Ciudad de México. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, informó que el gobierno de México ha acordado aumentar sus envíos de agua hacia Texas con el fin de compensar un posible déficit en el marco del Tratado de Aguas de 1944, que regula la distribución de recursos hídricos entre ambos países.
La medida fue confirmada por las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México, quienes detallaron que el acuerdo establece transferencias inmediatas de agua del Río Bravo (Río Grande), además de prever acciones adicionales durante la próxima temporada de lluvias.
Este compromiso se da en el contexto del actual ciclo quinquenal del tratado, que inició el 25 de octubre de 2020 y concluye el 24 de octubre de 2025.
Garantizar el consumo humano es prioridad para México
En un comunicado conjunto, las autoridades mexicanas subrayaron que todas las acciones acordadas “tienen como premisa fundamental el asegurar el abastecimiento para consumo humano de las poblaciones mexicanas que dependen del Río Bravo”.
Las decisiones se tomaron tras reuniones técnicas entre representantes de ambos gobiernos y están siendo formalizadas a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Además, se estableció que la sección mexicana de CILA, en coordinación con la Conagua, dará seguimiento a la evolución de las condiciones de la cuenca y a la implementación de las medidas acordadas.
Como parte del compromiso a largo plazo, México y Estados Unidos también trabajan en la elaboración de un plan para el próximo ciclo del tratado, que incluirá un mecanismo de consultas anuales de alto nivel para asegurar el cumplimiento de futuras obligaciones.
El Tratado de 1944, pilar de cooperación bilateral
Ambos países reafirmaron que el Tratado de Aguas de 1944 sigue ofreciendo beneficios mutuos y no se contempla su renegociación. El acuerdo ha sido clave para el desarrollo sostenible en la frontera norte y la cooperación en materia de recursos hídricos.
Este entendimiento refuerza la voluntad de ambos gobiernos para cumplir con sus compromisos internacionales y garantizar el uso responsable y equitativo del agua, especialmente en un contexto de cambio climático y estrés hídrico regional.
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