El pleno del Senado de la República aprobó reformas en materia de amparo, que incluyen la retroactividad del nuevo marco legal, y las turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. La iniciativa presidencial busca garantizar mayor certeza jurídica y un acceso efectivo a la justicia, aunque ha generado críticas por su alcance y posibles impactos legales.
Modificaciones clave y retroactividad
La reforma, derivada de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, sufrió varias modificaciones antes de su aprobación:
Se aplicará retroactivamente a todos los juicios de amparo en trámite.
En la discusión en lo particular, se avaló la retroactividad con 70 votos a favor y 39 en contra, mediante un párrafo que indica: “Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este decreto”.
El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explicó que la retroactividad busca evitar que el amparo sea usado para retrasar la justicia, aunque la medida provocó protestas en el pleno con gritos de “ladrón, ladrón, ladrón”.
Objetivos de la reforma
La reforma contempla modificaciones a la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con los siguientes objetivos:
Garantizar mayor certeza jurídica y homologar plazos en los juicios de amparo.
Facilitar el acceso a la justicia para las personas y colectivos.
Precisar el concepto de interés legítimo, que podrá ser individual o colectivo, sin necesidad de que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”.
Definir con mayor claridad los medios de garantía en materia fiscal, especialmente para la suspensión de actos de cobro de créditos fiscales firmes.
Críticas y controversias
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, señaló que la retroactividad podría violar el artículo 14 constitucional, que prohíbe dar efecto retroactivo a las leyes en perjuicio de las personas.
Viggiano alertó que ejidos, municipios y pequeños productores con amparos en trámite podrían quedar desprotegidos frente a deudas fiscales o proyectos de despojo.
Advirtió que la reforma podría restringir la protección de los ciudadanos frente a abusos de autoridad y favorecer a intereses de grandes corporaciones o autoridades.
Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió la medida, asegurando que busca evitar abusos del amparo y garantizar que los procesos judiciales no se prolonguen innecesariamente.
Con información de El Universal
*BC
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