La izquierda poblana da por descontado ganar la gubernatura en 2024 y va con todo por la presidencia municipal de la capital.
Ayer, "La Unidad por Puebla" firmó un manifiesto en el que advierten estarán funcionando como un Frente Político de Morena y el partido del Trabajo contra la oposición y bajo el objetivo principal de recuperar la presidencia municipal de Puebla en los comicios de 2024.
Este grupo está formado por aspirantes a la alcaldía, entre regidores, diputados locales y federales, como: José Antonio López, Xel Arianna Hernández, Nora Merino, Alejandro Carvajal, Leobardo Rodríguez e Iván Herrera Villagómez.
Este último anunció que estará apoyando las aspiraciones del diputado federal, Ignacio Mier Velazco para ser su candidato a la gubernatura. "Todos tienen a su aspirante, el mío tiene bigote y de seguro mis compañeros tienen al suyo también. Pero este proyecto o frente tiene como objetivo seguir haciendo un cambio aspiracional, que se construya en la suma de voluntades", dijo Herrera.
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Es relevante que quizá en este grupo de izquierda faltó quien será el candidato de Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de la capital poblana.
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Con 38 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso Local aprobó ayer la Ley 3 de 3. Se trata de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla que busca poner candados a quienes aspiran a cargos de elección popular, públicos y de algún otro tipo de votación.
En la misma se prevé frenar a quienes tengan antecedentes de violencia familiar, violencia política de género y también a quienes estén catalogados como deudores alimentarios.
Previo a la votación en la sesión del pleno, los legisladores que la impulsaron tuvieron un diálogo con feministas que se encontraban afuera del recinto para exigir la despenalización del aborto y otros temas relacionados con la violencia de género.
Además de aprobarse la Ley 3 de 3, este jueves la diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz, presentó una iniciativa más con la que se busca despenalizar el aborto en Puebla.
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Jueces y abogados adscritos a la Ciudad de México y Pachuca, Hidalgo, fueron señalados por la familia Jenkins de Landa, de formar parte de una red de corrupción, y exigieron al Consejo de la Judicatura Federal se apliquen las sanciones correspondientes.
Los integrantes de la familia, Roberto, María Elodia, Margarita, Juan Carlos, todos de apellido Jenkins de Landa, junto con Elodia Sofía de Landa de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, denunciaron ayer en un escrito al Consejo de la Judicatura Federal y a la opinión pública.
Exigen justicia, con respeto y rigor, que se sancionen las conductas de los jueces que en el texto señalan de actuar por intereses corruptos y que su caso se resuelva conforme a derecho.
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Involucran a la jueza federal Luz María Ortega Tlapa, jueza federal Octava de Distrito de Amparo en materia penal adscrita a la Ciudad de México, como responsable de haber diferido la audiencia definitoria de su caso 11 veces sin justificación alguna.
A Iván Aarón Zeferín, adscrito al Centro de Justicia Federal en Hidalgo; a los jueces Roberto Yáñez y José Manuel Salazar, 24 y 60 de los Civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, respectivamente.
La familia Jenkins de Landa, propietaria de la Universidad de las Américas Puebla, señaló que los arriba señalados “han pervertido su trabajo para formar parte de una red de corrupción que se ha revelado recientemente, confirmando lo que denunciamos en su oportunidad en diversas instancias”.
Detallaron que en 2020 el juez Zeferín Hernández los volvió a juzgar por los mismos hechos de los que se les exoneró en el 2018 y a pesar de que solicitaron un amparo, hoy suman ya tres años y aún están en espera de la resolución.
En el caso de la jueza Luz María Ortega Tlapa, en 11 ocasiones ha diferido la audiencia de su caso, con ello ha evitado que se dicte una sentencia en la que se reconozca el quebranto constitucional que dice la familia haber sufrido.
Respecto a los jueces civiles, Yáñez Quiroz y Salazar Uribe los acusan como responsables de intentar despojar a la familia Jenkins de Landa de su patrimonio, de las fundaciones que administran y de embargar sus cuentas y propiedades, por medio del doble juzgamiento del proceso de 2018.
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Cuando lleguen los tiempos electorales rumbo a 2024, los funcionarios del gobierno del estado tendrán que decidir si siguen en sus cargos o renuncian para apoyar a algún aspirante, confirmó el gobernador Sergio Salomón Céspedes, mientras, deberán estar enfocados al 100 por ciento en la administración.
Integrantes de su gabinete y funcionarios estatales han manifestado su intención de apoyar o competir en los próximos comicios por Morena por la gubernatura como: las secretarias de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano; de Economía, Olivia Salomón y de Bienestar, Lizeth Sánchez; así como el secretario de Gobernación, Julio Huerta.
En Puebla, el proceso interno del partido lopezobradorista arrancará hasta septiembre, toda vez que van esperar que se defina a quien será el candidato presidencial de los seis que se encuentran haciendo recorridos actualmente.
*ARD