El pasado miércoles 27 de abril de 2022, faltaban unos minutos para el cuarto para las once de la noche y Carmelo Juárez había terminado su visita a la casa de su pareja, en la 2 sur y 3 oriente, en pleno centro de Amozoc de Mota.
Lo estaban esperando.
Apenas salió de aquel inmueble, un vehículo se detuvo a su costado y le dispararon, con más furia que precisión. De los seis disparos, dos acertaron en su cuerpo. Cuando se alejaron los sicarios, los vecinos se acercaron y una venturosa ambulancia llegó a atenderlo, en un brazo y el costado.
El brazo no era un problema, pero el impacto en el costado lo había herido gravemente. Lo llevaron de inmediato a una clínica, adonde murió en la madrugada del jueves.
Carmelo Juárez ya sabía lo que era un atentado.
El 4 de junio de 2019, alrededor de las 7 de la noche, iba conduciendo una camioneta blindada, una Ford F-150 Raptor, sobre el Periférico Ecológico a la altura de Bosques de Chapultepec.
De repente, fue emboscado y aquella Raptor comenzó a resentir el plomo de al menos unos cuarenta disparos. Carmelo perdió el control del vehículo y se fue contra un poste. No pasó demasiado para que el empresario y político se diera cuenta que el blindaje no resistiría mucho y optó por abrir la portezuela.
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De inmediato fue metido en otra unidad y ésta arrancó, pero no llegó demasiado lejos. Apenas un kilómetro después, lo dejaron en libertad. Dicen los expertos que no lo pretendían ejecutar ni secuestrar. Le transmitieron un mensaje y una vez hecho, se retiraron.
El entonces regidor de Ecología y propietario de “Renta y Venta de Maquinaria Agregada Juárez” sabía lo que podría ocurrir en el futuro.
Y ocurrió.
El 4 de noviembre de 2018, Roberto Hochstrasser, vocero de una centena y media de empresarios del corredor industrial Chachapa-Amozoc, acompañado de Carmelo Juárez, reventó contra las autoridades municipales.
Y dio datos que justificaban su furia.
Según sus cuentas, el dueño de la empresa Adocretos de Puebla apuntó que todas las empresas del corredor eran asaltadas en promedio dos veces al mes. Y si se toma en cuenta que en esa zona trabajan unas 3 mil personas, se puede entender el impacto de la delincuencia.
Los datos con los que se fueron encontrando los empresarios, fueron abrumadores: Amozoc contaba con nueve policías municipales, mal armados y sin patrullas.
Con esos datos, en octubre de 2018, cuatro empresas metalmecánicas y siderúrgicas anunciaron a sus homólogos locales que no se instalarían en Amozoc, reventando la oferta esperada de unos mil 200 empleos directos.
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El motivo de su decisión era explosivo: los grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona, no sólo robaban mercancía sino tráileres y camiones de carga.
El propósito de tales delitos era asegurar la flotilla necesaria para el robo de combustible.
Si se toma en cuenta que los delincuentes robaban constantemente tractocamiones, se entenderá el volumen de negocio del huachicol en la zona.
Si se considera que un tráiler cuesta al menos unos 3 millones y medio de pesos, podrá identificarse el impacto que se proyecta a las empresas instaladas en ese lugar. Eso, sin contar las retroexcavadoras que también se llevan los delincuentes para sus actividades. Esta maquinaria no se consigue por menos de 900 mil pesos.
La queja contra el entonces alcalde, José Cruz Sánchez Rojas, tenía fundamento. Los ignoraba.
Pasó el tiempo y esperaban que Mario de la Rosa Romero, los atendiera. Pasaron los años y con ellos llegó la respuesta.
Con todo, el atentado del 4 de junio de 2019 (del cual no se registró evidencia en las cámaras instaladas en el Periférico Ecológico) se conectaría con un episodio ocurrido en San Andrés, Cholula.
El 4 de abril de ese año, alrededor de las cinco de la tarde, había una fiesta familiar en el salón de fiestas Harmony, a metros de la Recta a Cholula. Miguel Ángel, un acaudalado personaje que se presentaba como ganadero, festejaba el cumpleaños de su pequeña hija.
En un parpadeo, un convoy se acercó al salón y velozmente, sus integrantes entraron para someter en segundos a Miguel Ángel. Salieron del lugar sin ser perseguidos, en el entendido que la entonces Procuraduría General de la República tiene instalaciones cerca de ahí.
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La camioneta RAM que llevaba al levantado, así como el Jetta gris y el Mazda azul que los escoltaban, se hicieron humo.
El GPS de su celular dio pistas para que su cuerpo fuera hallado, decapitado, en la camioneta RAM, en una casa de seguridad a la altura del kilómetro 18, frente al fraccionamiento Los Duraznos, en Amozoc.
Algo hizo suponer que el asunto iba más allá de un secuestro, las personas que fueron a reconocer el cuerpo iban en una camioneta blindada y armados.
La ejecución de Miguel Ángel repercutió en Amozoc: se dio una ola de violencia en el municipio. Y, el inmueble en donde fue encontrado su cuerpo, había sido rentado por un personaje de Acajete, que después sería investigado por las autoridades.
Aparentemente, el nudo que conectaba a todos estos puntos se daba en términos de una guerra puntual entre la organización Beltrán Leyva, para arrebatarle el control de la plaza a los Zetas.
Los Beltrán Leyva rondaban Puebla con frecuencia, particularmente El Cristo, en Atlixco.
Así, todo indica que hay conexiones hasta la actualidad, entre Puebla, Amozoc, Atlixco y Acajete. Las intervenciones recientes de la Marina Armada en Acajete y la violencia desatada en distintos municipios alimentan a esa posibilidad. Dicen los expertos que se trata de los estertores por el cambio de dueños de la plaza.
Solo el tiempo lo dirá.
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