Las declaraciones patrimoniales de Alejandro Gertz Manero y de al menos otros 12 altos funcionarios de la FGR permanecieron ocultas durante los seis años que encabezó la institución. Documentos consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia y Declaranet muestran que la información relativa a bienes e ingresos dejó de ser pública desde el momento en que ingresaron a la Fiscalía.
En algunos expedientes, la leyenda indica que “el servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales”. En otros casos, el propio Comité de Transparencia de la FGR determinó clasificar la información por razones de seguridad. Así, al consultar los documentos, los apartados sobre bienes e ingresos aparecen completamente testados.
Entre los funcionarios con datos reservados se encuentran Germán Adolfo Castillo Banuet, de Control Regional; Alfredo Higuera Bernal, de Delincuencia Organizada; Facundo Santillán Julián, de Delitos Electorales; María de la Luz Mijangos, de Anticorrupción; y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, de Derechos Humanos. La lista incluye áreas clave como trata de personas, violencia contra mujeres, investigaciones internas y la Agencia de Investigación Criminal.
El caso Ramos y las reservas más controvertidas
El caso del exfiscal Juan Ramos López también destaca. Su información patrimonial sólo aparece disponible hasta 2019, cuando aún estaba en la extinta PGR. Ramos era considerado el funcionario más cercano a Gertz Manero y estuvo involucrado en la polémica por el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, derivado de la muerte de Federico Gertz. En 2022 se filtraron audios donde Gertz presuntamente presionaba a ministros de la Corte para influir en el fallo. Ramos falleció en 2023 tras complicaciones médicas.
La sucesora de Ramos en la FECOC, Cristina Fernanda Reséndiz, también ocultó sus datos patrimoniales desde que asumió el cargo en 2023. Aunque la ley indica que ella debía quedar como titular interina tras la renuncia de Gertz, la FGR designó a Ernestina Godoy como nueva fiscal general.
El Comité de Transparencia clasificó las declaraciones patrimoniales de Gertz el 3 de mayo de 2024, reservándolas por cinco años. El acta señala que, según el Artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia, sólo pueden hacerse públicos con el consentimiento del funcionario. Al no otorgarlo, divulgar sus bienes sería una “violación a sus derechos humanos”.
Argumentos legales y cambios en la Fiscalía
La institución también argumentó que revelar los datos patrimoniales expondría la capacidad económica y los patrones de actividad de Gertz, lo que lo convertiría en un objetivo de grupos criminales y elevaría el riesgo de agresiones contra él y su familia.
Aunque la Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses con información veraz, el artículo 29 permite reservar datos que puedan vulnerar la privacidad. Esto abrió la puerta a versiones públicas limitadas, sin información clave sobre bienes o ingresos adicionales al salario.
Tras asumir la conducción de la FGR, Godoy realizó sus primeros movimientos y nombró a César Olivares Aparicio como titular de la FEMDO, en sustitución de Higuera Bernal. También designó a Héctor Elizalde Mora al frente de la AIC, relevando a Felipe de Jesús Gallo.
Con información de El Universal
*BC
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