Sin pelos en la lengua, la corcholata presidencial Gerardo Fernández Noroña vino a Puebla a dejar en claro, a 4 días de promoción, que en Morena “no hay piso parejo”.
El aspirante a coordinador de la defensa de la 4T, insistió que en la contienda interna no existe de manera "natural" un piso parejo entre los seis aspirantes presidenciales y ni entre aquellos que buscarán la gubernatura de Puebla, a quien le quede el saco que se lo ponga.
Comentó que es más que evidente que se tiene una "elección de Estado" a partir de que algunos aspirantes de Morena, como Marcelo Ebrard, tuvieron desde siempre una plataforma política de alta proyección al haber ocupado la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que no hay sentido para que él pidiera este piso parejo.
En lo local, ejemplificó que si Julio Huerta, actual secretario de Gobernación, mientras atiende la coordinación de la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, está violando los acuerdos que se tomaron en el Consejo Político Nacional, y está generando un piso disparejo para los que aspiran en Puebla la gubernatura.
"Está violentando lo que dijo el Consejo Político (...) Si coordina la campaña de Claudia y sigue en Gobernación, nombre que ternura, está muy mal eso", por lo que le va a pedir a la morenista atienda el tema.
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El polemista Fernández Noroña aclaró que en Puebla no tiene favoritos tanto apoya en sus aspiraciones a Nora Merino como a José Antonio López, a tiempo reiteró que si la secretaría de Bienestar, Lizeth Sánchez, quiere postularse para un cargo en 2024, tendrá que renunciar a su cartera, los tres son sus compañeros del PT.
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Carne de las campañas electorales, los maestros sindicalizados del Colegio de Bachilleres del Estado pidieron cese de hostigamiento y represión por parte del director general, José Luis Nájera Muñoz, debido a que desde que entró a su cargo ha despedido a más de 20 maestros y otros 10 se encuentran en el jurídico, por diversas acusaciones como acoso y falta de trabajo en sus áreas.
Martínez Nolasco, secretario general del Frente Nacional de Sindicatos de la Educación Media Superior, acusó que Muñoz Nájera ha hecho y desecho en el Cobaeb, sin más mínimo conocimiento de educación, empatía hacia los maestros, y violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.
Confirmó que este instituto es ocupado con fines políticos, pues denunciaron que, para el evento del 3 de junio, en apoyo a Claudia Sheinbaum, organizado por la Universidad Tecnológica de Puebla, se obligó a alumnos de los planteles más grandes del Cobaep a asistir a un evento político disfrazado de conferencia académica.
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El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación contra las resoluciones del Tribunal de Arbitraje local que han agraviado la autonomía sindical, de acuerdo con Virginia Socorro Meza Cruz.
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Uno de los principales agravios, fue la falta de convocatoria al sindicato en una audiencia que se celebró a finales de 2021 en la que se anuló la elección de Comité Electoral celebrada el 16 de noviembre de ese mismo año.
El amparo que obra en el folio 170/2022 expedido por el Poder Judicial de la Federación instruye al Tribunal de Arbitraje estatal a reiniciar la audiencia de anulación de la citada elección del Comité Electoral, pero ahora convocando a la representación del STSPEPyOD.
Desde finales de 2021, por el pleito legal sindical no se ha llevado a cabo la renovación del Comité Ejecutivo, lo que ha retrasado, entre otras cosas, los aumentos en la revisión salarial de los trabajadores, nada más.
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No fue sorpresa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por completo el “plan B” electoral del Gobierno, un paquete de seis reformas con las que la gestión de Andrés Manuel López Obrador pretendía acotar los recursos y las facultades del Instituto Nacional Electoral.
Por mayoría de votos, el máximo tribunal resolvió ayer que la manera como el Congreso procesó las reformas implicó violaciones graves al debido proceso legislativo, entre otras cosas, porque, en cuestión de horas, se aprobaron modificaciones a cientos de normas que los legisladores ni siquiera tuvieron tiempo de conocer.
Las reformas fueron avaladas por Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo. El “plan B” se promulgó en dos partes, que fueron impugnadas por los partidos de oposición mediante sendas acciones de inconstitucionalidad.
La primera parte del “plan B” reformaba la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con esos cambios, el Gobierno pretendía dar rienda suelta a los funcionarios públicos —especialmente al presidente López Obrador— para que pudieran hacer posicionamientos políticos y promover su imagen y a su partido.
Los mismos nueve ministros que votaron la primera vez lo volvieron a hacer, congruentemente, en la sesión de este jueves. Solo las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra de anular el “plan B”, al considerar que las violaciones cometidas por los legisladores no tenían “potencial invalidante”, es decir, que no fueron tan graves.
*ARD