Maestros “patito” en universidades de la 4T
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló 66.9 millones de pesos de presuntos daños al erario en la operación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, siendo más de 17 mdp por la contratación de profesores patito, que no contaban con título y cédula profesional.
De acuerdo con la tercera entrega de la Cuenta Pública 2022, la coordinación de esas universidades “no cumplió con las disposiciones legales y normativas” en la aplicación de recursos.
Una de las mayores observaciones fue por 17.3 millones de pesos de presuntos daños al erario por la contratación de docentes y administrativos para las Universidades del Bienestar que no cumplían con el requisito de contar con título universitario y cédula profesional.
La Auditoría catalogó esos recursos como pagos improcedentes, porque 26 docentes y 75 administrativos no cumplieron con el requisito de contar con título y cédula profesional para trabajar en esa universidad, creada durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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El órgano fiscalizador resaltó que la Coordinación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García incumplió con sus propias reglamentaciones internas, debido a que se saltó “los requisitos señalados en las convocatorias y en los Convenios de Prestación de Servicios de contar con Título y Cédula Profesional para poder fungir como docente o administrativo”.
Entre las justificaciones, dicho organismo educativo señaló que contrató a docentes de artes sin estudios universitarios, pero evaluó su trayectoria y experiencia, lo cual no fue aceptado por la ASF, porque “no se presentó documentación que justifique la elegibilidad y el procedimiento para ser acreedor al apoyo bajo la figura de ser docente relacionado con las Artes”.
En otros tres casos, se argumentó que tenían el cargo de asistente académico, por lo que no era necesario que contaran con cédula y título, lo cual igual fue rechazado por la Auditoría debido a que se trató de un puesto adicional, sin que se haya presentado documentación justificativa.
La Auditoría Superior de la Federación detectó otros 5.2 millones de pesos de presuntos daños a la Hacienda Pública por anomalías en el ejercicio del gasto de recursos entregados a integrantes de las comisiones de administración de dichas universidades.
El principal caso fue el de un integrante de la Comisión de Administración en la sede educativa de Azcapotzalco, quien se dijo víctima de fraude bancario por 3.2 millones de pesos, debido a que mediante una llamada telefónica lograron entrar a la aplicación electrónica de una cuenta en Banorte, en la que tenía los recursos de la Universidad.
Los auditores de la ASF entrevistaron al integrante de la Comisión de Administración, que, de acuerdo con las reglas de esa institución educativa, es un padre de familia de uno de los estudiantes.
La persona señaló que nunca se les instruyó sobre el manejo de los recursos ni se le exigió la entrega de informes o facturas y que solo tenía comunicación por WhatsApp.
Abundó que en diciembre de 2022 tuvo una llamada con su asesora de la plataforma de inversión FX Mundo, debido a que quería retirar ganancias por 10 mil pesos, pero no lo pudo hacer a través de sus cuentas bancarias, por lo que utilizó una de Banorte, que era donde se manejaban los recursos para la Universidad del Bienestar, sede Azcapotzalco.
Sin embargo, a través de la aplicación Anydesk supuestamente lo asesoraron y le dijeron que sus ganancias habían sido transferidas a esa cuenta, pero en realidad se realizaron 18 transferencias en las que se retiraron 3.2 millones de pesos del presupuesto de la institución educativa.
El padre de familia indicó que el 16 de diciembre de 2022 acudió con las autoridades del plantel y explicó la situación, pero no le mencionaron nada sobre la interposición de una denuncia, solo le hicieron firmar documentos, entre ellos un pagaré por 3.2 millones de pesos y la entrega de las escrituras de su casa.
En enero de 2023, relata, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra los funcionarios de la Universidad del Bienestar por robo de sus escrituras y amenazas para firmar el pagaré, así como por fraude bancario.
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La Auditoría no contiene más datos, solo que se consideró como daño al erario los 3.2 millones de pesos.
Entre los hallazgos, la ASF descubrió que las Universidades del Bienestar tienen deficiencias administrativas, como que no cuentan con controles para el ingreso y salida de los materiales y recursos públicos entregados a las sedes educativas.
También se detectaron fallas en la “verificación y validación de los documentos presentados por los aspirantes a fungir como personal docente y administrativo y falta de evidencia de la comunicación y supervisión con relación a las erogaciones del capítulo de Servicios Generales”.
La Coordinación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García aglutina actualmente a 203 sedes de educación superior en la mayoría de entidades del país.
Las primeras universidades arrancaron operaciones en julio de 2019, como la de Cuerámaro, en Guanajuato; la de Tlaltizapán de Zapata, en Morelos.
La oferta educativa es de 36 carreras, entre las que destacan ingenierías en Procesos Agroalimentarios, Acuacultura y Piscicultura, Agroforestal, en Minas y Restauración Ambiental, Gestión del Agua, así como licenciaturas en Derecho, Contabilidad, Medicina Integral y Salud Comunitaria, Formación Docente, entre otras.
Raquel de Luz Sosa es la actual directora y su sede administrativa se encuentra en Pátzcuaro, Michoacán, sin que haya datos de cuántos alumnos ya egresaron y sí ya cuentan con título y cédula.
Con información de 24-horas.mx
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