El crimen organizado mantiene el control de precios de productos y servicios en al menos 10 estados de México, generando un impacto directo en la economía familiar y en las cadenas de distribución.
La extorsión y la imposición de precios alcanzan desde artículos de la canasta básica hasta materiales de construcción, combustibles, alimentos procesados, refrescos, cerveza y útiles escolares. Comerciantes, locatarios, transportistas y productores describen un mismo esquema: los cárteles acaparan mercancías, fijan precios y obligan a comprar en bodegas bajo su control.
Michoacán: epicentro del control criminal
En regiones de Tierra Caliente, pobladores señalaron a Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como responsables de acaparar refrescos, cerveza, abarrotes y carne.
“Si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25; la carne cuesta 200 y la dan en 230 o 240, porque los cárteles tienen presencia”, narró un habitante.
Los tenderos están obligados a comprar en puntos señalados y a pagar cobro de piso; la negativa implica amenazas de muerte.
Guerrero y Tamaulipas: redes paralelas de comercio
En Guerrero, grupos como Los Granados y Los Ardillos dominan precios y distribución en la Costa Grande y la zona centro. En Tamaulipas, pobladores aseguran que solo pueden comprar a proveedores autorizados por el crimen, especialmente en carne, huevo y bebidas alcohólicas.
Veracruz, Durango y la Comarca Lagunera
En Veracruz, carniceros reconocen que deben elevar precios para cubrir las cuotas semanales o mensuales. En Durango y Coahuila, productores agrícolas y ganaderos denunciaron ante El Universal un “ambiente de constante amenaza y miedo” por la ola de extorsiones.
Oaxaca y el despojo a productores
En Oaxaca, las organizaciones criminales obligan a empresarios y productores a vender, por ejemplo, cajas de mango hasta cinco veces por debajo del precio de mercado. El coyotaje tradicional fue desplazado por la imposición directa del crimen, lo que encarece víveres, transporte y servicios.
Guanajuato, Morelos y Tabasco: negocios bajo presión
En Guanajuato, la extorsión afecta especialmente a las tortillerías. En Morelos, más de la mitad de los comerciantes pagan derecho de piso, mientras el transporte público enfrenta amenazas. Concesionarios de la Ruta 11 en Cuernavaca analizan suspender el servicio tras recibir ultimátums.
En Tabasco, los pagos alcanzan tanto a transportistas como a dueños de pequeños negocios.
Estado de México: control del mercado negro
En el Estado de México, el crimen organizado controla la distribución de mercancía robada, imponiendo precios y rutas de comercialización.
Hasta internet bajo el control criminal
El fenómeno ya no se limita a los víveres: servicios de internet, agua embotellada, materiales de construcción y papelería también están sujetos a los precios fijados por organizaciones criminales.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, explicó que la extorsión es un delito que se dejó crecer y hoy se encuentra consolidado:
“Impacta a negocios, productores y consumidores”, advirtió.
El pago de cuotas encarece la vida en México y empuja a muchos pequeños empresarios al cierre definitivo, fortaleciendo la red económica del crimen organizado.
Con información de Infobae
*BC
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