Ayer, Puebla fue tema en la Mañanera de Palacio Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que será Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien investigará la situación que vive el municipio mixteco de Coyomeapan, donde los habitantes padecen el cacicazgo que desde hace varios años ejerce el poder ahí.
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El mandatario incluso dijo que la indagatoria se extenderá hacia “la represión al trabajo periodístico” por parte del gobierno estatal, en referencia a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el hostigamiento contra el periódico digital E-Consulta y el diario El Popular.
En cuanto a Coyomeapan se expuso ante López Obrador que un grupo armado, supuestamente enviado por la diputada federal del Partido del Trabajo, Araceli Celestino Rosas, detonó dos granadas en contra de habitantes de ese lugar.
Ante estas preguntas en su conferencia Mañanera, el presidente López Obrador dio instrucciones para que Alejandro Encinas investigue estos dos casos que suceden en el estado de Puebla. Seguro pronto habrá noticias.
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Hoy, jueves 9 de diciembre y hasta el sábado 11, se llevará a cabo la aplicación de la vacuna de refuerzo a personas de 60 años y más en 49 municipios poblanos, incluyendo demarcaciones de la zona conurbada, pero aún no la capital, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez.
Para la vacunación habrá 88 módulos de aplicación, y las personas que acudan tuvieron que haber recibido su segunda dosis antes del mes de junio del 2021.
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El funcionario reiteró que se aplicará AstraZeneca, pues sirve como inmunopotenciador para generar anticuerpos y no hay inconvenientes en que las personas se hayan vacunado con otro biológico.
"Esta vacuna que se va a poner de refuerzo se ocupa como un inmunopotenciador, que quiere decir, que independientemente de las marcas que hemos recibido en su totalidad, ya con el esquema completo o en caso de Cansino, ya con una sola dosis, se puede aplicar y es manejada como un inmunopotenciador, y por eso no hay ningún inconveniente en usar la AstraZeneca ", precisó.
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El gobernador Luis Miguel Barbosa declaró que en Puebla no hay impunidad ni convenio con ningún grupo delincuencial, por lo que el gobierno estatal no se detendrá hasta aprehender a todos los responsables de la explosión de San Pablo Xochimehuacán.
Celebró la detención que realizó la Fiscalía del Estado de tres presuntos implicados en este incidente que se registró el 31 de octubre en la junta auxiliar; añadió que la FGE, su titular y sus integrantes, responden a los retos de procuración de justicia e investigación de Puebla.
Comentó que, una vez que la administración estatal reconstruya las casas consideradas como pérdida total, dotará a las familias de un kit de muebles, integrado por camas, refrigerador, estufa, sala y comedor.
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La Fiscalía cumplió la orden de aprehensión en contra de Ricardo N. alias “El Callo”, Miguel Ángel N. y Antonio N., presuntos implicados en la explosión en San Pablo Xochimehuacán.
Ricardo N. alias “El Callo” fue detenido en Cancún en colaboración con la Fiscalía de Quintana Roo, en tanto, Miguel Ángel N. y Antonio N., fueron capturados en inmediaciones de Xochimehuacán.
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Ahora resulta que aliados del presidente municipal, Eduardo Rivera, como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, aseguró que estarían a la espera de decidir si apelarán el cobro por Derecho de Alumbrado Público (DAP), debido a que no se puede cobrar un servicio que no se da.
El presidente, Luis Espinosa, señaló que ya lo está analizando su jurídico, pues ya viene con un porcentaje fijo, pues están viendo si está bien justificado este derecho, pues tendrán que acatarlo como cámara empresarial, pero advirtió que si se aplica de manera arbitraria se tendrán que amparar. Allá ellos, como cámara no se van a amparar.
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Hoy que habrá manifestación de la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla frente a Casa Aguayo, una petición será validar la decisión de un juez de lo Civil de la Ciudad de México que exhorta al Tribunal a devolver las instalaciones de la institución al patronato que encabeza la familia Jenkins Landa.
En ese sentido el patronato opositor, que preside Horacio Magaña, señaló que no ha sido revocado ni suspendido por alguna autoridad judicial y calificó de falsa la versión de que el patronato que encabeza Margarita Jenkins y la rectora Cecilia Anaya hayan sido legitimadas por algún juez.
La universidad informó que el juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad de México ordenó al poder Judicial de Puebla y a las autoridades de Cholula liberar de inmediato el campus y entregarlo al patronato encabezado por Margarita Jenkins de Landa.
El conflicto continúa y los únicos perjudicados son los estudiantes ansiosos por regresar a sus laboratorios y clases presenciales. Ojalá y los escuchen.
*ARD