En la madrugada del 24 de abril, en el Fraccionamiento Las Villas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, fueron asesinados la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales. El hecho fue confirmado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, del cual formaba parte la víctima.
Crimen en Tlajomulco: madre e hijo víctimas de la violencia
La agresión se habría perpetrado la noche anterior, según medios locales. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) no ha emitido un reporte oficial sobre el doble homicidio, ni hay información sobre personas detenidas.
María del Carmen inició su labor como buscadora tras la desaparición de su hijo Ernesto Julián Ramírez Morales, ocurrida el 24 de febrero de 2024. Su incansable lucha por encontrarlo terminó trágicamente, dejando a dos hijas menores, una de 19 y otra de 10 años.
El colectivo exigió una investigación transparente, justicia para María del Carmen y medidas urgentes para frenar los ataques contra personas buscadoras. También hizo un llamado a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, para que ejerza presión sobre el gobierno estatal y garantice la seguridad de quienes buscan a sus desaparecidos.
Madres buscadoras asesinadas en México: una lista que crece
El asesinato de María del Carmen Morales se suma a una larga lista de personas buscadoras asesinadas en México, una problemática que refleja el nivel de impunidad y violencia en el país. De acuerdo con el portal A dónde van los desaparecidos, entre 2010 y abril de 2025, al menos 27 buscadores han sido asesinados mientras ejercían su labor humanitaria.
Casos emblemáticos como el de Marisela Escobedo en 2010 y el de Miriam Rodríguez en 2017 muestran que, lejos de ser excepcionales, estos crímenes han sido constantes a lo largo de los años. En cada caso, las víctimas buscaban a un hijo, hija, hermano o pareja desaparecida, y muchos fueron ejecutados pese a haber denunciado amenazas o solicitado protección.
La situación pone en evidencia la falta de políticas efectivas de seguridad, así como el abandono institucional hacia quienes asumen la labor que debería corresponder al Estado: buscar a los desaparecidos. La impunidad persiste en la mayoría de estos asesinatos, lo que fomenta el miedo y la autocensura entre colectivos y familias buscadoras.
En un país con más de 100 mil personas desaparecidas, la exigencia de justicia por parte de la sociedad civil se vuelve urgente. Las autoridades deben responder no solo con discursos, sino con acciones concretas para frenar esta cadena de violencia y garantizar el derecho a la verdad y la justicia.
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