En el marco del sexto aniversario de la Guardia Nacional (GN), el Senado aprobó una reforma que consolida su integración a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 75 votos a favor y 34 en contra, la mayoría de Morena y aliados avaló el dictamen tanto en lo general como en lo particular, pese al rechazo de la oposición.
La nueva legislación reconoce a la GN como una Fuerza de Seguridad Pública Profesional de carácter permanente, con funciones de investigación e inteligencia. La reforma armoniza diversas leyes para garantizar que la Guardia opere dentro de un marco jurídico compatible con el Ejército y la Fuerza Aérea.
Además, se establece que podrá colaborar con fiscalías y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que refuerza su rol en tareas civiles y técnicas.
Se autoriza participación electoral de militares en GN
Uno de los puntos más polémicos es la creación de una “licencia especial” para que elementos militares con formación policial que integran la Guardia Nacional puedan ocupar cargos de elección popular, si son designados por el Ejecutivo Federal o la Sedena.
Reforma abarca leyes militares y civiles
La reforma busca armonizar las siguientes leyes:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Ley de Educación Militar
Ley de Ascensos y Recompensas
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Código de Justicia Militar y su procedimiento penal
La reforma fue enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su entrada en vigor inmediata.
Durante el debate, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma profundiza la militarización y “no contribuye a la paz”. Llamó a fortalecer a las policías locales, mejorar el papel de las fiscalías y eliminar la prisión preventiva oficiosa.
Críticas del PRI: riesgos para derechos civiles
El senador del PRI, Néstor Camarillo, calificó como "grave" que integrantes de las Fuerzas Armadas puedan competir en elecciones sin desvincularse formalmente. Señaló que esto vulnera el principio de neutralidad militar y pone en riesgo los derechos civiles de la ciudadanía.
“El gobierno no está fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, las está utilizando políticamente”, remató Camarillo, al insistir en la necesidad de mecanismos de control y rendición de cuentas efectivos.
Con información de Proceso
*BC
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