El 23 de abril, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio cuenta de “un hecho histórico”, en sus propias palabras: 330 migrantes centroamericanos indocumentados, viajaban en la autopista Puebla-Orizaba, en la frontera con el estado de Veracruz, a bordo de distintas unidades.
De inmediato y como es de uso, algunas autoridades se dieron a la tarea de apuntarse como autoras de semejante identificación de indocumentados. Más lejos, la Guardia Nacional señaló que “su localización derivó de las labores de inteligencia en las que intervinieron elementos del INM y de la Guardia Nacional, así como de la policía estatal”.
Trascendió que no fue tan fácil la cosa. En realidad, una llamada anónima avisó que un enorme grupo de personas se trasladaba por el estado de Puebla y dio algunas pistas para su localización.
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La parte más interesante del asunto es quién hizo la llamada, por lo que se dice que no fue un alma caritativa sino un competidor del grupo que se encargó de dirigir la caravana. Considérese que, en las camionetas y automóviles ubicados, se trasladaban 108 cubanos, 14 ecuatorianos, 55 salvadoreños, 44 nicaragüenses, 36 guatemaltecos y 73 hondureños.
Más allá del triste récord, hay que ver el tema de fondo. La operación Puebla-Orizaba es una pizca respecto al volumen total, ya que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del gobierno de los Estados Unidos estima que, casi 2 millones de personas indocumentadas, lograron llegar a la frontera en 2021.
El reto puede dimensionarse más aún, si se toma en cuenta que el gobierno federal, en sus propios datos, apunta que deportó a unos 114 mil extranjeros en 2021. Por su parte, con trabajos, la autoridad mexicana deportó al 5.7 por ciento del total.
Se estima que los traficantes de indocumentados que operan desde Centro y Sudamérica, obtienen ingresos anuales por el equivalente a unos 149 mil millones de pesos. Para dar una idea de las cosas, el presupuesto anual del Instituto Nacional de Migración en 2017 fue de 2 mil 943 millones de pesos y en 2021, fue de 1 mil 571 millones 428 mil 571 pesos.
En otras palabras, por cada peso que pone el gobierno federal para el tema migratorio, la delincuencia organizada recibe en utilidades, 94.8 pesos.
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Otro “rescate”
El pasado miércoles 27 de abril, 379 migrantes fueron detenidos por personal del Instituto Nacional de Migración en San Antonio Tlacamilco, en el municipio de Acajete.
De los indocumentados, 286 son de nacionalidad guatemalteca; 17 ecuatoriana; ocho cubanos; 12 hondureños; tres nicaragüenses, y siete salvadoreños. También se identificó a tres personas originarias de República Dominicana; 22 de Bangladés; una de Nepal y otra más de Sri Lanka, así como dos de Uzbekistán y 17 de la India.
Los migrantes fueron localizados en un inmueble que quedó en resguardado de las autoridades. En esta acción se puso a disposición de la Fiscalía General de la República a cuatro personas de nacionalidad mexicana, ante la probable comisión del delito de tráfico de personas.
La división del trabajo
Considerando la irrupción de Cártel Jalisco Nueva Generación al negocio de los indocumentados, cambiaron las reglas del juego. Los expertos comentan al reportero tres puntos que señalan cierta innovación en el deleznable oficio de traficar con personas:
1.-Lo primero es que ya no se cobra el servicio de trasladar a una persona desde un punto de Chiapas hasta Tamaulipas, sino que se ofrece por tramos. Y cada tramo tiene un costo distinto, además de que opera con un sinnúmero de intermediarios.
Dependiendo de la “comodidad” con la que se quiera viajar, es el precio. Hay grupos que trabajan con “indocumentados VIP” que viajan tramos importantes en avión y muy poco en autobús o automóvil. Para la mayoría, quedan los camiones refrigerados y las camionetas.
