Diputados en comisión, aprobaron el dictamen para tipificar como delito y castigar con 3 años de prisión y con una multa de 50 a 200 días de salario mínimo a quienes estén en contra del libre desarrollo sexual e intenten obligar y financiar cualquier tipo de tratamiento médico o psicológico de las personas, con el objetivo de modificar la orientación sexual.
La diputada por Morena, María Yolanda Gámez Mendoza consideró que el fanatismo e ignorancia deben dejar de ser la base para cometer violencia, y por el contrario se reconozcan los derechos humanos, en la libertad del desarrollo de la sexualidad.
Dijo que confía que este dictamen sea aprobado también ante el Pleno, ya que cualquier acción que se legisle para evitar todo tipo de violencia, siempre es importante y más si se trata de respetar la libre sexualidad.
La iniciativa fue presentada por el morenista Carlos Evangelista, para tipificar como delito los esfuerzos para corregir la orientación sexual, en especial porque este tipo de prácticas están dirigidas a cambiar la orientación de las personas trans.
Durante la misma comisión de Procuración y Administración de Justicia, diputados también aprobaron por unanimidad incorporar el “bullying materno” dentro de la comisión del delito de discriminación, para que sea sancionado con prisión de 1 a 3 años y una multa de 0 a 500 veces el valor diario de la UMA.
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Se considerará discriminación cuando alguien sea señalada por su origen étnico, poblacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, o económica, preferencias sexuales, apariencia física, estado civil, creencias religiosas, embarazo, trabajo o profesión que atente contra la dignidad humana e igualdad.
Esta propuesta fue presentada por los coordinadores de Morena, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y del PRI, Jorge Estefan Chidiac, para reformar el artículo 357 del Código Penal, agregando a causas de prisión y multa, aquellos actos de discriminación que se enlistan:
Cuestionar sobre el origen étnico, poblacional, raza, o género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, o económica, preferencias sexuales, apariencia física, estado civil, creencias religiosas, embarazo, trabajo o profesión que atente contra la dignidad humana e igualdad.
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