil pesos brutos al mes. Esto implica un gasto anual considerable para el erario público, con casi 40 millones de pesos destinados únicamente a los sueldos de los ministros.
Te puede interesar: Mataron a 12 candidatos en el país durante el pasado proceso electoral
La reforma propuesta busca modificar este panorama, cuestionando tanto los altos salarios como las numerosas prestaciones económicas que reciben los funcionarios del PJF, las cuales incluyen bonos anuales, aguinaldos, seguros médicos y estímulos diversos, sumando en algunos casos más de 300 mil pesos adicionales al año.
Por otro lado, en niveles inferiores del organigrama judicial, los salarios también son significativamente superiores al promedio nacional. Por ejemplo, profesionales operativos reciben alrededor de 52 mil pesos mensuales, mientras que asesores y secretarios de ponencia ganan entre 89 mil y 115 mil pesos mensuales.
La discusión en torno a esta reforma no se limita solo a los salarios, sino también al manejo de los recursos públicos dentro de la SCJN. Por ejemplo, solo para la Presidencia de la SCJN se destinan más de medio millón de pesos mensuales para cubrir los salarios de seis personas que asisten diariamente a la titular de la Corte.
Además de los sueldos, la SCJN ha destinado recursos a diversas contrataciones para servicios de mantenimiento, ciberseguridad, insumos para cafetería y otros gastos administrativos. Entre estos, destaca un contrato para un Centro de Operaciones de Ciberseguridad que ascendió a más de 90 millones de pesos.
La abogada Mina Moreno, especialista en derechos humanos de los trabajadores del PJF, ha respaldado la reforma propuesta, argumentando que es necesaria para contrarrestar la influencia excesiva de jueces y magistrados en la institución, quienes, según Moreno, han limitado el acceso a cargos judiciales a juristas y abogados de todo el país.
En resumen, la reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el gobierno de AMLO busca cambiar de manera significativa la estructura salarial y las prácticas administrativas dentro de una de las instituciones clave de la justicia en México, con el objetivo de mejorar su transparencia y eficiencia.
Con información de Índigo
*ARD