Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera Pérez dijo desconocer el caso de las regidoras de Gobernación y Hacienda municipal de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, quienes acusaron al presidente de esta demarcación, Carlos Guerrero Núñez, de realizar constantes amenazas, y violencia política en razón de género, sin embargo, se comprometió a dar seguimiento a este hecho.
Rivera Pérez comentó que el Ayuntamiento de Puebla no ha sido notificado sobre estas acusaciones por parte del presidente de la junta auxiliar, no obstante, aseguró que está dispuesto a dialogar con las agraviadas.
"Nosotros no tenemos conocimiento formal de ello, sin embargo, toda la apertura para poder intervenir, dialogar, si hay algo que corregir, corregirlo, si hay algo que atender también conforme a derecho realizarlo, y por supuesto que pueda prevalecer el buen ambiente en nuestras juntas auxiliares", acotó.
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Eduardo Rivera instruyó al gerente del Ayuntamiento, Adán Domínguez Sánchez, para que tenga un acercamiento, esto en compañía del área jurídica, para revisar estas acusaciones, y proceder legalmente.
"Yo le instruiré al gerente del gobierno de la ciudad, y también al área jurídica, revisen, se acerquen, quiero decir que el área de Gobernación sí ha intervenido, para poder tener mayor entendimiento en todas y cada una de las juntas auxiliares, y lo haremos para cuidar el estado de derecho, si hay afectaciones en su caso personales", aseguró.
El alcalde garantizó total apertura a las regidoras que acusan de haber sufrido violencia de género, aclaró que sólo tiene conocimiento que las denuncias se presentaron a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla.
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"Toda apertura de parte del gobierno de la ciudad, para revisar lo que se está denunciando, no tengo la precisión a donde presentaron la denuncia, hasta donde entendí fue a derechos humanos, y a nivel nacional", dijo.
Ca mencionar que la regidora, Ruth Rosas Carpinteiro fue quien informó que han interpuesto denuncias y quejas en Contraloría Municipal de Puebla, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Estatal Electoral (IEE), para que intervengan y ayuden a resolver el problema bajo la perspectiva de género.
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