La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación por un presunto fraude al ISSSTE relacionado con demandas laborales que derivaron en la emisión de laudos por más de 1,230 millones de pesos, los cuales beneficiarían a 880 exfuncionarios de la extinta Policía Federal y de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Las investigaciones señalan que los antiguos servidores públicos promovieron solicitudes de indemnización pese a que, presuntamente, ya no tenían derecho a ese beneficio y además contaban con recursos en su Afore, situación que habría contravenido la legislación vigente.
La FGR investiga seis laudos considerados presuntamente ilegales
De acuerdo con las denuncias presentadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), existen seis laudos considerados presuntamente irregulares que ordenaban al instituto cubrir indemnizaciones millonarias.
Entre los puntos que ahora forman parte de las investigaciones destacan:
- Laudos por más de 1,230 millones de pesos.
- Beneficio para 880 exfuncionarios.
- Demandas promovidas durante 2021.
- Un solo laudo ascendía a 950 millones de pesos para 678 exservidores públicos.
Las autoridades buscan determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales durante la integración y resolución de estos expedientes.
Exfuncionarios ya no tenían derecho a la indemnización
La investigación sostiene que la prestación denominada indemnización global, equivalente a 45 días del último sueldo básico, estaba contemplada únicamente para trabajadores que no reunían los requisitos para obtener una pensión por jubilación.
Sin embargo, dicha figura desapareció con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE, vigente desde abril de 2007, por lo que los exagentes promovieron sus demandas utilizando una legislación que ya no les resultaba aplicable.
Además, las autoridades sostienen que los demandantes ya contaban con una Afore, por lo que tampoco cumplían con las condiciones para recibir dicha prestación.
Detectan presuntas irregularidades en los juicios
Las querellas también exponen diversas anomalías en la integración de los expedientes.
Entre las principales observaciones se encuentran:
- Las demandas no especificaban con claridad la fecha de ingreso de los trabajadores.
- No se precisó el salario base para calcular la prestación.
- La autoridad laboral habría admitido las demandas sin solicitar la corrección de esos datos.
- La competencia territorial de la Junta Especial 42 también fue cuestionada.
Según las denuncias, estas omisiones permitieron que los procedimientos avanzaran hasta dictarse resoluciones favorables para los exfuncionarios.
Frenan los pagos y desaparecen la Junta Especial 42
Tras detectar las presuntas irregularidades, la JFCA detuvo la ejecución y el cobro de los laudos antes de que los recursos fueran entregados.
Posteriormente, el 17 de junio de 2024, la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42, ubicada en Torreón, Coahuila, instancia donde fueron tramitados los expedientes que ahora forman parte de la investigación.
La FGR continúa con las indagatorias para esclarecer si existió una red de servidores públicos y particulares involucrados en la autorización de los pagos millonarios y determinar las responsabilidades correspondientes.
*BC
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