La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación contra tres integrantes del Ejército Mexicano, quienes presuntamente participaron en una red de huachicol fiscal relacionada con el ingreso irregular de 144 millones 508 mil 856 litros de diésel, gasolina y nafta por la Aduana de Matamoros, en Tamaulipas.
De acuerdo con la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARVTAMP/0000715/2025, consultada por Reforma, los militares cuentan con órdenes de aprehensión y actualmente permanecen prófugos. Hasta el momento, no existe una sentencia condenatoria en su contra, por lo que las acusaciones deberán ser acreditadas ante un juez durante el proceso penal.
¿Quiénes son los militares buscados por la FGR?
La investigación señala a tres mandos militares que desempeñaron funciones estratégicas dentro de la Aduana de Matamoros, donde presuntamente se facilitó el ingreso irregular de hidrocarburos.
Los señalados son:
- Armando Barrera Trujillo, teniente coronel y exadministrador de la Aduana de Matamoros, acusado de delincuencia organizada.
- Blas Pedro Sarabia García, teniente coronel que asumió posteriormente la administración de la aduana. Se le atribuyen los delitos de delincuencia organizada y contrabando calificado.
- Jorge García García, teniente de Policía Militar y exsubdirector de Operación Aduanera, acusado por delincuencia organizada y contrabando calificado.
Las órdenes de captura fueron emitidas por el juez Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, como parte de una investigación que involucra a 13 personas, entre funcionarios aduanales, agentes aduanales y empresarios.
Así habría operado el presunto esquema de huachicol fiscal
Según la FGR, entre el 1 de junio y el 22 de julio de 2025 ingresaron al país 144 millones 508 mil 856 litros de hidrocarburos mediante documentación presuntamente alterada.
La investigación sostiene que los cargamentos de:
- Diésel
- Gasolina
- Nafta
fueron declarados ante la autoridad aduanera como solución de cloruro de calcio, con el propósito de evadir controles fiscales y aduaneros.
Las autoridades aclaran que dicha cifra corresponde al volumen de combustible presuntamente tramitado con documentación falsa y no al combustible asegurado físicamente durante un operativo.
Empresas bajo investigación por el ingreso de combustible
La carpeta de investigación identifica como responsable de realizar los trámites aduanales a la empresa:
- Servicios Aduanales JR S.A.S. de C.V., con sede en Reynosa, Tamaulipas.
Asimismo, aparecen como importadoras:
- Jumandi Group S.A.P.I. de C.V., ubicada en Aguascalientes.
- Ferroservicios S.A. de C.V., con domicilio en Pedro Escobedo, Querétaro.
La FGR presume que el esquema habría requerido la participación coordinada de empresarios, agentes aduanales y servidores públicos para permitir el ingreso de los combustibles.
La investigación apunta a una presunta red de corrupción
La Fiscalía sostiene que la organización operaba con apoyo de personal encargado de supervisar las operaciones en la Aduana de Matamoros.
El expediente señala que Armando Barrera Trujillo fue nombrado titular de la aduana por el entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, André Georges Foullon Van Lissum, y previamente desempeñó funciones dentro del área de inteligencia militar.
Posteriormente, el cargo habría sido ocupado por Blas Pedro Sarabia García, mientras que Jorge García García mantenía responsabilidades directas sobre las operaciones aduaneras.
La FGR afirma que la organización "mantenía una red de corrupción que incluye a personal de las Fuerzas castrenses", afirmación que forma parte de la investigación y que aún deberá ser analizada por las autoridades judiciales.
Armando III Riestra, señalado como presunto líder
El expediente identifica como presunto líder de la organización a Armando III Riestra Fernández, representante legal de Servicios Aduanales JR.
De acuerdo con la investigación, Riestra Fernández permanece recluido desde enero de 2026 en el Penal Federal del Altiplano, acusado de utilizar su empresa para gestionar el ingreso irregular de hidrocarburos mediante declaraciones falsas sobre la mercancía transportada.
En total, la investigación comprende 13 órdenes de aprehensión, de las cuales siete personas ya enfrentan proceso penal, mientras que tres militares continúan prófugos.
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