Los asesinatos de activistas ambientales en México representan una crisis de derechos humanos que se ha intensificado en la última década. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Global Witness han documentado un incremento preocupante de casos, especialmente en 2024, cuando el país registró un aumento del 25 % en las agresiones letales contra defensores del medio ambiente y del territorio.
En este artículo analizamos las cifras recientes, las causas principales, el papel del Estado, los casos emblemáticos —incluido el de Homero Gómez González— y los retos para proteger a quienes defienden los recursos naturales y las comunidades.
Panorama actual de los asesinatos de activistas ambientales
De acuerdo con el Informe 2024 del CEMDA, México registró 25 defensores ambientales asesinados el año pasado, frente a los 20 casos documentados en 2023. Esto supone un incremento del 25 % y consolida al país como uno de los más peligrosos para ejercer la defensa ambiental en el mundo.
Los datos globales de Global Witness colocan a México en el tercer lugar mundial en homicidios de activistas, solo detrás de Colombia y Brasil. Estos tres países concentran más del 70 % de los asesinatos de defensores en América Latina.
Distribución geográfica de los casos en México
Chiapas, Oaxaca y Guerrero suelen encabezar la lista por conflictos mineros, hidroeléctricos y de tala ilegal.
Chihuahua y Michoacán concentran violencia relacionada con tala clandestina y crimen organizado.
Sonora y Baja California registran casos ligados a la defensa del agua y territorios indígenas frente a megaproyectos.
Causas principales de los asesinatos
Los homicidios de activistas ambientales no son hechos aislados, sino resultado de una confluencia de intereses económicos, políticos y criminales. Entre los motivos más frecuentes se encuentran:
1. Oposición a proyectos extractivos o de infraestructura
Quienes se oponen a minería, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos y megaproyectos turísticos se convierten en blancos directos de amenazas y ataques.
Ejemplo: Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos, fue asesinado en 2019 tras recibir amenazas.
2. Defensa de tierras indígenas y comunales
Los activistas que defienden territorios de pueblos originarios enfrentan intereses de empresas privadas, ganaderos o talamontes ilegales. En muchas ocasiones, estas actividades cuentan con permisos gubernamentales sin consulta previa.
3. Delitos ambientales vinculados al crimen organizado
El crimen organizado participa en tala ilegal, minería clandestina, tráfico de especies y acaparamiento de agua. Los defensores que denuncian estas prácticas corren un alto riesgo.
4. Impunidad y corrupción
Más del 95 % de los asesinatos de defensores en México quedan impunes, lo que incentiva nuevos ataques.
5. Criminalización y estigmatización
Con frecuencia, las autoridades o empresas tachan a los activistas de “enemigos del progreso” o incluso los acusan falsamente de vínculos con grupos armados. Esta narrativa facilita su aislamiento y vulnerabilidad.
El papel del Estado en las agresiones
Uno de los hallazgos más graves del informe de CEMDA 2024 es que el Estado fue señalado como responsable en el 65.9 % de las agresiones letales contra defensores ambientales.
Qué significa “el Estado” en este contexto
Se refiere a actores e instituciones públicas en los tres niveles de gobierno:
Federal: Ejército, Marina, Guardia Nacional, PROFEPA, CONAGUA, CFE.
Estatal: policías estatales, autoridades ambientales locales.
Municipal: policías municipales, alcaldías que facilitan desalojos.
Formas de participación estatal
Acción directa: represión violenta de protestas o desalojos.
Omisión: no brindar protección a defensores con amenazas previas.
Colusión: complicidad con empresas privadas o crimen organizado.
Criminalización: uso del aparato judicial para intimidar o debilitar a los defensores.
Casos emblemáticos en México
Samir Flores Soberanes (Morelos)
Fundador de la radio comunitaria Amiltzinko y opositor al Proyecto Integral Morelos. Fue asesinado a tiros en 2019 tras una serie de amenazas.
Julián Carrillo Martínez (Chihuahua)
Defensor rarámuri que denunciaba la tala ilegal en Coloradas de la Virgen. Fue asesinado en 2018 pese a contar con medidas de protección.
Mariano Abarca (Chiapas)
Activista contra una minera canadiense en Chicomuselo. Su asesinato en 2009 sigue impune y es un caso emblemático ante la CIDH.
Homero Gómez González (Michoacán)
Conocido como el “Defensor de la Mariposa Monarca”, era administrador del santuario El Rosario y activista contra la tala ilegal en la reserva de la biosfera. Desapareció el 13 de enero de 2020 y su cuerpo fue hallado el 29 de enero en un estanque. Su muerte provocó indignación nacional e internacional, y puso en evidencia la inseguridad que enfrentan quienes protegen ecosistemas clave.
Línea del tiempo visual con los casos emblemáticos 2009-2024 dentro del mapa de México:
México en el contexto internacional
En América Latina, Colombia, Brasil y México son los países más peligrosos para los defensores ambientales. Factores comunes:
Alta riqueza en recursos naturales.
Fuerte presencia de economías ilegales.
Débil estado de derecho e impunidad.
Conflictos históricos por la tierra.
Consecuencias sociales y ambientales
El asesinato de un activista no solo es una pérdida humana, también impacta:
A las comunidades: pierden a un líder y a un portavoz.
A la biodiversidad: se debilitan las resistencias contra proyectos destructivos.
A la democracia: se inhibe la participación ciudadana y el derecho a la protesta.
Retos para la protección de defensores
Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Mayor presupuesto, personal capacitado y coordinación con autoridades locales.
Garantizar investigaciones imparciales
Evitar que los casos se archiven sin resultados y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Promover la consulta previa, libre e informada
Cumplir con el Convenio 169 de la OIT para proyectos en territorios indígenas.
Combatir la criminalización
Eliminar el uso de demandas y cargos falsos como herramienta de hostigamiento.
Visibilizar el problema
Mayor cobertura mediática y campañas de concientización.
Conclusión
Los asesinatos de activistas ambientales en México son un problema estructural que combina intereses económicos poderosos, violencia criminal, corrupción e impunidad estatal. Mientras el país no garantice un entorno seguro para la defensa del medio ambiente, seguirá ocupando un lugar alarmante en las estadísticas internacionales.
Proteger a estos defensores no solo es un imperativo de derechos humanos, sino también una condición indispensable para la sostenibilidad ambiental y la democracia.
*IC
126
Me Gusta
Comentar
Compartir
