Washington, D.C.— Un hacker vinculado al Cártel de Sinaloa logró acceder en 2018 a registros telefónicos de un funcionario del FBI y utilizó el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México para rastrear e identificar a informantes confidenciales, algunos de los cuales fueron posteriormente asesinados, según reveló un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado este jueves.
El caso fue expuesto en una auditoría del Inspector General del Departamento de Justicia, centrada en evaluar los esfuerzos del FBI para mitigar el impacto de lo que llaman “vigilancia técnica ubicua”, una amenaza creciente que incluye la expansión de sistemas de cámaras y la recolección masiva de datos de comunicaciones y ubicación.
Acceso a llamadas y geolocalización
El informe detalla que el hacker trabajaba para una célula del cártel liderada por Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y actualmente cumple cadena perpetua. El pirata informático logró identificar a un agregado legal asistente del FBI adscrito a la embajada estadounidense en Ciudad de México y, utilizando su número telefónico, accedió a información sensible:
Llamadas entrantes y salientes.
Datos de geolocalización del teléfono.
Información sobre los contactos del agente.
Posteriormente, el hacker utilizó el sistema de videovigilancia urbano de la capital mexicana para seguir los movimientos del funcionario estadounidense e identificar a las personas con las que se reunía.
“El cártel utilizó esa información para intimidar y, en algunos casos, asesinar a posibles fuentes o testigos colaboradores”, revela el documento oficial.
El uso del espionaje urbano como arma del narco
Este caso revela una preocupante vulnerabilidad en el sistema de seguridad que protege a los informantes y personal diplomático en países con alta actividad del crimen organizado. El informe destaca cómo el acceso a tecnologías disponibles en el ámbito comercial y gubernamental —como cámaras de seguridad públicas y datos de telecomunicaciones— puede ser explotado por actores criminales para fines letales.
La auditoría no identifica al hacker, ni al funcionario afectado, ni a las víctimas de los presuntos homicidios. No obstante, marca un precedente alarmante sobre los riesgos de operar en entornos con “vigilancia técnica ubicua”, especialmente para agencias que dependen de fuentes humanas confidenciales.
Silencio institucional tras la revelación
Ni el FBI, ni el Departamento de Justicia, ni la Embajada de Estados Unidos en México han emitido comentarios públicos sobre los hallazgos. Las preguntas dirigidas al Departamento de Estado fueron remitidas sin respuesta oficial. Tampoco hubo pronunciamiento del equipo legal de “El Chapo” Guzmán.
Este episodio pone en tela de juicio la seguridad de los canales diplomáticos y operativos en países donde la corrupción, la violencia organizada y la tecnología pueden entrelazarse en perjuicio de las labores de inteligencia y justicia.
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