Así, el costo varía enormemente, entre 2 mil y 15 mil dólares por persona. Por apuntar un dato, el movimiento de los 330 migrantes en la autopista Puebla-Tlaxcala, en el peor de los casos, suponía unos 600 mil dólares “en mercancía” para distintos grupos delictivos. Si los costos fueran de unos 5 mil dólares por persona, en ese convoy viajaban clientes por un monto de un millón 650 mil dólares.
2.-El segundo punto es que los operadores del traslado se mueven entre sus propios clientes. Entre docenas de personas que viajan con la esperanza de ver cumplido su sueño americano, se trasladaban otros que forman parte del staff de un grupo criminal.
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La gran ventaja que ofrece esta práctica es que pasan inadvertidos para cualquier autoridad policiaca y migratoria. Si son detenidos, serán procesados en la misma forma que sus clientes, por lo que el destino final será que regresen a su país de origen e inicien un nuevo ciclo de transportación de migrantes.
En el caso de que fueran detenidos por una célula criminal, el asunto no es complicado, por mensajes y llamadas se comunican entre distintos grupos que operan en forma sindicada, por lo que solo deberán identificarse y continuar su camino. Si son detenidos por una organización enemiga, la opción es mantener la premisa de ser un simple migrante más y esperar a que funcione la coartada.
3.-Y el tercer punto es la implementación de dos ideas complementarias. Una, es hacerse de indocumentados para trasladarlos a México, por medio de agencias de viajes. Otra, es emplear autobuses y camionetas con apariencia de ser rentados para cualquier propósito.
En el primer caso, docenas de agencias de viajes mexicanas y en toda América Latina ofrecen el servicio de traslado que, como se mencionó anteriormente, puede ser en avión y en otros casos, por tierra.
La venta de paquetes para viajar por territorio mexicano requiere de aliados terrestres, por lo que la delincuencia organizada ha optado por subcontratar a ex operadores de autobuses foráneos que trabajan a destajo, arriesgando su libertad y hasta la vida o, contratar viajes completos a transportadoras.
Se apunta que hasta líneas de pasajeros se dejan contratar para llevar docenas de servicios atiborrados de centroamericanos, a los que “entregan” un punto de cualquier carretera y otra unidad los recoge para continuar su camino.
Por supuesto, para los que no pueden pagar siquiera esta clase de servicio, queda el transporte en camiones refrigerados, cajas de tráileres, en lugares insospechados al interior de tolvas de ferrocarril. En una palabra, en el infierno.
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La Patria, duele
Dos son las rutas más atendidas por los indocumentados en México.
Desde Chiapas hasta Altar en Sonora y, la que parte también desde Chiapas, pero apunta hacia tres ciudades de Tamaulipas: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
En el caso de la primera ruta, no sólo son un mil kilómetros más de recorrido que se pagan con sudor y una grave exposición a toda clase de riesgos, también se paga cruzando el desierto, en condiciones extraordinariamente graves.
La economía de Altar lo demuestra: apenas y está experimentando un crecimiento en términos de movimiento de migrantes, pero de éstos, la mayoría apenas y paga lo indispensable, reservando la mayor cantidad para cruzar el desierto con un supuesto guía que puede abandonarlos en cualquier momento.
Y por lo que se refiere a Tamaulipas, la ruta es más corta pero conforme se acerca a esa entidad aumenta el peligro de muerte, ya que se puede ser agredido por Zetas, CJNG o Cártel del Golfo, quienes están acostumbrados a extorsionar y luego matar a sus víctimas.
Probablemente no se entienda muy bien esto último. En la actualidad, los grupos delictivos encontraron que es más rentable secuestrar que llevar a Estados Unidos a un indocumentado. La diferencia es que en el secuestro piden 5 mil dólares de rescate a sus familiares en Estados Unidos y luego matan a la víctima, sin preocuparse por el traslado a Texas.
Por todo lo anterior, el convoy de 300 migrantes por la autopista Puebla-Orizaba no solo sea “histórico”, sino reflejo de algo peor, la delincuencia organizada está incrementando sus operaciones de tráfico de personas por la zona.
Y eso traerá una obligada estela violenta, además de su cuota de muertos, también centroamericanos.
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