El 26 de junio de 2018, Jorge Alan y Óscar iban a bordo de una camioneta Lincoln Navigator, en la Ciudad de México. Se dirigían hacia las oficinas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Insurgentes Norte. En ésas, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
Nunca se aclaró debidamente como fueron ubicados. Algunas versiones señalan que fueron identificados mediante un chivatazo y otras apuntan que fue casualidad, por un punto de revisión como tantos que se implementan en la capital de la República.
Al revisar la camioneta, los efectivos policiacos encontraron 20 millones de pesos en efectivo. Alan y Óscar mostraron un documento expedido por Global Gesori, un comprobante de traslado de valores con folio 120291 que amparaba el monto por dicha cantidad.
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El tema es que el numerario estaría en orden si se hubiera enviado a bordo de una unidad blindada y no en una camioneta particular. Tanto Alan como Óscar demostraron ser empleados de la empresa mencionada.
Los efectivos policiacos buscaron en su sistema informático y encontraron que la camioneta estaba a nombre de Rodrigo Moya Rosas, con domicilio en Bosques de Las Lomas. Tres años atrás, Moya se había ostentado como representante de Gas Express Nieto, para atender el caso de una explosión de un autotanque.
El 29 de enero de 2015, una pipa de la empresa Gas Express Nieto, estaba surtiendo al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa cuando se dio una explosión que mató a cinco personas y generó más de 70 heridos.
Los expertos identificaron que la causa del siniestro fueron dos tornillos de la bomba de despacho inferior fracturados desde antes del siniestro, sin olvidar que el medidor de la pipa marcaba niveles de gas que no eran los correctos.
Tal era el antecedente de Moya.
Apenas los medios de comunicación capitalinos lo vincularon al tema del efectivo que iba hacia el PRI en una camioneta suya, el aludido respondió casi de inmediato: “el suscrito (sic) celebré contrato de compraventa respecto de la Unidad Marca Lincoln modelo Navigator Ultimate año dos mil diez, color blanco platinado, con placas de circulación número 388 YMX de la Ciudad de México. En virtud de la celebración del contrato de compra venta descrito en el párrafo que antecede, el firmante en calidad de vendedor cedió y en consecuencia trasmitió en favor de la parte compradora en su totalidad la propiedad de dicha camioneta.
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“Mediante el citado contrato de compra venta, el comprador asumió TOTALMENTE la responsabilidad legal respecto de cualquier hecho o evento en el que se viera involucrada la unidad adquirida. Asimismo, el comprador se obligó a realizar el cambio de propietario ante las autoridades correspondientes en el plazo que marca el reglamento de tránsito del, entonces, Distrito Federal”.
Regresando al tema del PRI y el dinero, el sistema de traslado del numerario en camionetas no era nuevo para los policías, ya habían identificado otro caso, pero en Polanco, con 2 millones de pesos en efectivo y además con propaganda a favor de Mikel Arriola, entonces candidato priista a la jefatura de Gobierno y hoy presidente de la Federación Mexicana de Futbol.
Detenidos, Alan y Óscar declararon que tenían cierta información en el sentido que el numerario sería entregado a cientos de personas que pacientemente estaban esperando el dinero en las inmediaciones del PRI, para posteriormente operarlo en distintos mítines y acarreos a favor del candidato Arriola, quien después fue invitado a formar parte de la cúpula directiva del futbol soccer en México, como presidente de la Femexfut.
Tiempo después, trascendió que las autoridades capitalinas identificaron el origen del dinero, vía la cuenta bancaria que la había aportado, pero el silencio se ha mantenido hasta ahora, años después.
Como se sabe, Arriola perdió las elecciones, pero no el poder y se ha mantenido en las esferas de las decisiones directivas del futbol mexicano. Eso sí, en cuestión de horas se deslindó del numerario incautado, de las personas detenidas y de la camioneta.
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El tema no quedó ahí. En noviembre de 2020, José Luis Higuera, un directivo de Monarcas Morelia y que también trabajo en el equipo de futbol Chivas, fue detectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en una complicada red de empresas con operaciones fantasma.
En la red comenzaron a repetirse las clínicas Láser Visión, cuyo directivo visible es Manuel Ignacio Vejarano Restrepo, de origen colombiano-mexicano. La hidra alcanzó un total de 324 factureras en seis esquemas de simulación para justificar pagos multimillonarios a empresas inexistentes.
