Puebla, Pue. La activista Saskia Niño de Rivera difundió este jueves 12 de noviembre un video de la denominada Zona W del penal de San Miguel, en Puebla, donde denunció presuntas condiciones de hacinamiento, aislamiento y castigos contra personas privadas de la libertad que se niegan a pagar cuotas de extorsión.
El área, ubicada en una zona subterránea del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, cuenta con 16 celdas que, según la fundadora de la organización Reinserta, son utilizadas para mantener aislados a internos que incumplen las exigencias económicas de otros reclusos.
En las imágenes difundidas a través de la red social X se observan espacios reducidos, puertas y estructuras deterioradas, así como condiciones de escasa iluminación.
Niño de Rivera aseguró que las personas enviadas a este lugar permanecen sin acceso a la luz natural y cuestionó las condiciones en las que viven dentro del centro penitenciario.
La denuncia se produce después de las protestas realizadas por familiares de internos, quienes el martes 10 de noviembre bloquearon distintas vialidades de Puebla para exigir el cese de presuntas extorsiones y agresiones.
¿Qué es la Zona W del penal de San Miguel?
La Zona W, también identificada como Dormitorio W, es un espacio de aislamiento dentro del penal de San Miguel que está conformado por 16 celdas subterráneas.
De acuerdo con información difundida sobre las instalaciones, originalmente fue diseñada como un área especial de vigilancia para internos que requerían condiciones particulares de supervisión.
Sin embargo, Saskia Niño de Rivera sostuvo que actualmente sería utilizada como un sitio de castigo contra personas privadas de la libertad que no entregan las cuotas económicas exigidas por otros reclusos.
En el video compartido por la activista se aprecian pequeñas celdas con señales de deterioro, estructuras dañadas y zonas con poca iluminación.
La grabación muestra el estado físico de parte de las instalaciones, mientras que los señalamientos sobre su utilización para castigar a internos corresponden a las denuncias de Niño de Rivera.
Denuncian extorsiones de hasta 100 mil pesos contra familiares
Además de exhibir las condiciones de la Zona W, la activista denunció la existencia de una presunta red de extorsión dentro del Cereso de San Miguel.
Según sus declaraciones, un grupo de internos conocido como Los Talacheros se encargaría de exigir pagos a otras personas privadas de la libertad y a sus familiares.
Niño de Rivera señaló que las cantidades reclamadas pueden ir de 30 mil a 100 mil pesos, presuntamente para evitar que los internos sean golpeados o enviados a espacios de aislamiento.
También aseguró que quienes se niegan a entregar el dinero son víctimas de agresiones físicas.
La fundadora de Reinserta sostuvo que estas prácticas están relacionadas con un problema de presunto autogobierno dentro del centro penitenciario.
Incluso atribuyó a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación el supuesto control de determinadas actividades dentro del penal.
Estas acusaciones forman parte de los señalamientos de la activista y requieren investigación de las autoridades competentes para determinar responsabilidades.
Autoridades penitenciarias niegan autogobierno en San Miguel
Frente a las denuncias, David Rivera Jiménez, subsecretario de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, aseguró que las autoridades mantienen el control administrativo del penal.
El funcionario sostuvo que se realizan revisiones periódicas y operativos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Al ser cuestionado sobre el grupo identificado como Los Talacheros, afirmó que la administración del reclusorio está bajo responsabilidad de la dirección y su estructura institucional.
La postura del funcionario contrasta con las declaraciones de Saskia Niño de Rivera, quien insistió en que el presunto control ejercido por internos constituye uno de los principales problemas del centro penitenciario.
Las autoridades no han presentado, en la información consultada, un resultado público específico de inspección que esclarezca el uso actual de las 16 celdas de la Zona W.
Familiares bloquearon vialidades para denunciar abusos
La difusión de las imágenes ocurrió dos días después de las movilizaciones protagonizadas por familiares de personas privadas de la libertad.
El martes 10 de noviembre, manifestantes bloquearon diversos puntos de Puebla y su zona metropolitana para denunciar presuntas extorsiones, amenazas y agresiones dentro del penal de San Miguel.
Entre las vialidades afectadas estuvieron la autopista México-Puebla, a la altura de San Miguel Xoxtla; el Periférico Ecológico, la Vía Atlixcáyotl y el bulevar Héroes del 5 de Mayo.
Los inconformes exigieron la intervención de las autoridades estatales y la destitución del director del centro penitenciario, Jorge Ortiz Delgadillo.
También solicitaron garantías para la integridad de sus familiares recluidos, ante los señalamientos sobre cobros ilegales y agresiones dentro del inmueble.
Armenta anuncia revisión y posibles traslados de internos
Tras las protestas, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó que se revisaría la situación del penal de San Miguel y que se analizaba el traslado de internos señalados por su presunta participación en actividades ilícitas.
Entre las medidas mencionadas se encuentra la posible reubicación de dos personas privadas de la libertad al Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano, por considerarlas de alta peligrosidad.
El mandatario señaló que se mantienen trabajos de revisión y coordinación con autoridades de seguridad para atender las denuncias.
También sostuvo que las posibles reubicaciones deberán realizarse conforme a los procedimientos legales correspondientes.
Por otra parte, Armenta afirmó que había identificado a personas presuntamente involucradas en la organización de los bloqueos y señaló que algunos manifestantes habrían recibido dinero para participar.
Estas declaraciones del gobernador no modifican el carácter de las denuncias sobre las condiciones penitenciarias, cuya investigación corresponde a las instancias competentes.
Sheinbaum ofrece apoyo federal para revisar el penal
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también se pronunció sobre la situación del Cereso de San Miguel.
Explicó que el centro penitenciario se encuentra bajo administración del Gobierno del Estado de Puebla, aunque el Gabinete de Seguridad federal mantiene comunicación con las autoridades estatales.
Sheinbaum indicó que existe disposición para proporcionar apoyo federal en caso de que el gobierno poblano lo solicite.
Mientras tanto, la difusión del video de la Zona W se suma a las denuncias de familiares de internos y a los señalamientos de la activista sobre el funcionamiento del centro penitenciario.
Las imágenes permiten observar las condiciones materiales de parte del área de aislamiento, pero corresponde a las investigaciones oficiales determinar si el lugar está siendo utilizado para imponer castigos relacionados con presuntas extorsiones, así como establecer posibles responsabilidades.
*BC
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