El Senado de la República aprobó una reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar las llamadas pensiones doradas, es decir, los elevados ingresos que reciben algunos ex funcionarios y ex directivos de empresas del Estado.
La iniciativa fue avalada con 115 votos a favor y seis abstenciones y ahora fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación.
El objetivo central de la reforma es establecer límites a las pensiones financiadas con recursos públicos y evitar jubilaciones consideradas excesivas dentro del sector gubernamental.
Qué establece la reforma contra las pensiones doradas
La propuesta plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para fijar un límite a las pensiones de ex servidores públicos.
De aprobarse en definitiva, la reforma establecerá que ninguna pensión podrá superar la mitad del salario mensual del titular del Poder Ejecutivo federal.
Actualmente, ese monto equivale aproximadamente a 70 mil pesos mensuales.
Con esta medida se busca evitar que ex funcionarios reciban ingresos superiores a los del propio presidente de la República, algo que el gobierno considera incompatible con el principio de austeridad.
Cuánto dinero podría ahorrar el gobierno
De acuerdo con estimaciones del gobierno federal, limitar las pensiones más altas permitiría generar ahorros cercanos a los 5 mil millones de pesos al año.
Este ajuste forma parte de la política de austeridad impulsada por la administración federal para reducir gastos en el aparato público.
Además, la reforma busca ordenar el sistema de jubilaciones financiadas con recursos públicos en dependencias federales, empresas productivas del Estado y organismos descentralizados.
Excepciones en la reforma
El dictamen aprobado en el Senado también contempla algunas excepciones.
Entre los sectores que podrían quedar fuera del límite establecido se encuentran:
Integrantes de las Fuerzas Armadas
Algunos casos específicos que determine la ley
Ciertos regímenes especiales contemplados en el marco legal vigente
Estas excepciones fueron uno de los puntos que generaron debate durante la discusión legislativa.
El debate en el Senado
Durante la sesión en el pleno, legisladores de distintos partidos respaldaron la propuesta; sin embargo, algunos representantes de la oposición expresaron preocupaciones sobre su alcance.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que existen casos de jubilaciones financiadas con recursos públicos que alcanzan montos muy elevados.
Incluso mencionó que en algunos casos se han registrado pensiones superiores al millón de pesos mensuales, como ocurrió con trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, explicó que la reforma busca garantizar que ningún servidor público reciba ingresos mayores a los de la Presidencia, incluyendo jubilaciones de personal de confianza.
Críticas y dudas de la oposición
Aunque la iniciativa obtuvo respaldo mayoritario, algunos legisladores plantearon inquietudes sobre el alcance de la reforma.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, adelantó su voto a favor del dictamen, pero cuestionó que ciertos sectores, como el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, puedan quedar fuera del límite establecido.
Otro de los puntos discutidos fue el posible efecto retroactivo de la reforma, es decir, si afectará a pensiones que ya fueron otorgadas con anterioridad.
Cuántos ex funcionarios reciben pensiones superiores al salario presidencial
Datos oficiales señalan que entre 3 mil 404 y 5 mil 600 ex funcionarios y directivos de empresas estatales reciben actualmente pensiones superiores al salario del presidente.
En algunos casos, los montos de estas jubilaciones oscilan entre:
100 mil pesos mensuales
Más de un millón de pesos al mes
Entre las instituciones donde se concentran estas pensiones destacan:
El siguiente paso de la reforma
Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados, donde deberá ser discutida y votada.
Si el dictamen es avalado por los diputados y posteriormente por los congresos estatales, la reforma constitucional entrará en vigor y establecerá límites definitivos a las pensiones de ex servidores públicos.
Con esta medida, el gobierno federal busca evitar jubilaciones consideradas desproporcionadas y garantizar un sistema más equitativo de pensiones financiadas con recursos públicos.
*BC
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