En agosto de 2021, se dieron algunos avances de una pesquisa federal que mencionaron, entre otras empresas a ESMA Instalaciones, HG Enterprises, Lande Proyectos Inmobiliarios, Treelenium Inmobiliaria, Tecnoff Servicios Especializados y Vitale.
Entre los nombres aparecieron exfuncionarios acusados de peculado y e inhabilitados por 10 años por la Contraloría del Gobierno de Sonora, por desviar recursos del DIF estatal, en 2003.
Los investigadores federales encontraron como uno de los nodos más importantes en esta trama, a una empresa, Arrendadora Franlluti, que presumiblemente, en 2018 entregó como pago una residencia en Jardines del Pedregal de la Ciudad de México, a un exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Así siguieron encontrando huellas en el camino: Administrador de Factor Humano Eureka, Comercio y Negocios Golden Field, Comercializadora Torres Nova, Faris, Grupo Moravid Asesores, Loli Publicistas, Soluciones Tecno Profesionales OGS, Money Maker y, Tecnoff Servicios Especializados,
Las autoridades federales encontraron que una sola accionista de Franlluti tenía el 50 por ciento de las acciones de 16 empresas y era representante legal de 10 más, pero también llamó la atención que una persona que no tenía conexión real en esos entramados, aparecía como accionista en 15 empresas al tiempo que era representante legal de otras 13.
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Inclusive se mencionó a un empresario de origen poblano, con empresas financieras y ex funcionario del gobierno del estado, que también participaba en esas faenas mercantiles, pero no se supo más de esta línea de investigación.
Se dice que los investigadores federales encontraron una conexión entre esas empresas y sus accionistas, el traslado de cantidades ingentes de efectivo en empresas como Global Gesori.
Esta empresa tiene oficinas en la Ciudad de México, pero también en Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y San Luis Potosí.
El 30 de mayo de 2022, uno de los directivos locales de esa empresa fue asesinado a las puertas de su vivienda.
Expertos consultados señalan que la saña que aplicaron a este hombre, fue excesiva.
La esposa de aquel hombre asesinado en el fraccionamiento Misión de Morillotla, en San Andrés Cholula, alzó la voz, fastidiada de no encontrar justicia ni descanso, afirmando haber sido secuestrada y luego liberada hace unos días, en el entendido que sus captores la soltaron amenazada, con la exigencia de dinero.
Es evidente que esta mujer teme por su vida y la de sus hijas, dado que los delincuentes le han comprobado claramente que conocen todo sobre ella y su finado esposo.
Los delincuentes parten de la base que al ser esposa de un exgerente local de esa empresa, ella tendría acceso al dinero que dicha organización manejaba.
“El día 13 de julio fui privada de la libertad, cuando iba en el auto de mi esposo, me sometieron dos hombres armados y me llevaron al domicilio donde estaba yo, y me metieron a la casa, me exigieron dinero, me torturaron y me dijeron que eran los mismos que mataron a mi esposo, que querían dinero, pero al decirles que no tenía, saquearon todo y me comentaron que yo todavía tenía cosas que saqué de la empresa en la que trabajaba mi esposo”, contó en rueda de prensa el lunes pasado, la víctima y viuda.
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“Les digo que no voy a hacer nada, solo que nos dejen en paz, sin embargo, no creo que esto quede hasta aquí, nos van a seguir buscando hasta encontrarnos a mí y a mis hijas y nos van a matar. Estamos pidiendo protección al gobierno del estado de Puebla, que nos ayude porque hasta ahorita no hemos recibido ninguna respuesta de ellos; hasta cuándo más van a volver a amanecer familias muertas, no lo podemos seguir permitiendo, ayúdenos por favor”, remató.
Así, hay certeza en dos elementos:
El primero es que una mujer implora ayuda a la autoridad, perseguida por un grupo delictivo que evidentemente tiene una gran cantidad de información y que cree que la ahora viuda, es la clave para acceder a una fortuna nebulosa.
El segundo elemento es que este crimen ocurrido en Puebla tiene aristas que apuntan hacia otras latitudes, acaso en la Ciudad de México, Jalisco o Michoacán.
La autoridad poblana tiene frente a sí un caso que combina tráfico de influencias, homicidio y lavado de dinero.
Esta historia está lejos de resolverse, más allá de los muros de ese fraccionamiento en Morillotla, sacudido hasta sus cimientos.
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